Los resultados electorales que arrojó la jornada del 1 de Julio deben traducirse en una profunda transformación de nuestras instituciones. Es la única garantía para que el programa de gobierno con una visión de izquierda o socialdemócrata sea trascendente y no una simple experiencia pasajera. Si no hay cambios estructurales, las posibilidades para que un candidato de MORENA repita en la presidencia de la República son mínimas.
Hay una gran expectativa acerca de lo que será el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a partir del 1 de diciembre. El abultado triunfo en las urnas que entre otras cosas obedece a un hartazgo ante lo que han sido las políticas gubernamentales desde 1982, se deberá traducir en transformaciones que den un rumbo diferente a nuestro país. Si al finalizar el sexenio la ciudadanía no percibe un cambio para bien en su entorno más inmediato, en su vida cotidiana, evaluará de manera negativa a la administración encabezada por AMLO.
El gran desafío es que los cambios tienen que darse tanto en las instituciones federales, como en las estatales y municipales. Comprendo que en términos sociales un sexenio es muy poco tiempo para que el modelo de gestión pública se transforme en los tres ámbitos de gobierno, pero al menos en los temas de corrupción, impunidad e inseguridad, los resultados tienen que ser visibles.
Para el ciudadano de a pie, las administraciones municipal y estatal son quienes le sirven de referencia acerca de lo que hace o deja de hacer el gobierno. El estado que luzca su ciudad en términos de servicios públicos o la información sobre aquellos problemas que más los aquejan, sirven como indicadores para evaluar las políticas gubernamentales. Si lo que ven los ciudadanos es un reguero de muertos (como hoy sucede en Tijuana) o a un gobernador enriquecido, evidentemente que considerarán que el cambio como producto de su voto del 1 de julio deberá alcanzar para modificar esa realidad.
Lo que quiero decir es que las transformaciones para ser percibidas por gran parte de la población tienen que impactar al ámbito local. Es perfectamente entendible que la llegada de un presidente de la República que puso en el centro de su proyecto gubernamental el combate a la corrupción, tenga que dar resultados en el corto y mediano plazos. Sin embargo, las acciones y resultados no pueden circunscribirse al ámbito federal. Desde luego que son muy importantes, pero deberán percibirse en el entorno cotidiano del ciudadano.
Es muy probable que estas sean algunas razones que explican la propuesta de la figura de “coordinadores estatales” o “delegados”, que vendrían a sustituir a todos los delegados de dependencias federales en los estados. Esto se traducirá en una importante reducción del aparato burocrático. Un federalismo que mal funciona y que ha transformado a los gobernadores en verdaderos señores feudales que administran las entidades como propiedad privada, serán objeto de control. Los comentócratas han puesto el grito en el cielo aduciendo que se trata de crear un poder paralelo que servirá para construir un “partido de Estado”.
Es muy difícil combatir la corrupción en nuestro país si los gobernadores y alcaldes continúan haciendo negocios al amparo de su cargo, sin ningún tipo de contrapeso. La pregunta para los críticos sería que explicaran por qué razón estiman que si en lugar de 20 delegados solo existe uno por entidad, ello se deberá traducir en mayor concentración del poder presidencial. Argumentan que no deberían ser miembros de MORENA o haber perdido la elección de gobernador o incluso que deberían ser de otra entidad. Pero lo que es un hecho es que los delegados actuales son cuotas del partido en el poder y no recuerdo a alguno de los comentócratas cuestionando tales designaciones. Hoy, el miedo no “anda en burro”. Pero si no hay un combate real a la corrupción en los tres ámbitos gubernamentales la luna de miel de los ciudadanos con AMLO terminará anticipadamente.
Dr. Víctor Alejandro Espinoza
El Colegio de la Frontera Norte