¿Cómo puede explicarse que en algunas entidades se pongan trabas a las candidaturas independientes, por encima de lo que establecen las normas federales, mientras que algunos de los principales partidos políticos nacionales (PRI, PAN, PRD, MC o PES) se manifiestan contra dichos obstáculos y más aún proponen cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) con el objeto de flexibilizar los requisitos para quien aspira a una candidatura independiente? ¿Simple esquizofrenia política?
El autor de la frase que le da título a este artículo es Lorenzo Meyer, a quien se la escuché en reciente programa televisivo. El investigador abonaba a una hipótesis que recientemente me he permitido formular tomando en cuenta esas ideas y otras de analistas que han argumentado en torno a las posiciones sobre las candidaturas independientes de reciente aparición en el panorama político nacional, concretamente en las elecciones concurrentes del 2015.
En varios estados los congresos han aprobado restricciones que contravienen lo establecido en el Libro Séptimo de la LGIPE (De las Candidaturas Independientes). Sobre todo aquellas referidas al porcentaje de firmas y al tiempo con el que cuentan para recabarlas. A nivel federal se establece un 2 por ciento para candidaturas a diputados (del listado nominal del distrito); mismo porcentaje que para candidato al Senado (del listado nominal de la entidad); así como 1 por ciento para presidente de la República. Los plazos para recabarlas son 60, 90 y 120 días, respectivamente. En varias entidades, como Baja California, aumentaron el porcentaje y redujeron los tiempos para recabar firmas. Se exige el 2 por ciento de firmas del listado nominal de la entidad para candidatos a gobernador; 2.5 por ciento para alcaldes y 3 por ciento para diputados. Los plazos se recortaron para los aspirantes a gobernador (60 días), las alcaldías a 42 y a 29 para los diputados. Por ejemplo en Puebla, que aparte de aumentar el porcentaje al 3 por ciento a las candidaturas, se estableció el requisito de que quienes lo apoyen tienen que comparecer personalmente ante el órgano electoral y el plazo se redujo a 20 días. En Veracruz los candidatos deben de demostrar “gozar de buena fama pública”. Podría seguir enumerando los obstáculos incorporados por la clase política local a las candidaturas mediante las llamadas “Leyes Antibronco” en las entidades, pero no es necesario. Al asumir una posición restrictiva le han dado un palo al avispero: la reacción abona al descrédito de los partidos políticos, fuente de legitimidad de las candidaturas independientes.
Sin embargo, varios partidos políticos, señaladamente el PRI y el PAN, se han inconformado en el ámbito nacional y solicitado una legislación que haga homogéneas las reglas en todas las entidades, y aún más, flexibilice los requisitos para alcanzar una candidatura. ¿Es esto esquizofrenia política? ¿Quiere decir que las élites locales van por un camino y las nacionales por otro? Muestra que hay poderes con relativa autonomía respecto a las directrices centrales y que actúan a partir de los intereses de los grupos y élites locales. Las lagunas de la legislación las han tratado de cubrir los poderes locales para evitar la competencia. Pero la visión de las dirigencias nacionales es más inteligente. Saben que la proliferación de candidaturas independientes abona a la fragmentación política y afecta a los partidos minoritarios. Entre más candidatos en la arena política, aumentan las probabilidades para que los partidos mayoritarios obtengan el triunfo. Aún en elecciones competidas, los grandes partidos movilizan a su “voto duro” para superar a los partidos minoritarios y candidatos independientes.
En contextos locales bipartidistas, la fragmentación del voto será más evidente y beneficiará a los dos partidos mayoritarios. Las dirigencias nacionales lo saben bien y apuestan a rebajar los requisitos para las candidaturas independientes. Quedan bien frente a sus detractores y ganan en continuidad gubernamental. Es una apuesta inteligente para su causa.
