Los cambios y transformaciones en el terreno político en México son relativamente recientes. Lo que es un hecho es que el epicentro han sido las reformas electorales de las últimas décadas. No es la excepción el caso del sufragio a distancia. La primera experiencia tuvo lugar en 2006 en la elección presidencial. La puerta para el voto lejano se abrió mediante una reforma constitucional el 31 de julio de 1996 y se plasmó en una ley secundaria algunos años después, el 28 de junio de 2005; apenas 4 meses antes del inicio del proceso electoral presidencial de 2005-2006. El ejemplo se extendió a las entidades.
Desde 2007 tres estados se distinguen por elegir a gobernadores o jefes de gobierno y diputados locales de manera extraterritorial: Michoacán, Distrito Federal y Chiapas (estas dos últimas entidades a partir de 2012). En el caso de Zacatecas, mediante una reforma estatal del 23 de agosto de 2003, se aprobó la elección interna o territorial de las figuras de diputados, presidentes municipales, síndicos y regidores migrantes, hecho que se materializó a partir de la elección del 4 de julio de 2004.
Con la reciente reforma constitucional promulgada el 5 de diciembre de 2013, se abrió la posibilidad de que en todas las entidades de la República se pudieran elegir a gobernadores a distancia y se amplió para la elección federal sufragar por senadores y no solo por presidente de la República; además de que se ampliaron las modalidades del sufragio extraterritorial. Como sabemos, hasta 2012 la única vía de sufragio a distancia era la postal; con la reforma se añadió la entrega de la boleta en las embajadas o consulados y el sufragio por internet (art. 329, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales). A partir de la reforma electoral referida, dos entidades se han sumado al sufragio extraterritorial: Baja California Sur y Colima.
Dos problemas destacan en el ámbito del sufragio extraterritorial: el alto costo del voto individual, relacionado sin duda con la magra participación. Los mexicanos de fuera han sido poco entusiastas a la participación política a distancia. Contra ello se argumentan las dificultades normativas y las modalidades del sufragio. En las dos elecciones presidenciales sólo se ha permitido el voto postal y no se permitía la credencialización en el exterior. En las experiencias locales se introdujo el voto por Internet. Aún así, comparativamente con otros países, cuyo promedio de participación alcanza el 4 o 5 por ciento; los mexicanos no alcanzamos el 1 por ciento de los votantes potenciales.
Así las cosas se han instrumentado reformas para flexibilizar los procedimientos: credencialización en el exterior, voto por Internet, elección de autoridades locales, presidente de la República y senadores. Veremos sus resultados en los próximos procesos electorales. Pero si hay una percepción negativa extendida en la sociedad mexicana sobre todo por los costos del voto (se calcula que en la elección presidencial el voto en el territorio nacional tuvo un costo de 118.40 pesos, mientras que el voto exterior subió a 4,989 pesos). Las noticias acerca de lo ocurrido en la elección del diputado migrante de Chiapas son indignantes y poco ayudan para cambiar la percepción negativa y para motivar a la participación a distancia. Según una nota del periódico El País de España, el diputado electo el pasado 19 de julio, Roberto Pardo del Partido Verde Ecologista de México “ha sido desprovisto de su inmunidad parlamentaria –desaforado– para investigar si robó la identidad de 16.000 electores para ganar su cargo de Diputado Migrante”.(http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/16/actualidad/1450288166_226149.html) Como bien lo señala lo señala el investigador Abel Muñoz Pedraza en redes sociales, “Desde un principio fue extraño observar el gran salto cuantitativo que se dio en las elecciones de diputado migrante de 2012 a 2015. En la primera, se registraron al listado nominal 1,192 personas y votaron 533, mientras que en la segunda el registro alcanzó la cifra de 10,808 y el sufragio de 6,628.
De confirmarse el fraude del Partido Verde en Chiapas (por cierto, partido que una y otra vez ha buscado infringir la ley para obtener beneficios), se estaría tirando a la basura gran parte de la confianza que se ha generado con la realización de elecciones extraterritoriales en México, principalmente entre los diversos actores del sistema político que durante mucho tiempo no vieron con buenos ojos la extensión de los derechos políticos más allá de las fronteras”.
Urge se resuelva la denuncia y concluya la investigación con una sanción acorde con la gravedad de los hechos. El único asidero que tenemos en el ámbito político son los procesos electorales y acciones como la referida vulneran las pocas certezas y se destruye la confianza ciudadana en la democracia electoral.
