Sobre el poder del estado y su división en ramas que se “balancean y se contrapesan”, debemos la teoría original al célebre Secondat, mejor conocido por su título nobiliario (Montesquieu) en el mejor espíritu de la ilustración francesa. Luego, tuvimos en México una débil república inspirada en esa teoría “liberal” durante casi todos los siglos XIX y el XX (descontando asonadas, revueltas, invasiones e imperios), donde se elegía por voto popular (más o menos) al titular del ejecutivo y a los miembros del legislativo dentro de un sistema político presidencialista, mediante ciertas formas de una limitada democracia representativa (“el peor sistema salvo todos los demás” según idea atribuida a Churchill), con todos los vicios y defectos que se le quieran atribuir. Basado en las reglas de nuestra democracia representativa (resulta útil recordar especialmente el texto de los artículos 39 y 40 constitucionales), tuvimos alternancia política y recientemente, la primer mujer Presidenta (sí, con “a”) de La República por incuestionable decisión mayoritaria. En su campaña, prometió resolver problemas viejos, como el de la rama judicial del Estado mexicano, la cual ha permanecido por mucho tiempo en la opacidad, lejos de la mirada y el escrutinio público (tal como sucede en muchos otros países, donde se le conoce por su naturaleza tan conservadora como corrupta, pero también por ser abiertamente reaccionaria y hasta golpista, como documentan diferentes casos de Lawfare); una rama del poder político (quieran o no reconocerlo) dada a los privilegios y los altísimos salarios, pero poco o nada a que se le cuestione y a rendir cuentas. Y esta situación histórica, que viene al menos desde la fundación de nuestra república, ha traído muchas consecuencias del todo indeseables para la democratización de la sociedad mexicana.
En efecto, en más de 200 años de vida independiente, nunca antes pudimos votar para elegir a los miembros del poder judicial, donde es claro que la sociedad arrastra no solo el pesado lastre del autoritarismo decimonónico y de una precaria cultura democrática, sino también de un estado de derecho al menos disfuncional, casi siempre inoperante o ausente en el mejor de los casos. Pero también cómplice, parcial y corrupto en el peor, en el cual la rama judicial fue y es solo una pieza más (muy importante si se quiere) entre otras muchas que hay que reparar o sustituir con urgencia porque están colapsadas y no sirven al interés público (policías, servicios forenses y periciales, sistema carcelario, ministerio público o fiscalías “autónomas”). Tal vez sea por eso que recientemente hemos podido saber que hasta un 72% de los mexicanos piensa que la elección del poder judicial programada para el próximo domingo era necesaria, de acuerdo con una encuesta de Enkoll publicada por El País.
Así lo reflejan también múltiples encuestas y mediciones recientes y no tanto, donde una de las peores partes de la desconfianza ciudadana se la llevan los jueces y el poder judicial, solo superados por las y los inefables políticos (57% de los encuestados dijeron que en ese poder existe mucha corrupción. Encuesta MCCI-Reforma, 2020). En otra encuesta, uno de cada 4 entrevistados declararos haber sido extorsionados por jueces y empleados judiciales para que sus asuntos avanzarán (Encuesta Nacional de Cultura cívica 2020, INEGI).
De manera que después de una controvertida reforma constitucional del año pasado, por fin se votará el próximo domingo en elección extraordinaria a las y los miembros de la judicatura en México; aunque debe destacarse que contrariamente a algunas versiones interesadas, esto se hace también en otros países, desde Japón a Bolivia, pasando por Suiza, y en al menos 45 estados del vecino país al norte, donde las y los ciudadanos eligen o refrendan en las urnas a sus jueces locales bajo diferentes modelos y consideraciones (El País, 3 de septiembre de 2024).
Con estos antecedentes, el próximo domingo se elegirá por primera vez a 6,730 personas juzgadoras en todo el país. Si bien los cargos no serán vitalicios, muchos de estos nuevos funcionarios electos podrían durar hasta 12 años en sus respectivos cargos sin derecho a reelección, en el caso de las y los ministros. No es cosa menor si consideramos que a las personas juzgadoras corresponde, según la teoría de la división de poderes, la interpretación legal de las normas y resolver las legítimamente las controversias en todo tipo de asuntos, que van de lo penal a lo familiar o de lo laboral a lo ambiental; y donde solo en 2023 se emitieron casi dos millones de sentencias en todo el país, sumando las de los órganos federales con los locales, según el INEGI (Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal 2024). Es fácil entender entonces por qué es tan importante elegir con conocimiento a quienes desempeñarán estas funciones en el Estado mexicano.
Con vicios y carencias tan enquistados como una impunidad histórica que algunas mediciones cifran en más del 90% (México Evalúa, 2024), era lógico que la reforma y elección judicial despertaran oposición por sus muchas implicaciones de todo orden. Para descalificarla, algunos la tachan de golpe autoritario, lo cual no es cierto a la luz de los hechos, porque si lo fuera, la ciudadana titular del poder ejecutivo no habría renunciado a su facultad constitucional de nominar discrecionalmente a ministras y ministros como lo hicieron todos sus antecesores desde 1917; o bien como lo hizo el desmemoriado Zedillo, quien fulminó al Pleno de la antigua Corte de 26 ministros (1 de enero de 1995) y nombró otra a modo con solo 11 poco después de asumir la presidencia de la república, a la que por cierto accedió en circunstancias hasta ahora poco claras para alguien tan preocupado por la democracia y la supuesta “tiranía” en que vivimos.
Algunos otros, identificados como “intelectuales”, pero más que nada los conocidos como “telectualesque añoran la vuelta de la “telecracia”, han venido llamando a no votar, fieles a los intereses que representan, porque no les satisface la idea ni la forma en que la reforma y la elección se diseñaron, así que piden deslegitimarla no votando (Castañeda, 23 de mayo de 2025). Y habrá que reconocer que en democracia no votar, anular o votar en blanco se vale, si bien hay que decir que resulta poco o nada útil, dado que en nuestro sistema electoral gana el que tenga más votos, aunque fueran pocos o muy pocos, y dado que no hay porcentaje de abstención por alto que fuera, capaz de anular la elección. De ahí la baja representatividad de los gobiernos electos en tantos casos. Así que estando de acuerdo en que la reforma judicial y el proceso electoral son evidentemente mejorables casi en todos sus aspectos, la elección del 1 de junio de 2025 será histórica, constitucional, válida y vinculante (obligatoria). Y lo será con cualquier nivel de participación que se registre, y así, tan legítima como muchas otras en el pasado reciente, independientemente de la alta o baja participación ciudadana.
Otros dicen que no es posible tener candidatos independientes, profesionales y conocedores porque todas las y los candidatos son morenistas o afines. Al respecto, la académica Viridiana Ríos ha demostrado que esto no es necesariamente así, puesto que al analizar casi 120 perfiles postulados a los cargos más importantes, encontró poca o ninguna afinidad partidista, además de perfiles sólidos entre las candidaturas principales. Así que muchos candidatos y candidatas lo son no por morenistas, sino porque eran los que querían y podían serlo en el momento convocado. Entre ellos, muchos de los antiguos servidores públicos del poder judicial que decidieron presentarse a la elección. Así que no es una buena idea descalificar en bloque a todos los candidatos para desacreditar la elección, porque impresentables hay en todos los gremios.
También se pretende descalificar la elección porque se dice sin pruebas que el INE la amañó para que ganen los candidatos de Morena. Cabe preguntarles a estos detractores por qué sí confían en el INE para unas elecciones ordinarias y para otras, como la extraordinaria que está en puerta no. Y aceptando todos los vicios y defectos del INE que sin duda son muchos, bien podría decirse en cambio que la mejor prueba de que puede organizar con solvencia elecciones judiciales, es que adaptó en tiempo y forma record el procedimiento de voto y conteo a la nueva e inédita elección judicial ordenada por la reforma constitucional.
Es así como teniendo en cuenta que la idea central de la reforma es tener un Poder Judicial al servicio de la ciudadanía y no capturado por todo tipo de intereses corporativos y privados, así como evitar o al menos disminuir la corrupción, y también conseguir más transparencia e independencia judicial; se requiere entonces salir a votar por aquellos candidatos que resulten los mejores perfiles de entre los disponibles.
En conclusión, hay que salir a votar porque abstenerse o anular no deslegitima nada, pero sí que podría contribuir a que ganen los peores candidatos en los cargos más importantes. Es decir, las y los impulsados por claros intereses corporativos y partidistas asociados al pasado/presente autoritario. Entonces, tal vez sea un buen punto de partida lo que proponen algunos: llevar un acordeón (cada uno el suyo) con los nombres y números previamente estudiados y decididos de los que nos parezcan los mejores candidatos. Y esto implica informarnos y documentar nuestro voto. Es decir, deliberarlo, puesto que ahora es más necesario que nunca. Otros sugieren, como la citada investigadora Ríos, salir a votar dando prioridad a los candidatos y candidatas a Ministros de la Corte (SCJN), el Tribunal Federal Electoral y el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (para no enredarnos con boletas y más boletas con nombres y posiciones desconocidos para la mayoría), dado que estos son los cargos que más importan por la definitividad de sus decisiones, porque de algún modo influirán en mayor medida en el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación y también porque de esos candidatos son de los que existe mayor información disponible para informar y decidir nuestro voto. ¿Resolverá la reforma y elección al menos parte del problema? Lo veremos en el futuro. P.S. En una resolución inédita y pese a todo tipo de presiones y amenazas sobre sus jueces y juezas, la Corte Penal Internacional (CPI) acaba de ordenar el arresto del criminal de guerra de apellido Milekuski, mejor conocido por su apellido fake, quien funge como primer ministro (y principal responsable político y militar) de la entidad fascista-terrorista ocupante del Estado Palestino (reconocido por 143 países). Ahora falta otra orden de arresto para todo el gabinete que acompaña al primer ministro sionista en tanto representantes de un gobierno abiertamente canalla y genocida. Se dirá que la orden de la CPI es poco ante la urgencia inmediata de parar la masacre diaria de decenas de inocentes, pero este precedente histórico en el “desorden internacional» que al parecer se quedó sin normas ni reglas dadas sus enormes contradicciones, al menos sienta la base para hacer justicia en el futuro, porque los crímenes de lesa humanidad cometidos por estos asesinos no prescribirán hasta no ser llevados ante la justicia.
Enrique Pasillas Pineda
El Colegio d ela Frontera Norte, Estancia postdoctoral por México.
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