Enfrentamos el presente proceso electoral en medio de grandes controversias y escándalos poco propicios para motivar a los ciudadanos a acudir a las urnas el próximo 7 de junio. Las condiciones en las que se desarrollan desde este domingo 5 de abril las campañas electorales son complicadas y difíciles por decir lo menos. Considero que la distancia entre ciudadanía y representantes (gobiernos, partidos políticos, congresos y clase política en general) cada idea se ahonda. La brecha se amplía de una manera exponencial sin duda al amparo de los escándalos diarios y la corrupción indiscriminada. Ya no digamos por las desigualdades sociales o la inseguridad pública, que siguen creciendo según los mismos datos oficiales.
Resulta paradójico que en un país como México, que hizo su prolongada transición a la democracia (sin alcanzar su consolidación) a través de reformas electorales (y en menor medida políticas), hoy enfrente el dilema ciudadano de votar o no votar, o de preguntarse si tiene sentido acudir a las urnas. Quizás la respuesta se encuentre en lo anterior: una vía electoral a la democracia que no se consolida a través del desmantelamiento del viejo sistema institucional, y que no se transforma en una democracia de calidad, permanece débil y con riesgos de regresión autoritaria.
Lo que observan los ciudadanos cotidianamente es un escándalo tras otro, “escenas de corrupción y liviandad” diría Carlos Monsiváis, derroches grotescos de los Mirreyes y Mirreynas en las que se han convertido hijos y cónyuges de funcionarios y líderes políticos. Una sensación de agravio y vergüenza recorre nuestro país. Quizás antes pasaba lo mismo: la diferencia es que hoy la mayoría de la población se entera; una cantidad de reporteros ciudadanos que recorren las calles y graban con sus móviles historias de excesos, violaciones a los derechos humanos, actos violentos, etc. y que son transmitidos y conocidos al instante a través de las redes sociales. Anteriormente el monopolio de medios de comunicación impedía que trascendiera gran parte de lo que estaba sucediendo.
En ese escenario ha resurgido, con mayor vigor que en 2009, el movimiento por la anulación del voto; pero también tanto en Guerrero como en Oaxaca, llamados de algunas organizaciones (por ejemplo de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa o de maestros disidentes –Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, Sección 22 del CNTE-), a cancelar las elecciones. A este llamado se han sumado activistas reconocidos como Javier Sicilia y los sacerdotes Alejandro Solalinde y Miguel Concha. El movimiento anulista que encabeza visiblemente el académico José Antonio Crespo, respeta la legalidad y no llama a no votar; sostiene que no existen diferencias sustanciales en la forma como se comportan los políticos de todos los partidos una vez que han alcanzado el cargo: -afirma- que la partidocracia controla el poder y los recursos públicos. Por eso se debe anular el voto; es un llamado a darle un valor distinto al voto: generar conciencia entre los ciudadanos para que crucen toda la boleta y se alcance un porcentaje considerable de votos nulos que se traduzcan en una presión reformadora para la clase política.
Desde luego que el voto nulo castiga a los partidos políticos; sobre todo a los pequeños. Como señala la normatividad, para alcanzar el 3 por ciento de los votos necesarios para conservar el registro o para alcanzar diputados de representación proporcional, se toma la votación válida emitida, resultado de restar los votos anulados del total de votos emitidos. Eso favorece a los partidos mayoritarios. El argumento anulista gana adeptos en un contexto como el descrito; pero la democracia requiere de la pluralidad. En todo caso la disyuntiva no puede ser entre votar o no votar; sino entre votar o anular.
-Dr. Víctor Alejandro Espinoza Valle, profesor-investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública.
