La suspicacia que despierta el tema del costo de los procesos electorales en nuestro país es permanente y se exacerba lógicamente durante el periodo de elecciones. El tribunal ciudadano ha decretado que los comicios son «muy caros». No es este por cierto el único caso que recibe ese calificativo: los congresos (tanto federal como estatales) han sido evaluados tradicionalmente de manera negativa tomando en consideración el indicador de costo económico.
Hay países, como Estados Unidos, donde han optado porque sus elecciones sean financiadas con recursos privados de manera exclusiva. Al hacerlo así, han prescindido también de aparatos electorales sofisticados (como por ejemplo un Instituto Federal Electoral -IFE-). Los candidatos y partidos políticos se gastan lo que quieren en sus campañas. Eso permite que excéntricos millonarios puedan alcanzar caudales importantes de votos; recuérdese por ejemplo al ultraconservador tejano Ross Perot quien en 1992 y 1996 fuera candidato presidencial independiente.
En México optamos por un sistema público de financiamiento: sobre todo para evitar el dinero sucio. Imaginemos que fuera diferente y que «cualquiera» pudiera financiar campañas: sería un magnífico negocio para lavar dinero. El financiamiento público obliga a crear aparatos sofisticados para organizar y vigilar las elecciones y los gastos de los partidos. Pero nadie parece quedar satisfecho.
Hay costos que se podrían disminuir, en eso estamos de acuerdo. Por ejemplo, si lográramos hacer coincidentes los comicios federales y locales. La concurrencia electoral aumenta la participación y disminuye gastos de organización y propaganda. Aunado a ello, diferentes voces hemos expresado la necesidad de transitar a un Instituto Nacional Electoral (INE) que sea el órgano encargado de organizar todas las elecciones en el país. Con ello nos ahorraríamos el costo de 32 institutos locales; o buena parte, porque hay que agregar al presupuesto del INE los recursos para organizar los comicios locales. La base de este nuevo instituto sería el IFE. Ya hay un avance pues la propuesta se integró al Pacto por México.
El presupuesto del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California para este año asciende a 276 millones de pesos, de esa cantidad a los partidos les corresponde un total de 43 millones y medio para gastos electorales. El costo de los comicios se relativiza cuando comparamos el dato con el número de votos emitidos; si se incrementa la participación se reduce el costo del voto; en cambio si aumenta la abstención aumenta el costo del voto.
Un problema adicional es que los recursos que reciben los partidos no son los que se gastan en las campañas; es decir, que hay una especie de acuerdo no escrito de que todos los partidos rebasarán los topes de campaña. No alcanzarían los recursos ni siquiera para los espectaculares que vemos en las cinco ciudades.
Estamos ante un serio dilema: es mucho lo que se gasta, pero no alcanza para una campaña exitosa. Y eso que ya no vemos tapizada la vía pública como antaño. Y tampoco se permite la compra de tiempos en medios electrónicos por partidos, candidatos o particulares. Anteriormente el 60% de las prerrogativas iba a las principales consorcios radiofónicos y televisivos.
En conclusión, tenemos que iniciar la discusión nacional acerca del financiamiento de partidos, campañas y órganos electorales; en el plano de los costos y en el de la legitimidad. La realidad ha rebasado a las normas y a las instituciones.
