Cada nuevo año se renuevan las esperanzas de muchos ciudadanos sobre el futuro inmediato. Hay deseos y proyectos personales repetidos: salud y bienestar, sobre todo. Sin embargo, cuando pasamos a las esperanzas sociales, por llamarles de alguna manera, no hay duda que tres son los principales deseos de los mexicanos: que se ataque o desaparezca la corrupción, el desempleo y la violencia. Creo que en los últimos años, en ese orden se representan las esperanzas para la inmensa mayoría de los conciudadanos.
La percepción sobre los problemas depende de ciertas circunstancias. Se nutre principalmente de lo que nos enteramos a través de los medios de comunicación, de las conversaciones informales y de cómo nos “va en la feria”, es decir, de lo que vivimos en carne propia. Incluso Transparencia Internacional, una organización autónoma internacional, elabora anualmente el Índice de Percepción de la Corrupción que da cuenta de la forma en que un país es evaluado como más o menos corrupto.
Ignoro si la jerarquización de las desgracias que nos aquejan a los mexicanos se ha confeccionado a raíz de la mayor información que recibimos vía redes sociales; lo cierto es que el monopolio de la comunicación se ha resquebrajado y van en aumento las fuentes por medio de las cuales se va nutriendo la percepción de las distintas problemáticas.
Nunca como hoy, el tema de la corrupción se había situado como la principal preocupación de nuestra sociedad. No significa que anteriormente el problema no existiera, o que los últimos gobiernos se hubieran distinguido por el apego a las leyes y al combate a la impunidad. Si se repasa la historia del sistema político mexicano, encontramos ejemplos escandalosos de corrupción que harían palidecer lo que estamos viendo a diario. La diferencia es que anteriormente no contábamos con información sistematizada de los actos corruptos de funcionarios gubernamentales, de militantes y líderes de partidos políticos, pero también de empresarios y periodistas. Hoy nos damos cuenta que la corrupción era el cemento del sistema; pero son tan abrumadoras las evidencias que ha terminado por resquebrajarlo.
No hay plática en la que el tema no se instale como el asunto principal. Así como hace un par de décadas en las conversaciones de los habitantes de la Ciudad de México era inevitable que se terminara hablando de experiencias de inseguridad, hoy las referencias son a actos de corrupción. Me dice un amigo comerciante: “enseguida de mi negocio tiraron el cerco para levantar una barda; el arquitecto me confesó que el objetivo no era brindar mayor seguridad, sino para terminarse el presupuesto de la dependencia y de paso hacernos de una lana”. Un médico encargado del área de salud de una dependencia del Poder Judicial de la Federación, relataba irritado: “todos los gastos de los mandos superiores, incluyendo los de sus familias, salen del presupuesto institucional”.
Vicente Fox prometió atrapar a “peces gordos”, en el sexenio de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto han caído un par; pero el entramado institucional continúa intacto. La impunidad sigue siendo el principal aliciente para continuar actuando al margen de la ley. Urge una reforma institucional que evite que los encargados de vigilar a los funcionarios (contralorías internas) dependan del titular en turno y que ese esquema se reproduzca en estados y municipios. Urge que el tráfico de influencias se combata de raíz; urge una cultura de la legalidad fincada en nuevas instituciones. Urge la reforma del Estado.
-Dr. Víctor Alejandro Espinoza Valle, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública.
