Al igual que muchos países, Estados Unidos ha comenzado su campaña de vacunación contra el Covid-19. El objetivo, por supuesto, es lograr la anhelada inmunidad de rebaño. Sin embargo, dicho objetivo no parece tan fácil de alcanzar, no sólo por la escasez de vacunas en el mundo, sino por la intromisión de ideologías racistas.
En esta etapa de inmunización, algunos gobiernos estatales en EE.UU. dedican parte de su valioso tiempo a preguntarse si los trabajadores inmigrantes en situación irregular deberían o no recibir la vacuna o, si deberían ser los últimos en la fila. Dos de los estados más republicanos, Nebraska y Florida, ilustran esta postura. Ciertamente, en otros estados más incluyentes como California no ocurre esto, pero debido al llamado “turismo de vacuna”, han comenzado a solicitar un documento que demuestre la residencia en sus demarcaciones para otorgar la vacuna, lo cual tiene implicaciones para los trabajadores inmigrantes irregulares.
Desde una mirada epidemiológica, la controversia de decidir a quién vacunar a partir del estatus migratorio, o cualquier otra característica, no tiene razón de ser, sobre todo en jurisdicciones donde la población en situación irregular representa una proporción importante. Dicha situación tampoco se justifica desde la perspectiva de la salud pública cuando lo que se busca es disminuir la cadena de contagios, asumiendo que ninguna persona estará a salvo hasta que todas lo estén, frase retomada de la Organización de Estados Americanos refiriéndose a los países.
El panorama a escala local en EE.UU. puede ser más complejo. Mientras los gobiernos tienen el poder de definir los requisitos para otorgar la vacuna, las personas inmigrantes deciden si se acercan o no a un centro de vacunación. En días pasados, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. anunció que se abstendrán de llevar a cabo acciones de control migratorio en lugares donde se aplique la vacuna. Sin embargo, los inmigrantes no son inmunes ni al virus, ni a la política migratoria. Durante la administración Trump, el miedo colectivo creció al grado de disminuir la confianza en los servicios de salud, sobre todo, si ello implicaba proporcionar datos personales. El impacto de la política migratoria ha tenido un resultado contraproducente que se materializa en una baja respuesta a las acciones de salud pública por parte de personas inmigrantes que se han visto afectadas, directa o indirectamente, por redadas, arrestos y deportaciones de familiares y amigos.
Por último, conviene recordar que en este entramado el gobierno mexicano tiene una responsabilidad con su diáspora. A sabiendas de ello, AMLO y Marcelo Ebrad se han aventurado a garantizar el acceso a la vacuna a los 4.9 millones de mexicanos sin documentos que viven allá. De dos estrategias, la primera y más complicada es la negociación con autoridades locales, quienes deciden al final cada plan de vacunación. El argumento fue construido con base en el capítulo 23 del T-MEC referente a la protección de los derechos laborales de todos los trabajadores, que son por cierto esenciales. El cabildeo está en curso. La segunda estrategia, de menor impacto, es el acondicionamiento de los consulados mexicanos y clínicas móviles como centros de inmunización en lugares donde habitan más mexicanos.
La campaña de vacunación en EE.UU. con respecto al tema migratorio representa otra lección no aprendida, otro dilema inventado con base en criterios raciales que continúan imponiéndose a los criterios científicos para frenar la pandemia.
Dra. Yetzi Rosales Martínez
El Colegio de la Frontera Norte
