Por desgracia, la mayor parte de las novedades que comento en este espacio resultan ser de malas noticias para los migrantes. Esta vez no será así. No es que yo escoja más las malas que las buenas. Es que la realidad de los migrantes da más para hablar de sufrimientos que de gozos y aun éstos requieren de ponderaciones. Es como si yo comentara sobre el gozo que sintieron muchos migrantes al ver reanudado la semana pasada el movimiento del tren que los sacaba del tapón de selva del sureste para continuar hacia el norte, tren llamado «la bestia», sin hablar de las experiencias de dolor y de muerte que dieron origen a que así se le llamara a ese transporte ferroviario.
Pues resulta que la semana pasada ocurrieron tres eventos que, si bien no son golondrinas que hagan verano, vale la pena comentar su importancia. La primera buena noticia fue el anuncio que hizo el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, ex cercano colaborador (chief of staff) del presidente Obama en la Casa Blanca, de que propondría una ordenanza que prohibiera a los policías de Chicago trasladar a los agentes federales a cualquier indocumentado que hubiera sido arrestado por policías de Chicago, que no tuviera antecedentes delictivos. Este anuncio lo hizo al mismo tiempo que proclamó que esa medida era parte de su plan de hacer de Chicago «la ciudad más amigable para los inmigrantes en todo Estados Unidos», según fue citado en una nota de Julia Preston en el diario New York Times del 10 de julio. Esta decisión del alcalde de Chicago que, como se sabe, es la ciudad de Estados Unidos donde reside la segunda concentración más grande de mexicanos después de Los Ángeles, representa una «quebrada» -como diría coloquialmente nuestra gente de allá- para referirse a un gesto amigable de ayuda, pues les permite salir a la calle sin temor a ser arrestados y deportados, como sería el caso en cualquier otra ciudad de acuerdo con el programa de «secure communities» que representa lo más antiinmigrante de la política migratoria de Estados Unidos. La decisión mencionada del alcalde de Chicago representa en la práctica una excepción a ese programa del que se han derivado las cifras más altas de inmigrantes mexicanos deportados. A quien le extrañe que el programa gubernamental más antiinmigrante sea llamado de «comunidades seguras» deberá entender que fue concebido y diseñado desde una perspectiva de xenofobia que llevaba el significado de procurar una comunidad libre de «infractores de la ley» como son vistos los migrantes indocumentados desde la perspectiva que dio origen a la ley SB1070 de Arizona que acaba de ser parcialmente repelida por la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos -como lo expliqué en colaboraciones anteriores en este espacio-. La anterior aclaración tiene sentido para entender la decisión tomada la semana pasada, del Senado del estado de California -que constituye la segunda buena noticia antes aludida- que fue presentada por sus proponentes como «el antídoto» tanto de la ley SB1070 de Arizona, como del programa de «comunidades seguras». Se espera que esa decisión senatorial sea confirmada por el gobernador Brown en los próximos 30 días, después de que fuera también aprobada por la Cámara baja o Asamblea estatal. Esta decisión limita drásticamente la colaboración de los policías de California con la temida «migra» federal (los policías federales de inmigración). Esto dará la misma libertad a los indocumentados en California que la concedida por la decisión del alcalde de Chicago.
La tercera buena noticia de la semana pasada fue que la investigación sobre el asesinato del migrante mexicano Anastasio Hernández, cometido por la policía fronteriza (Border Patrol) de San Diego, ha sido «elevada» a la instancia de un Gran Jurado. Esto en Estados Unidos quiere decir que fueron encontrados suficientes indicios de culpabilidad de los agentes involucrados en ese caso, como para asignar a un Gran Jurado la continuación de la investigación, sin prejuzgar sobre sus resultados. Esto es algo que no había sucedido en casos anteriores de homicidios perpetrados por agentes de «la migra» contra migrantes indocumentados. Aunque sería prematuro considerar tal movimiento como una decisión de inculpamiento ya tomada, representa una esperanza de que finalmente se rompa el patrón de impunidad que ha caracterizado a las agresiones de agentes de la Border Patrol en contra de migrantes que fueron muertos a balazos bajo la excusa de que habían amenazado de muerte a los agentes, no obstante que en un caso, el agente usó balas expansivas -prohibidas por las leyes de guerra- para matar a un indocumentado por la espalda.
