El sábado 23 de agosto del año en curso fue publicada en el periódico La Jornada una caricatura de Helguera en que aparecen tres quelonios que representan a la SEMARNAT, la PGR y el Gobierno de Sonora profiriendo la frase “a nosotros no nos afectó el derrame del río”. El ingenioso cartón de Helguera nos muestra la velocidad con que las autoridades federales y estatales actúan en contra de los responsables en los momentos en que generan catástrofes del medio ambiente, es decir, cero kilómetros por hora. ¿Cuál es el problema? Nada menos que el derrame el seis de agosto de cuarenta mil metros cúbicos de ácido sulfúrico a los ríos Sonora y Bacanuchi en el estado de Sonora que afectó a 22 mil habitantes de 48 comunidades de los municipios de Banámichi, Ures, Aconchi, San Felipe, Arespe y la zona rural de Hermosillo (La Jornada, 18 de agosto de 2014). ¿Quién generó esa catástrofe? La mina Cananea, operada por el Grupo México. Ese es el punto, es decir, la debilidad del Estado para aplicar la Ley ante el poder del dinero. Pero además, está la connivencia de los funcionarios de toda ralea con los intereses, no de los ciudadanos, sino de los detentores del poder económico en México. Tenemos el burdo ejemplo, nada más pero nada menos que del titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien utilizando frases huecas como “se actuará con estricto apego a la ley” pidió también “no satanizar a la minería por lo ocurrido” sin tomar en cuenta que cuando las autoridades, como la que él representa, encargadas de normar las actividades de la minería en México no cumplen con sus funciones es por ello que ocurren estas contingencias ambientales. El mensaje de tan alta autoridad ambiental es “aquí no pasa nada”. No importa que ochenta y ocho escuelas de siete municipios de Sonora no pudieran iniciar clases el 18 de agosto por el peligro de que los alumnos consuman agua contaminada, tampoco importa que los ediles de los municipios afectados se quejen de que El Grupo México no atiende a las comunidades por el derrame tóxico, que dicho grupo miente en sus declaraciones, mucho menos importa que en Facebook hayan aparecido fotografías con personas que tuvieron quemaduras de piel al tener contacto con el agua del río o que entre cuatro mil y cinco mil reses podrían haber bebido agua contaminada y que este desastre ambiental en Sonora durará varios años (La Jornada 20-23 de agosto de 2014). Lo que importa es privatizar las ganancias y socializar las consecuencias ecológicas a través de una serie de palafreneros del poder económico enquistados en los puestos clave de la estructura del Estado en México. ¿Cuál es el mensaje de lo ocurrido en Sonora para Coahuila? Ya en un artículo publicado en este periódico advertía sobre la alegre promoción que las autoridades estatales estaban haciendo sobre la extracción del gas comúnmente conocido como shale en el norte del estado (http://www.elmanana.com.mx/opinion/35011/La-alegre-promocion-del-gas-shale-en-Coahuila.html). Las cuentas alegres continúan entre diferentes actores políticos y sociales en el estado de Coahuila y en Piedras Negras, epicentro de lo que ocurrirá en relación con la implementación de la industria extractiva de ese gas en la región. Ahora las frases alegres han cambiado de contenido y rezan por ejemplo: “La reforma energética beneficiará a Coahuila”, “Beneficiarán a PN recursos del shale”, “Complace la reforma energética”, “Producirán gas shale en 2015”. Sin embargo, sigue ausente la discusión de las posibles consecuencias ecológicas de una explotación masiva del mencionado gas en Coahuila, sigue ausente un estudio del impacto ambiental por la implementación de esa industria extractiva, sigue ausente una discusión sobre las posibles consecuencias de esas actividades industriales en la salud de la población cercana a las zonas de extracción. ¿Habrá que esperar a que ocurra una contingencia ambiental producida por los procesos extractivos del gas para tratar de hacer algo en Coahuila? La historia nos ayuda a prefigurar lo que podría pasar ante una contingencia ambiental. El 19 de febrero de 2006 se produjo una catástrofe minera en Pasta de Conchos en la que murieron 65 mineros y que de acuerdo con la información disponible fue causada por la renuencia de la empresa a observar las medidas de seguridad laboral reglamentarias y por la obsecuencia de las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (¡oh sorpresa!, una mina perteneciente al Grupo México). Los mineros siguen sin recibir sepultura por parte de sus familiares. Este botón de muestra nos permite ver dos cosas, la laxitud con que se supervisan las actividades de la industria minera y la incapacidad del estado para aplicar la Ley. ¿Qué dice la autoridad al respecto?
