Opinión de Víctor Alejandro Espinoza Valle Profesor-Investigador del Colegio de la Frontera Norte de El Colegio de la Frontera Norte

jueves 8 de agosto de 2013

Escribo mi colaboración semanal horas antes que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presente su propuesta de reforma energética. Hace unos días Acción Nacional se adelantó a todas las fuerzas políticas e hizo pública la suya que en la parte medular sostiene la privatización de las industrias petrolera y eléctrica.

Resulta sumamente interesante que el PAN haya dejado a un lado las ambigüedades y fuera claro en su proyecto de reforma: su concepción de modernización y rescate de las industrias básicas es la privatización. El eje son las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. En realidad no es algo nuevo, es parte del ideario del PAN en el que la propiedad estatal es concebida como la fuente de corrupción y atraso. Lo ideal es la empresa privada desarrollada desde el Estado. Esta forma tan peculiar de concebir la industria nacional proviene del origen mismo del paternalismo estatal mexicano en el que las clases sociales fueron creadas por el Estado y no como sostenía la teoría clásica: que de aquéllas surgiría el Estado/árbitro. Peculiaridades de la historia nacional.

Estamos a punto de conocer si el PRI se aleja o comparte la visión privatizadora del PAN como panacea a todos los males del país. No será sencillo, la propiedad pública de PEMEX y de la CFE es parte del discurso nacionalista que ha sostenido el PRI desde la postrevolución. De ahí la ambigüedad en la respuesta cuando se les pregunta si están o no a favor de la privatización en el sector energético. Si revisamos lo que establece el Pacto por México, concretamente el Compromiso 55, podemos darnos cuenta de que está redactado cuidadosamente para leer una cosa u otra: “Se realizarán las reformas necesarias tanto en el ámbito de la regulación de entidades paraestatales, como en el del sector energético y fiscal para transformar a PEMEX en una empresa pública de carácter productivo, que se conserve como propiedad del Estado pero que tenga la capacidad de competir en la industria hasta convertirse en una empresa de clase mundial. Para ello, será necesario dotarla de las reglas de gobierno corporativo y de transparencia que se exigirían a una empresa productiva de su importancia”.

En lo que al parecer todas las fuerzas políticas coinciden es en que PEMEX y la CFE deben “modernizarse”. Aquí incluyo a las fuerzas de izquierda, concretamente al PRD. Lo que no nos han explicado, con excepción del PAN como vimos y del PRD a través de Cuauhtémoc Cárdenas, es qué es lo que entienden por “modernización” de las empresas paraestatales. Es urgente que hagan pública su postura; puede haber modernización con privatización o con propiedad estatal exclusiva.

Estamos en la antesala de un fuerte debate nacional y de una evidente polarización política. Algunas encuestas señalan que aproximadamente el 50% de los mexicanos están a favor o en contra de la privatización. Quienes sostienen que se debe modernizar la industria petrolera y eléctrica afirman que la consecuencia de la privatización será la pérdida del patrimonio nacional en manos de las grandes empresas extranjeras. Los entusiastas de la privatización sostienen que el futuro será luminoso para la sociedad mexicana con la entrada de las transnacionales en las áreas fundamentales de la industria hasta ahora de propiedad estatal.

Durante los últimos años hemos escuchado un día sí y otro también que la solución para todos los males de nuestra sociedad pasa por las llamadas “reformas estructurales” o de “gran calado”. Como no se han aprobado, ello explica nuestro atraso. Las reformas estructurales se han difundido más bien como “reformas ideológicas”. Es una forma “políticamente correcta” de justificar la desigualdad, la polarización social y económica, la monopolización, el desempleo, la pobreza galopante, la violencia, la ausencia del Estado de Derecho, etc. Se ha insistido que todo se soluciona con las “reformas estructurales”. Estamos en la antesala de un semestre movido y polarizado; un otoño en el que las posiciones frente a los asuntos torales deberán definirse y transparentarse. A ello habrá que agregar la respuesta y movilización a que convocan Andrés Manuel López Obrador y MORENA a partir del 8 de septiembre, y a la que deberemos dedicar una próxima entrega.

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