Finalmente el pasado sábado 6 de diciembre la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Baja California ratificó lo que se había adelantado: el nuevo rector será el Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández. Era tan previsible el desenlace que algunos nos atrevimos a precisar la votación: 8 de los 11 integrantes de la Junta se manifestarían a su favor; así sucedió.
El método de designación cupular se encuentra agotado; no hay forma de justificar que un grupo de 11 personas decida sobre una comunidad de más de 70 mil estudiantes y trabajadores (académicos y administrativos) sin tomarlos en consideración. Y no se trata de clamar por una democracia directa o de sufragio universal; sino de la existencia de mecanismos reales donde se tome el parecer de todos los integrantes de la institución. No se trata tampoco de realizar foros donde se habla de todo y nada (escuché una perorata sobre la instalación de lámparas en el campus); insisto: es necesario un nuevo diseño institucional donde los integrantes de la comunidad sean considerados mayores de edad.
Independientemente de la trayectoria y méritos de los rectores que son designados por esta vía, asumen el cargo con una diezmada legitimidad y siempre vistos como parte de un grupo o grupos que controlan la Junta. El método de designación desprestigia al nuevo ungido. Por eso para nadie es conveniente que los rectores sean nombrados por esta vía, porque la percepción generalizada es que el requisito para ser rector es ser dócil para el grupo en el poder y por el contrario se piensa que los méritos profesionales juegan en contra de una candidatura pues representan la posibilidad de una administración independiente. Además, sabemos que el método inhibe la participación de candidatos(as) con un alto perfil, pero que no gozan del visto bueno del grupo en el poder.
Y no se trata de dudar de la honorabilidad de los miembros de la Junta de Gobierno (aunque bastante cuestionable en alguno(as) de ellos); su papel en un modelo obsoleto y predecible los desacredita. Eso es lo que deben entender los universitarios: incluso si se decidiera continuar con esa instancia, los ex rectores no deberían formar parte. La tentación de perpetuidad es una constante. Hay universidades que prohíben expresamente esta circunstancia, la UNAM es un buen ejemplo. Cuando recién fue nombrado el actual rector, Felipe Cuamea Velázquez, tuve oportunidad de charlar con él y me permití decirle que si al menos impulsaba la reforma para que los ex rectores no pudieran ser parte de la Junta de Gobierno, pasaría a la historia universitaria como un rector que gozaría de amplio reconocimiento. Me dijo: “vas a ver que lo voy a hacer”.
Hoy que la designación se ha consumado, estamos ante una coyuntura favorable para que el Congreso local impulse los cambios que le urgen a la UABC, sin el argumento de que se trataría de incidir en el proceso sucesorio. Es necesaria una nueva Ley Orgánica que permita depositar en el Consejo Universitario la facultad de designación del rector y del resto de autoridades y que elimine el papel de la Junta de Gobierno. Pero además, un Consejo Universitario electo por las comunidades de los diferentes sectores que lo integran. Y no se trata de violación a la autonomía ni de descalificación de los logros universitarios. El Congreso tiene facultades constitucionales para resolver la crisis de legitimidad que encara la UABC derivada de la negativa de modernización en el terreno de su gobierno. Sin ello los discursos triunfalistas suenan hueco.
-Dr. Víctor Alejandro Espinoza Valle, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública.
