Un binomio indispensable en toda democracia de calidad es la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, en democracias no consolidadas puede haber procesos de apertura hacia la transparencia sin rendición de cuentas; tal como sucede en nuestro país. La definición de Transparencia que encontramos en los diferentes portales oficiales resulta coincidente: “es la obligación de los sujetos obligados de hacer del conocimiento público la información derivada de su actuación, en ejercicio de sus atribuciones. Tiene por objeto generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza entre el gobierno y la sociedad, de tal forma que los ciudadanos estén informados y conozcan las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información generada por el sector público, en un marco de abierta participación social y escrutinio públicos”.(www.nl.gob.mx/?P=transparencia_acerca). Fácil de describir, muy difícil de cumplir.
La información es poder y eso bien lo saben los políticos y los gobiernos. Por eso se niegan a transparentar, no sólo la información básica de su actividad, sino incluso crean candados legales para evitar la supervisión ciudadana. Por ello, los avances logrados en esa materia son producto de la presión de los ciudadanos; nunca dádivas generosas de los gobernantes.
Bajo gobiernos autoritarios la transparencia y la rendición de cuentas brillan por su ausencia. Sin duda, muchos de los avances en estas materias en sociedades como la nuestra se deben al uso intensivo de las redes sociales. Hoy, la vigilancia principal de las actividades de los gobiernos procede de la ciudadanía virtual. Parece un contrasentido la existencia de gobiernos opacos con la masificación de la comunicación horizontal-ciudadana. Aún así, los gobernantes se rehúsan a transparentar la información y menos a rendir cuentas.
A propósito de ello, FUNDAR, una organización de la sociedad civil, hizo público su monitoreo permanente sobre el ejercicio de la transparencia en México. Publicó el Índice del Derecho de Acceso a la Información en México, que mide básicamente la calidad de las leyes en materia de transparencia. Pese a los avances experimentados desde el año de 2002 cuando se promulga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en México, los avances se dan a cuenta gotas.
En una escala de 1 al 10, donde 10 es la mejor calificación, el país sale muy mal evaluado con una nota de 5.1. Resulta que para llegar a ese promedio, 18 de las entidades salieron mal evaluadas. El peor estado es Hidalgo con una calificación de 4.5 y el mejor: el Distrito Federal con 8.1.
Trece de las entidades obtuvieron la calificación de regular, entre ellas tres del norte de México: Chihuahua con 6.6; Coahuila, 6.9 y Nuevo León 6.3. Los otros tres se ubican en el grupo mal evaluado: Sonora, que obtuvo 5.6; Tamaulipas, 4.8 y Baja California, 5.8. Lo que arrojan estas calificaciones es que la alternancia en el poder no ha resuelto el problema de la opacidad de las administraciones locales. Independientemente del partido en el poder; el México subnacional sigue teniendo gobernantes y gobiernos, que pese a doce años de legislación en la materia, continúan siendo reacios a difundir la información sobre los diferentes rubros de la administración pública. Y eso que no hablamos de la rendición de cuentas: aquí estaría reprobado todo el país.
Insisto, debemos seguir exigiendo a los gobiernos y a las autoridades que transparenten sus actividades; deben entender que la transparencia y la rendición de cuentas son inevitables bajo sistemas políticos democráticos. La opacidad es consustancial al autoritarismo. O sea, nos falta un largo trecho.
