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El día de hoy, 15 de noviembre, el Director del Centro de Conciliación Laboral en Tamaulipas, anunció que un tribunal laboral de Matamoros, emitió una sanción de 191 millones de pesos a la maquiladora Componentes Universales, quien cerró sus instalaciones de manera imprevista en marzo de 2023, con la finalidad de indemnizar a los 600 trabajadores que dejo sin empleo. Para el funcionario pareciese que con este veredicto se termina el conflicto y los trabajadores serán indemnizados de acuerdo a la ley y su antigüedad. Ciertamente, la resolución resulta alentadora en un tiempo que la cuestión laboral vive momento difícil, dado el mínimo crecimiento de la tasa de sindicalización que se experimentó entre 2019 y 2023, y de que cerca del 80% de contratos colectivos no fueron ratificados, a pesar de toda la maquinaría gubernamental que se implementó para este procedimiento.
No obstante, el anuncio solo es el inicio de un largo proceso, en donde, el cumplimiento de la resolución se vislumbra difícil de concretar y sobretodo tardada. La resolución sale después de siete meses del cierre de la planta, debido a los nuevos procedimientos para dirimir conflictos colectivos dentro de la nueva ley federal del trabajo. Otros aspectos que preocupan en esa implementación son los siguientes: primero, aunque existe una sanción, no hay claridad en torno a quién la cumplirá; los representantes de la empresa habían desaparecido, en un primer momento, tanto en Matamoros como en Brownsville, en donde también cerraron una instalación. Segundo, porque a la par de la resolución, se ha determinado la venta de los bienes de la empresa, lo que tradicionalmente se ha realizado cuando las empresas y sus representantes desaparecen. Tercero, porque, y eso es lo más preocupante, no todos los bienes que están al interior son de la empresa, en ella, hay pertenencia de proveedores, como son los tráileres que quedaron en su estacionamiento. Es decir, una vez dictada la resolución, cada proveedor o persona que acredite la propiedad de algún bien en la planta tendrá derecho a retirarlo, y una vez hecho este procedimiento se subastaran los bienes. Por lo que esos 191 millones de sanción quedaran reducidos a lo que se recaude de la venta final de maquinaria y otras pertenencias de la empresa. La perspectiva no es halagüeña, dado que la venta habrá de repartirse de acuerdo a la antigüedad de los trabajadores, algunos de los cuáles sumaban casi treinta años. Experiencias anteriores muestran que al final, los trabajadores vienen recibiendo una mínima cantidad, que en nada compensa una indemnización justa.
En un hecho similar, el pasado 18 de octubre de 2023, el tribunal laboral de Piedras Negras, dictaminó que la empresa VU Manufacturing quien también cerró sus puertas, en pleno proceso de remediación dictados por los Mecanismos Laborales de Resolución Rápida (MLRR), creados por el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). En esa resolución, lograda a partir de la presión del Comité Fronterizo de Obreras, se consiguió que se exigiera la liquidación de acuerdo a la ley de los trabajadores que no fueron indemnizados debidamente, mediante el remate de bienes de la empresa, y que se eliminaran las listas negras que existen de los trabajadores que han participado en la movilización por el reconocimiento de un sindicato independiente en esta empresa. Después de un avalúo, se estima que en este mes se realizará el remate de los bienes de la empresa. Sin embargo, el cumplimiento de esta resolución aún está por verse. Existe escepticismo, dado el comportamiento poco responsable que ha asumido esta empresa, quien con su cierre incluso ha cuestionado la fortaleza de las sanciones impuestas por los MLRR.
Finalmente, habría que resaltar que ambas resoluciones provienen de instancias laborales locales, es decir, el nivel más próximo a los trabajadores, pero más alejados de las instancias federales de decisión. Sería recomendable que las instancias laborales federales, e incluso internacionales, dieran un espaldarazo a estas resoluciones locales. De entrada, una recomendación laboral local a empresas transnacionales que han burlado las leyes laborales federales y los derechos laborales de los trabajadores, parecería poco realista de que se cumpla, dado la diferencia de fuerzas en el poder. No obstante, con el respaldo gubernamental federal y acciones decididas ante las empresas que violaron los derechos laborales de cientos de trabajadores en ambas empresas, la posibilidad de la impartición justicia para estos trabajadores podría ser más realista.
Cirila Quintero Ramírez
El Colegio de la Frontera Norte
