Adela Cortina nos recuerda que para Kant, incluso un pueblo de demonios sin sentido de la justicia, estaría interesado en construir un Estado de Derecho y sacrificar deseos de corto plazo con tal de conseguir construcciones estables de largo plazo que a todos benefician.
Sin embargo en México, nuestros gobernantes, de todos los partidos y colores, se han empecinado en romper reglas y apropiarse de los bienes públicos, hasta llegar como diría Mauricio Merino a poner en riesgo la democracia.
Para modificar a largo plazo los comportamientos de los funcionarios públicos no es suficiente con que quien preside el país predique con el ejemplo. Hemos visto casos donde incluso en una administración que se precia de ser impoluta, roban incluso en el mismo instituto que se creó “para devolverle al pueblo lo robado”. Lo que hace falta es diseñar instrumentos de política pública para evitar que estos actos se presenten en nuestra vida pública, desde leyes, normas, organismos para hacerlas cumplir, recursos, incentivos, así como actividades educativas y educacionales.
Uno de esos instrumentos tiene que ver con la instauración de los comités de ética y de prevención de conflictos de interés en México, implementados desde la administración federal pasada. Los comités de ética se han implementado en cada una de las más de 300 instituciones federales y cuentan con la participación de servidores públicos de todos los niveles jerárquicos.
En un estudio llevado a cabo por un servidor a partir de informes anuales de los comités de ética de una selección de dependencias como la Secretaría de Economía, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Bienestar se detectaron varios aciertos, así como áreas de oportunidad.
Entre las principales funciones de los comités están elaborar y aprobar un programa anual de trabajo; vigilar la aplicación y cumplimiento del código de ética y reglas de integridad en la función pública; participar en la elaboración, revisión y actualización del código de conducta de cada dependencia, así como vigilar la aplicación y cumplimiento del mismo. Los comités deben sesionar al menos tres veces al año.
Se encontró que el número de denuncias aún es muy pequeño e incluso en el caso de la SHCP algunos informes anuales no presentan un apartado de denuncias, por lo que no es posible saber la cantidad ni tipo de denuncia.
Los valores vulnerados que dieron origen a las denuncias en las cuatro secretarías que sí informaron sobre ellas fueron los siguientes: principio de legalidad, valor de respeto, reglas de integridad, comportamiento digno, hostigamiento y acoso sexual, respeto a los derechos humanos, valor de la transparencia, conflictos de interés y discriminación.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) lleva a cabo evaluaciones de dichos comités y vela por que se estén implementando, midiendo por un lado percepciones de los funcionarios públicos y por otro vigilando que los comités desarrollen los procesos que se les requieren. Pero las evaluaciones de la SFP no incluyen el número de denuncias presentadas y atendidas por los comités, ni hacen un análisis de la causa de las mismas, por lo que no es posible saber cuál es el sector o secretaría en donde más denuncias se han presentado, ni sus causas, ni en qué han terminado estas denuncias.
En los más de cinco años desde que se instauraron los primeros comités de ética se ha dado una generación de aprendizaje para mejorar los mecanismos para la prevención de conflictos de interés y la mejora de la integridad pública. Los cambios de cultura organizacional son difíciles de llevar a cabo y tienden a presentarse resistencias e inercias para mantener el estatus quo, por lo que especial atención debe ser puesta en la implementación de los mismos, a fin de conocer las causas que están detrás de que se presenten tan pocas denuncias y qué hacer para vencer esas resistencias.
Como bien señalan Adela Cortina y Mauricio Merino, no es posible consolidar la democracia sin una ética pública. En nuestro país abundan los casos de falta a la integridad pública. Por eso se debe trabajar por seguirla fortaleciendo. En este sentido, los comités de ética y prevención de conflictos de interés van en el camino correcto, junto con el resto de instrumentos de política pública para tal fin, pero aún hay muchas áreas de oportunidad que deben atenderse para poder dominar a este pueblo de demonios.
Dr. Jesús Rubio Campos
El Colegio de la Frontera Norte
