Ante la ausencia de precandidatos en los partidos políticos, la discusión pública se ha volcado en torno a las candidaturas independientes. Los pretendientes a una candidatura sin partido han acaparado la atención y eso sin duda les ha hecho sobredimensionar sus posibilidades de obtener un cargo de elección. Una vez que se designen candidatos (as) en los partidos, sin duda se relativizará la presencia de los independientes.
He sostenido que las posibilidades para alcanzar un triunfo por parte de los candidatos sin partido se incrementan en la medida que el cargo en disputa es de menor rango o ámbito electoral. Es decir, que un independiente tiene mayores oportunidades de ganar una diputación local que una alcaldía; o una alcaldía antes que una gubernatura. Desde luego que Jaime Rodríguez “El Bronco”, actual gobernador de Nuevo León, sería la excepción que confirma la regla. La comparación de un gobierno del estado respecto a la presidencia de la República, sigue esa misma lógica: las posibilidades de obtener una gubernatura son mayores que las de ganar la presidencia del país.
Cuando se aprobó la figura al reformarse el artículo 35 constitucional (9 de agosto de 2012) y su posterior traducción en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, promulgada el 23 de mayo de 2014, no quedó contemplada la posibilidad de que fueran electos de manera directa los regidores y delegados municipales. Todavía más, las reformas a las leyes locales dejaron de lado también esa opción. Era el espacio ideal para que candidatos independientes compitieran con grandes probabilidades de ganar la elección. Los líderes sociales y comunitarios serían ideales para encabezar una candidatura independiente exitosa. Quizás por ello los partidos políticos representados en los congresos locales no quisieron tomar ese riesgo.
Una de las grandes fallas del sistema presidencialista mexicano es que no contempla el destino de quien se sitúa en segundo lugar de una elección. La normatividad para la configuración del Senado y en algunas entidades en el caso de la conformación del Congreso, constituyen una excepción. Al Senado se integran los ganadores de la primera fórmula (2 senadores) y el “mejor perdedor”, es decir el número 1 de la fórmula perdedora. En algunos congresos locales los escaños de la representación proporcional corresponden a los mejores segundos lugares distritales. Parece inconcebible que ese mecanismo, ciertamente incluido de manera natural bajo regímenes parlamentarios, no se haya contemplado para el sistema político mexicano: darle un cauce institucional a quien recibe una alta votación. Por ejemplo, quien obtiene segundo lugar en la disputa de la presidencia de la República debería de convertirse en el líder de la oposición en el Senado; lo mismo quien logra dicho lugar en la disputa de una gubernatura debería acceder al Congreso; y quien se sitúa en segundo lugar en la elección municipal, podría ser el síndico procurador o regidor.
En el caso de las candidaturas independientes sucede algo semejante; a pesar de que puedan obtener un alto caudal de votos, no tienen ninguna posibilidad de transitar hacia un cargo; incluso en aquellas entidades donde la representación proporcional en el Congreso se integra primeramente por aquellos partidos que obtuvieron el porcentaje mínimo para conservar el registro y posteriormente, si “quedaran diputaciones por asignar”, se incluye a los “mejores perdedores”. Pues bien, un candidato independiente de un distrito puede quedar ubicado en segundo lugar, pero obtener más votos que cualquier candidato de partido político y sin embargo no tiene ninguna oportunidad de acceder a una curul de representación proporcional. Esto parece una violación a los derechos políticos de los candidatos sin partido, insisto, sobre todo en aquellas entidades que incorporan la figura de “mejores perdedores” como mecanismo para lograr una integración más coherente con la lógica de la representación política. Incluso considero que si todas las curules de representación proporcional se asignaran por esa vía, desapareciendo los diputados de partido o de lista, habría mayor correspondencia con lo que expresa el voto plural ciudadano. Las fallas del diseño institucional de nuestro maltrecho sistema político presidencialista son más que evidentes.
