Transiciones: Saldos electorales

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Opinión de Víctor Alejandro Espinoza Valle profesor-investigador de El Colegio de la Frontera Norte

miércoles 10 de junio de 2015

Por desgracia se va haciendo costumbre que la expectativa sobre los resultados electorales en Baja California sea conocer el porcentaje de participación ciudadana; o si se quiere, el comportamiento del abstencionismo. Desde 1992, año de la elección local intermedia después de la alternancia en el gobierno estatal, la asistencia a las urnas se ha venido reduciendo de manera consistente. Y esto es válido para comicios locales y federales. Los bajacalifornianos han decidido darle la espalda a los procesos electorales. Este 7 de junio, fecha de los comicios federales intermedios, solamente el 29.54 por ciento de los inscritos en el listado nominal, acudieron a votar. Es el record para cualquier elección en la entidad.

Ese bajísimo nivel de participación sitúa a Baja California como el último lugar a nivel nacional o si se quiere, primer lugar en abstencionismo. Desde luego que un porcentaje de dicho ausentismo en las urnas se explica por el fenómeno migratorio (posiblemente un 15 por ciento), pero existen otros factores. El descrédito y la baja valoración que les merecen a los ciudadanos las élites políticas, así como los partidos políticos, lleva a la conclusión de que no tiene sentido votar. La generalización “todos son lo mismo”, ha llevado a la postura de que el sufragio sólo sirve para preservar los privilegios y la corrupción.

Lo cierto es que tenemos a los representantes que nos merecemos; no surgen por generación espontánea, son producto de una ciudadanía de muy baja intensidad que no vota, no participa, ni se organiza y menos exige rendición de cuentas y transparencia. Para que cambie la clase política tiene que transformarse la llamada sociedad civil. Debemos crear ciudadanía para aspirar a una democracia de calidad.

Históricamente la cultura política en la entidad ha sido bipartidista. PRI y PAN se han repartido las preferencias electorales. En una coyuntura como la actual, las críticas del partido que gobierna en la entidad, el PAN, se centraron en la decisión del Congreso federal de aumentar el IVA en la frontera del 11 al 16 por ciento y fue acompañada por la mayoría de las cámaras empresariales, acusando directamente a los diputados federales priistas de traicionar a la ciudadanía votando a favor del incremento al impuesto; el costo para el PRI ha sido enorme. Dos parecen las consecuencias de dicha campaña monotemática: el PAN se lleva “carro completo”; es decir, si en los cómputos distritales se refrenda el triunfo, los 8 candidatos(as) de Acción Nacional habrán obtenido una diputación de mayoría relativa. Se trata de un registro que no se tenía desde los años ochenta cuando vivíamos en un sistema electoral de partido hegemónico. La otra consecuencia parece ser el voto de castigo con una doble vertiente: por un lado, un alto porcentaje de voto nulo y por el otro, el crecimiento de una tercera fuerza: MORENA.

Efectivamente, si el promedio del voto nulo a nivel nacional fue de 4.88 por ciento, en Baja California alcanzó un 7.51 por ciento, superior al porcentaje obtenido por 7 partidos: PRD, PVEM, PT, MC, NA, Humanista y PES. En este rubro también la entidad obtuvo el registro más alto a nivel nacional. En una sociedad bipartidista, la aparición de MORENA como la tercera fuerza política resulta un dato relevante. MORENA que participaba por primera ocasión desplazó al PRD en la entidad, obteniendo el 12.86 por ciento; el más alto registro histórico para un partido que no sea PAN o PRI. Para muchos ciudadanos voltear los ojos hacia una opción como MORENA se vincula con la idea de que representa una opción de oposición que propone combatir la corrupción que caracteriza a la clase política. Por cierto, es un fenómeno que se repite en otras entidades. Seguiremos analizando los saldos del proceso electoral que deja varias enseñanzas para el futuro inmediato y, sobre todo, para el 2018.

-Dr. Víctor Alejandro Espinoza Valle, profesor-investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública.