Escribir al día siguiente de las elecciones no permite eludir el tema. Creo que aún es prematuro sentirse seguro de todo lo que pasó. Por una parte hubo un avance en el comportamiento de los electores en general. Se dice rápido, pero los 49 millones de votantes, además de los números de los funcionarios de casilla, escrutadores, observadores de la jornada electoral, en general, mostraron un alto nivel de civilidad. Esto quiere decir que actuaron de acuerdo con las leyes que previamente habían definido su papel. Este no es un logro menor. Es una marca que no se había logrado nunca antes en la historia electoral de nuestro país. Por otra parte, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la izquierda, anuncia que impugnará los resultados oficiales. No es creíble que este anuncio devenga en un cambio de lo que ya informó el presidente del IFE como un triunfo de Enrique Peña Nieto, pendiente de ratificación por el Tribunal Federal Electoral.
Entre lo que ya es seguro y que representa un cambio, está la información de que el PRI no tendrá mayoría en el Congreso federal. Esto le complicará sus tareas al próximo Presidente. Sobre todo porque nunca fue claro en el «cómo» le hará para combatir al narcotráfico y reducir la violencia que agobia al país. Los otros grandes retos serán «cómo» le hará para reducir la pobreza extrema, el desempleo y el bajo nivel de la calidad de la educación. Menos visible, pero también complicado, es lo que yo he calificado como el triste campeonato mundial de México en el número de violaciones a los derechos humanos de los migrantes internacionales, tanto los de México a Estados Unidos como los de Centroamérica que transmigran por nuestro país rumbo a Estados Unidos. La principal fuente de datos que documentan tal calificación son los informes de 2009 y 2011 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). La evaluación de las cifras récord que justifican tal calificación deberá partir de la corrección del error conceptual que ha cometido el presidente Calderón que fue el mismo que cometió su secretario de Gobernación Francisco Blake (q.e.p.d.), que consistió en culpar al crimen organizado como el único responsable de las violaciones a los derechos humanos de los migrantes internacionales. Al hacer este deslinde, el presidente de la República exculpó de hecho a los miembros de los cuerpos policiacos y del Ejército mexicano que también fueron responsables de una alta proporción de esas cifras récord de violaciones a los derechos humanos. El error conceptual incluyó ignorar que los miembros del crimen organizado son «particulares», esto es, sus actos no implican una «responsabilidad de Estado» (sobre este punto escribí un artículo aún sin publicar que enviaré a quien me lo solicite a:jbustama@nd.edu). Cierto que el Estado tiene una responsabilidad en la persecución del delito y de los delincuentes; sin embargo, esto no quiere decir que los delincuentes, en tanto que particulares, tengan una «responsabilidad de Estado». Esta recae en quienes legalmente son representantes del Estado en tanto que éste delega en ellos la facultad de usar la fuerza en sus funciones de hacer cumplir la ley. Tanto los agentes de policía como los miembros del Ejército y los funcionarios del gobierno federal -particularmente los funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM)- son, técnicamente, representantes del Estado mexicano. Estos, de acuerdo con los datos publicados por la CNDH, han sido los responsables de numerosas violaciones de los derechos humanos de los migrantes, tanto nacionales como extranjeros, que se encuentren en territorio nacional. El próximo gobierno tendrá la obligación de corregir ese error conceptual de tal manera que este no sesgue la estrategia que el gobierno decida para combatir esas violaciones a los derechos humanos -como ha ocurrido con el actual gobierno del presidente Calderón- que contravienen tanto las leyes nacionales como los acuerdos internacionales debidamente ratificados por el Senado mexicano. Vaya tarea. El próximo Presidente no podrá hacerla solo. Desde luego tendrá que contar con la cooperación del Congreso y de los partidos políticos. Se trata pues de un gran déficit que le deja a México como legado el presidente Calderón, mismo que ha contribuido al desprestigio de México como país violador de los derechos humanos de los migrantes internacionales.
