Se ha cumplido la mitad del periodo de las campañas del proceso electoral federal. Efectivamente el pasado 5 de abril arrancaban las campañas de los candidatos a ocupar una curul en la Cámara de Diputados. El 3 de junio estarán concluyendo y el domingo 7 de junio se conocerán los resultados de la decisión ciudadana. Había muchas expectativas y preocupaciones al inicio, sobre todo por las difíciles condiciones en las que se desarrollaría el proceso electoral.
Por un lado, una situación económica precaria, por decirlo de manera simple, agravada por el deterioro de la seguridad pública. Crisis e inseguridad no eran un contexto idóneo para un proceso electoral. Por otro lado, una brecha creciente entre la ciudadanía y el sistema de representación política, que se ha materializado en el profundo descrédito de las instituciones políticas, de manera particular de los partidos políticos y poderes públicos, agravado por los recientes escándalos de corrupción. Todo ello, además, contando con nuevas reglas electorales derivadas de la reforma constitucional del 5 de diciembre de 2013 y materializada en una nueva normatividad (Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales –LGIPE-, promulgada el 23 de mayo de 2014) donde de manera destacada figura la transformación del Instituto Federal Electoral en un Instituto Nacional Electoral y la adición de 74 nuevas atribuciones a éste último.
Lamentablemente lo que se ha difundido a nivel nacional son hechos violentos: asesinatos del candidato del PRI a las alcaldía de Chilapa y de militantes del Partido Nueva Alianza, así como el secuestro del candidato del PRD a la alcaldía de San Miguel Totolapan, en Guerrero; pasando por los hechos registrados el pasado fin de semana en varios municipios del estado de Jalisco o nuevas versiones de tráfico de influencias de algunos(as) candidatos(as) a cargos locales, sobre todo gubernaturas, cuando se desempeñaban en otros puestos públicos. De propuestas hemos sabido muy poco.
Otro de los asuntos presentes en el proceso actual es sin duda el del movimiento anulista: ante el diagnóstico de que ninguna opción política es atractiva, algunos líderes de opinión han llamado a participar anulando el voto. Otra versión es la de rellenar el espacio del candidato no registrado con la palabra: “Protesta”. Una posición más radical ha propuesto boicotear y ha llamado a suspender las elecciones. Pronto sabremos el impacto de estas posiciones en los resultados electorales.
Sin duda, uno de los efectos del sistema de fiscalización incorporado a la nueva norma electoral (LGIPE), es que la visibilidad pública de los candidatos ha disminuido significativamente. A diferencia de procesos anteriores, escasean los espectaculares, mantas y demás artículos de propaganda que inundaban el espacio público. El millón 260 mil pesos por candidato a diputado y la amenaza de que el rebasar en 5 por ciento ese tope es probable causal de nulidad de la elección en caso de resultar ganador con una diferencia del mismo porcentaje, ha obrado en contra del dispendio tan acostumbrado. Hoy los candidatos al parecer tienen que hacer campaña a ras del suelo.
Los debates también han sido escasos; apenas el pasado miércoles 29 de abril el Consejo General del INE, ante la solicitud del Consejo Local de Baja California, emitió los lineamientos para los debates de candidatos, más allá de lo estipulado en la ley electoral y que presentaba algunas lagunas sobre la organización de debates por medios de comunicación, instituciones académicas, sociedad civil y personas físicas y morales. En resumidas cuentas los debates deberán ser actos públicos dando cuenta al consejo distrital del INE correspondiente con tres días anteriores a la celebración del mismo y comprobando la invitación a todos los candidatos al cargo. Ello para preservar el principio de equidad.
Veremos que sucede en este tramo final de las contiendas; sobre todo si por fin hay un detonador del interés ciudadano que se traduzca en una participación importante en las urnas el 7 de junio. Me temo que no hay muchas razones para el optimismo, salvo nuestros buenos deseos.
