Transparencia pública o lo que se hace con nuestros recursos

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Opinión de Blanca Delia Vázquez Delgado Investigadora de El Colegio de la Frontera Norte de El Colegio de la Frontera Norte

jueves 27 de febrero de 2014

El pasado 7 de enero quedaron promulgados los cambios al Artículo 6to. de la Constitución, con relación a la rendición de cuentas y transparencia de las entidades públicas, luego de 11 años y medio de que fue creado el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

Con esta nueva reforma, entidades y organismos públicos, incluso personas físicas y morales -también sindicatos- que reciban recursos públicos están obligados a responder las demandas de información de la ciudadanía.

Sin embargo, más que limitaciones en la ley, en nuestro país tenemos dos problemas: el primero es que la ciudadanía no ejercemos el derecho de información; el segundo es que a pesar de las obligaciones legales sobre el caso que tienen los organismos públicos, y en la medida que la ciudadanía no pregunta, no vigila, la búsqueda de transparencia y la eliminación de la opacidad queda a medias porque simplemente las entidades públicas nos dan -en el mejor de los casos- lo mínimo indispensable a que la ley los obliga.

Sirva como ejemplo el caso de nuestra ciudad. En Tamaulipas la ley data del año 2007 y sin embargo hemos sido testigos de cómo gobiernos municipales fácilmente omiten cumplir con los 15 capítulos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública estatal. Esta es una obligación que la administración municipal actual se encamina a cumplir, pidamos que así sea, vigilemos que se cumpla de manera permanente.

La evidencia de los últimos gobiernos municipales ha mostrado que esa obligación es satisfecha a voluntad política de los gobernantes en turno, el derecho ciudadano pocas veces ha sido respetado. Sólo como ejemplo de las omisiones y opacidades existentes pensemos en los 189.2 millones de pesos que según el presupuesto de egresos de la administración municipal anterior se distribuyeron como transferencias, asignaciones, subsidios y ayudas a los sectores públicos y privados en Nuevo Laredo durante 2013.

¿Quiénes fueron? ¿Cuánto se les asignó? ¿En qué fue usado ese recurso público? ¿Se justifica su asignación? ¿Se comprobó debidamente? No lo sabemos, no por lo menos a través de las obligaciones de transparencia que debió sustentar -y que no hizo- el Ayuntamiento anterior. Por lo menos no en tiempo y forma según la ley de transparencia. Algo tendrá que decir al respecto la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas sobre el ejercicio final del presupuesto de egresos. De aquella partida sólo sabemos que se desglosó como “ayuda social” (96.8 millones), “transferencias al resto del sector público” (73.1 millones) y “pensiones y jubilaciones” (19 millones).

Con las nuevas reformas constitucionales todos quienes reciban recurso público deben responder a solicitudes de información de cualquier ciudadano. Así por ejemplo, si queremos saber el uso de los recursos entregados a cualquier institución de enseñanza, organismos sociales de beneficencia sin fines de lucro, no gubernamentales, instituciones públicas o privadas, o persona física, la información debe estar a nuestra disposición.

Lo que va hacer diferencia, al elevar a rango constitucional el derecho y la obligación a la transparencia y el acceso a la información, es que la ciudadanía participemos y ejerzamos ese derecho.

Si usted desea saber cómo se distribuyeron y quiénes fueron los proveedores de servicios de comunicación y publicidad por más de 100 millones de pesos en 2013, y cómo se irán gastando los 97 millones durante 2014; o quiere saber cuánto se gastó en servicios de revelado de fotografías el año pasado, ¡haga su solicitud de información, pregunte, interésese, exija, es su derecho!