En el Instituto de Geografía de la UNAM están activamente abiertas tres convocatorias de concursos, dirigidas a estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado de todas las universidades del país.
Primer concurso:
«El territorio visto a través del ojo geográfico: la movilidad cotidiana de las y los estudiantes»
Está dirigido a estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado de todas las instituciones públicas y privadas de México.
El objetivo de este quinto concurso, es que la comunidad estudiantil comparta su movilidad de la casa a la escuela y viceversa.
Recepción de materiales hasta el 7 de julio de 2023.
Dirigido a estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado de todas las instituciones públicas y privadas de México. El objetivo de este concurso, es que la comunidad estudiantil que las y los alumnos expongan sus conocimientos de Geografía de manera breve, sintética y divertida en la red social TikTok
Para estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado de todas las instituciones públicas y privadas de México.
El objetivo de este concurso, es fomentar la creatividad, la expresión y los conocimientos de las y los alumnos en el manejo de sistemas de información geográfica y el procesamiento de datos cualitativos y cuantitativos.
El registro de solicitudes inicia el 06 de marzo del 2023.
La entrega de la solicitud debe realizarse preferentemente conforme el apellido paterno en el orden siguiente:
A – E 17 y 18 de abril
F – O 19 y 20 de abril
P – T 21 y 24 de abril
U – Z 25 y 26 de abril
Si vives en la Ciudad de México o área metropolitana, la recepción de solicitudes será de 9:30 a 13:30 horas.
Si vives en el interior de la República Mexicana o en el extranjero, puedes enviar tu expediente por mensajería a más tardar el día establecido para la recepción conforme a tu apellido paterno, preferentemente
Domicilio: Gante No. 21, Primer Piso, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.
Todas las solicitudes están sujetas a evaluación de acuerdo a los criterios y los resultados los podrás consultar ingresando con tu usuario y contraseña el día 16 de junio del 2023.
Cómo conformar tu expediente
Recuerda que para conformar tu expediente debes tomar en cuenta lo siguiente:
Todos los documentos deben ser perforados e integrados con un solo broche metálico de 8 cm en el centro de lado izquierdo, en un folder color rojo tamaño carta.
Los separadores deben distinguirse con pestañas y pueden ser de cualquier color.
No se admiten carpetas con argollas, documentos en bolsas protectoras o documentos que no estén sujetados con broche al folder rojo.
Consideraciones importantes
Es indispensable tener una carta de aceptación incondicional para iniciar la solicitud de crédito educativo.
El Certificado de Libertad de Gravamen es un documento que requiere tiempo para poder obtenerlo, te sugerimos iniciar el trámite con anticipación.
Para más información consulta las bases de la convocatoria.
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
C O N V O C A A las y los interesados con título en Ciencias Políticas o áreas afines a las Ciencias Sociales y Humanidades, a participar en el proceso de admisión 2023 para el ingreso de la
Maestría en Ciencias Políticas Generación 2024 – 2025
Programa presencial orientado a la investigación con registro al Sistema Nacional de Posgrados (SNP 000845) de Conacyt.
Quienes participen deberán cumplir con las condiciones, requisitos, trámites y procedimientos descritos en la presente convocatoria, en el entendido de que, al registrarse al proceso de selección el o la aspirante acepta los términos y condiciones de esta convocatoria.
Cumplir en tiempo y forma el proceso de selección detallado.
Consultar los resultados del proceso de selección.
Además de:
Cumplir con el proceso de selección establecido por el Comité Académico del Programa, con base en los requisitos y criterios académicos de ingreso de los planes de estudios y normas operativas de la institución.
Realizar los trámites de inscripción, en caso de ser aceptada(o).
Restricciones
El incumplimiento de alguno de los requisitos, etapas, documentos o condiciones establecidas en la presente convocatoria, o bien cualquier irregularidad que la o el aspirante cometa durante el proceso de selección traerá como consecuencia la cancelación de su registro, por lo que no podrá continuar con dicho proceso.
Se entenderá que renuncian a su inscripción las personas aceptadas que no hayan completado los trámites correspondientes, en las fechas que para tal efecto se hayan establecido en el Reglamento de Estudios de Posgrado y en la presente convocatoria.
OBJETIVO DEL POSGRADO
El programa de la Maestría en Ciencias Políticas tiene como objetivo principal la preparación de profesionales de alto nivel académico con sólida formación teórica y metodológica en los ámbitos científico, político y social. Desarrollando las habilidades de análisis, reflexión e indagación que le permita entender el Sistema Político Mexicano, sin descuidar la dimensión comparada. Además de impulsar el espíritu crítico que, a su vez, coadyuve a la solución de los problemas políticos de la realidad mexicana.
Se convoca a personas de los sectores académico, artístico, gestoría cultural, gubernamental, privado y estudiantes de licenciatura y postgrado a presentar propuestas en modalidad de ponencias.
1. Lineamientos para el envío de resúmenes
El resumen de la ponencia se enviará en un documento formato Word; letra Arial, tamaño 12 puntos a renglón seguido, márgenes justificados y deberá contener mínimo 250 palabras y máximo 300, con tres palabras clave. El documento no debe exceder media hoja tamaño carta.
El título centrado, escrito en mayúsculas y minúsculas, en negritas y no mayor a veinte palabras con el nombre completo de quien o quienes lo proponen, sin abreviaturas, empezando por el nombre seguido de apellidos. Enseguida se anotará el nombre completo de la institución de adscripción (si es el caso), correo electrónico de contacto. La forma en que aparezca el nombre será utilizada a lo largo del proceso de organización y así serán emitidos los documentos probatorios. A continuación, se redactará el resumen.
Las propuestas que no se apeguen al formato establecido no serán consideradas para su evaluación. El Comité Académico del X Coloquio Latinoamericano para la Conservación del Patrimonio Industrial evaluará los resúmenes para la presentación de ponencia de forma oral y comunicará de su aceptación o rechazo. Se dará a conocer de manera oportuna el mecanismo de pago de inscripción para ponentes.
El número máximo de autores por ponencia es de dos.
Cada ponente contará con 20 minutos para exponer su trabajo apoyado con material Power Point o cualquier recurso visual. Al finalizar las exposiciones de la mesa se abrirá una ronda de preguntas y respuestas.
El Comité Organizador del Congreso otorgará una constancia de participación a los ponentes del Congreso, no a los asistentes.
Para el envío del resumen se deberá llenar el siguiente formulario
ANABEL MARTÍNEZ GUZMÁN. Tecnológico Nacional de México/TES de Coacalco. ARLET RODRÍGUEZ OROZCO. Centro de Investigación, Intervención e Integración Transdisciplinar en Ciencia y Arte CENIT.
CONVOCATORIA
Como producto emergente del Proyecto 315476 Fondo FORDECYT- PRONACES del CONACYT FOP06-2020-01 iniciamos la serie Exploraciones Transdisciplinares de la Colección CienciArte para desarrollar temáticas propositivas en la perspectiva transdisciplinar expuestas en textos académicos con alto rigor académico.
El segundo volumen estará dedicado a publicar experiencias que permitan conocer las transformaciones logradas por la introducción de dinámicas basadas en el diálogo arte ciencia en escenarios educativos institucionalizados y no formales.
INVITAMOS A ENVIAR SUS APORTACIONES PARA EL VOLUMEN EDUCACIÓN Y ARTE. RESONANCIAS TRANSDISCIPLINARES EN LA SOCIEDAD
El Comité de Ética en Investigación y Docencia de la ENES-Mérida y el Programa Universitario de Bioética de la UNAM invitan a la próxima sesión del ciclo «Charlas de Bioética»:
Charla: Importancia del código de ética para la comunidad de la UNAM
Imparte:
Dr. Jorge Enrique Linares Salgado (FFyL, UNAM) Es licenciado, maestro y doctor en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesor titular B de tiempo completo adscrito al Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel II. Sus líneas de investigación son ética de la ciencia y la tecnología, la bioética y la ética contemporánea. Ha recibido distinciones como el Premio Nacional de Filosofía, de la Asociación Filosófica de México; el Premio de la Academia Mexicana de Ciencias por mejor tesis doctoral en humanidades, así como la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de Investigación en Humanidades.
La interculturalidad, entendida como práctica política, supone el reconocimiento de la existencia de relaciones asimétricas entre culturas, que generan situaciones de exclusión y discriminación. A partir del cuestionamiento de estas asimetrías puede pensarse en cómo crear condiciones que permitan transformar las estructuras generadoras de inequidades sociales. En esa línea, la incorporación del enfoque intercultural en las políticas públicas es una tarea urgente para promover acciones en favor de la diversidad y la igualdad sustantiva entre culturas.
Con el propósito de poner de relieve la reflexión teórica-metodológica contemporánea, desde distintas disciplinas sociales, se exponen planteamientos y principales hallazgos de estudios empíricos y de base aplicada que dan cuenta de la problemática de Chagas como imbuida en procesos sociopolíticos y culturales en distintos contextos. Se reúnen una diversidad de propuestas de la producción sociológica, de comunicación, salud pública y la participación social que se distancian de su abordaje convencional desde las ciencias biomédicas.
Objetivos de la actividad:
Dar cuenta de la problemática del Chagas en articulación con las dimensiones culturales, sociales, económicas y ambientales desde distintas disciplinas de las ciencias sociales.
Constituir un espacio de reflexión hacia la construcción de puentes de diálogo interdisciplinario en la comprensión, de atención (por medio de nuevos modelos públicos de salud) y de comunicación.
Servir como espacio de encuentro de estudiosos e investigadores en el tema en Latinoamérica y en otros contextos.
Fecha y horario: 21 de abril de 2023, 11-14hrs, horario Ciudad de México.
El Seminario Permanente “Democracia, Desarrollo y Cambio Social en el México Contemporáneo” tiene los siguientes objetivos:
Promover la investigación en estudios sobre políticas públicas y de desarrollo de la actual administración desde una perspectiva interdisciplinaria.
Potenciar el intercambio y la colaboración entre científicos de distintas disciplinas interesados en temas de democracia y desarrollo en el México contemporáneo.
Difundir a través de eventuales publicaciones y/o videos las actividades e investigaciones resultantes del seminario.
Promover en la península de Yucatán los estudios políticos y sociales en desarrollo, democracia, instituciones y otros temas afines.
El seminario se realiza bajo la modalidad de seminario especializado pero abierto al público en general. El grueso de los participantes lo integran académicos de instituciones peninsulares (CEPHCIS, ENES-Mérida, UADY, CIESAS, CINVESTAV, Universidad Modelo, entre otros).
Formar investigadores en el campo de la gestión de la educación superior sean capaces de convertirse en líderes académicos competentes para gestionar e implementar políticas que promuevan procesos de cambio necesarios y pertinentes en las instituciones de educación superior.
El principal objetivo del seminario será generar un espacio de discusión de carácter interdisciplinario, teórico y aplicado entre los investigadores e investigadoras pertenecientes a los programas de Humanidades y Ciencias Sociales, en torno al tema de las visiones, imaginarios y representaciones culturales, desde perspectivas como los estudios culturales, poscoloniales y de género, entre otros. El Seminario estará dirigido a académicos en general, estudiantes y público en general.
El pasado 13 de diciembre de 2022, la Presidencia de la República presentó una iniciativa de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación al Poder Legislativo. Esta iniciativa de Ley reviste la necesaria renovación del marco jurídico nacional para construir una sociedad más libre, igualitaria, justa y próspera.
Por lo anterior, indicamos en particular algunos de los aspectos que incorpora esta iniciativa de Ley y que valoramos como positivos:
Reivindica el carácter humanista y dialógico de la política científica y tecnológica del país, la cual fortalece a las comunidades, al desarrollo de capacidades y a la soberanía nacional.
Fortalece al actual CONACYT y reconoce el papel fundamental de los Centros Públicos de Investigación (CPI), además de impulsar una agenda nacional democrática, pertinente y transversal, que promueve acciones concretas para que las comunidades humanísticas, académicas, científicas y tecnólogas construyan soluciones para enfrentar de forma real y decidida los problemas nacionales.
El atributo principal de la iniciativa, es crear el Sistema Nacional de Centros Públicos, cuyas bases generales se fundan en el pensamiento racional, reflexivo, dialógico, crítico y creativo para alcanzar una auténtica ciencia para México.
Al constituir el Sistema Nacional de Centros Públicos se tendrán como objetivos impulsar el avance del conocimiento universal; realizar investigación en ciencia básica y de frontera; fortalecer el desarrollo de tecnologías estratégicas, así como promover la aplicación novedosa de las ciencias y las tecnologías en el mejoramiento o generación de nuevos productos, servicios, procesos productivos o sistemas de gestión; todo ello, con apego pleno a los principios de pluralidad y equidad epistémicas, con lo que se reconoce la libertad de pensamiento de los CPI.
También la iniciativa garantiza una mejor articulación de los CPI, en el marco de un Sistema Nacional que favorece la operación transparente, al tiempo que asegura que exista una mayor participación de las comunidades a través de órganos de representación y consulta sustantiva, tales como una asamblea del personal de investigación humanística y científica, desarrollo tecnológico e innovación; un consejo consultivo y una comisión dictaminadora, además de los órganos de gobierno y administración y del comité externo de evaluación.
La iniciativa integra a la Ley de Ciencia y Tecnología y a la Ley Orgánica del CONACYT, al incluir en su contenido tanto la parte sustantiva de la política pública en la materia, como la parte operativa y orgánica del CONACYT y los CPI; armonizando el marco jurídico nacional en congruencia con la transformación de la vida pública por la que atraviesa México y fortaleciendo la soberanía nacional mediante la independencia científica y tecnológica.
En conjunto, la iniciativa promueve que el financiamiento para las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación se incrementen de manera progresiva; contempla mecanismos de aportación y colaboración por parte de la iniciativa privada. Además de ampliar las fuentes de recursos al convocar a los gobiernos estatales a participar en el financiamiento público.
Y prevé la asignación universal de becas a estudiantes de universidades públicas inscritos en programas académicos de investigación de todas las áreas del conocimiento.
Con estas acciones se identifica el fortalecimiento de la investigación científica, de los CPI y ofrece cambios de trascendencia administrativa para transformar la política científica en una más amplia, incluyente, integral y participativa para garantizar el derecho humano a la ciencia.
Por ello, el personal académico y administrativo de los Centros Públicos de Investigación sectorizados en CONACYT brindamos nuestro respaldo a esta importante iniciativa de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
A continuación, se anexan las listas de las personas firmantes: Ver documento>>
Farmworkers in California labor camps see unprecedented rise in evictions. As growers bring in more H-2A workers, affordable housing for local farmworkers has become sparse.
Evicted farmworkers demand their homes back at a meeting of the Tulare County Housing Authority.
Lidia Torres got scared when the new eligibility clerk at the labor camp knocked on her door. She would have to come to the office, Vanessa Carter told her, and reverify the immigration documents she’d provided when she first moved in six years earlier. So Torres showed them to her. «She said my documents were not valid,» Torres remembers. «No one had ever questioned them before. Then she gave me three days to get out.»
Carter threatened to give Torres’ papers to a lawyer, even to a judge. «I said they were same as most people here in the camp. But then Vanessa said she was checking theirs too, and they’d have to leave as well. I thought she’d call the migra. If I made a fuss she said I’d have to pay thousands of dollars.»
The Linnell Farm Labor Center, where Torres lived, consists of one hundred ninety-one single story cinderblock apartments near Visalia, in the southern San Joaquin Valley. They’re scattered around a dusty playing field and children’s playground filled with weeds, behind a locked gate and fence. Torres’ rent was $513 a month for two bedrooms. Fearing that her problems could escalate, she found another place to rent for $1800 a month, and left.
Carter did as she’d threatened, and questioned the immigration documents of other families in the camp. In a March 23 email Ray Macareno[DB1][DB1], a member of the Board of Commissioners of the Tulare County Housing Authority (TCHA), said that 17 families received 3-day eviction notices, which threaten $600 fees and court and attorney costs for non-compliance. The notice, which residents were told to sign, says «You admitted to HATC staff that you do not have permanent residency and further admitted that you had provided HATC with fraudulent citizenship documents.»
Lidia Torres and other evicted farmworkers listen to Hector Hernandez of the Unidad Popular Benito Juarez, outside a meeting of the Tulare County Housing Authority.
Two community organizations, the Central Valley Empowerment Alliance (CVEA) and the Unidad Popular Benito Juarez (UPBJ), say they’ve gathered documentation[DB2][DB2] from over fifty families evicted or threatened with eviction from the Linnell and three other Tulare County camps. In February they held two community hearings, and then went to a board meeting to demand that the families be reinstated.
In a letter[DB3][DB3] to the commissioners, the organizations charge that housing authority personnel verbally abused residents, threatened them with calling immigration agents, disqualified them from Section 8 rent subsidies, and entered their homes without permission. They demanded that the board fire Ken Kugler, TCHA’s executive director, and reassign Carter and her superior, area manager Leticia Esparza. «This is a basic violation of peoples’ right to housing,» CVEA co-director Mari Perez told the board.
Similar enforcement actions could affect thousands of other farmworker families, far beyond Tulare County. «People have been telling us about evictions like this in other parts of the valley,» said UPBJ executive director Hector Hernandez in an interview. «It’s not visible, but it feels like a wave.» Increasing the potential for an eviction wave is a law passed during the Trump administration. An amendment to Section 514 (f)(3)(A) of the Housing Act of 1949 makes it possible for growers to use the nationwide system of farm labor camps, not for farmworkers who have worked and lived in the U.S. for years, but as barracks housing for contract temporary labor under the exploitative H-2A visa program.
Tulare County manages 495 units of housing for farmworker families in six labor camps, including Linnell. The U.S. Department of Agriculture provides funding both for construction of the camps and rent subsidies for residents. According to a USDA Rural Development spokesperson[DB4][DB4], families get rental assistance in 5,466 units in California, and in over 12,000 units nationwide.
To rent an apartment in one of the camps, a family member has to show that she or he works in the fields, meets USDA low-income guidelines, and is a U.S. citizen or legal resident. The camps are filled with farmworker families who reflect the demographics of the farm labor workforce. Nationally, the USDA estimates that over 40 percent of farmworkers don’t have legal immigration status, and that this is higher in California. The families living in camp apartments are often mixed, with some members having legal status and others without it.
Torres’ children, for instance, were born in the U.S. When Carter questioned her status, she asked that her son, living with her and attending college, sign the rental agreement instead. Carter said he’d have to go work in the fields to qualify. «I would never take him out of school and put him in the fields,» Torres told her.
In the workplace, farmworkers without papers face the same problem of showing documents about immigration status. Federal law, since 1986, has required employers to check workers’ papers before hiring them. In a workforce of 2.4 million nationally, hundreds of thousands of farmworkers provide what employers need, sometimes borrowing or buying the necessary ID’s. And it’s not just farmworkers. All of the estimated 11 million undocumented people in the U.S. have the same problem when they get hired.
According to the U.S. Customs and Immigration Services, however, once a permanent resident card (green card) is accepted by a prospective employer, future reverification is not required. Given the demographics, constant reverification in the fields would mean a million workers in agriculture losing their jobs.
USDA and Housing Authorities could follow the process established in employment law, where reverification is barred once the original documents showing legal status are accepted. There is no requirement for yearly reverification in the USDA-supported labor camps, written into the language of Section 514. And as Torres says, camp managers understand the reality, and in the past didn’t ask to reverify immigration papers once a family signed their first rental contract. As the years went by, tenants simply signed new rental agreements every year.
But suddenly, in Tulare County, the Housing Authority changed the rules.
Mario Padilla and Concepcion Vargas protest during a housing authority meeting.
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