El gobierno federal ha mostrado compromiso hacia la protección y conservación de los sistemas socioecológicos. Recientemente, la Semarnat informó que a la fecha se han decretado 43 nuevas áreas naturales protegidas (ANP), haciendo un total de 225 y una cobertura de 93,944,064 ha, en 23 estados. A ello se adicionan 1,234,036 ha de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación. La expectativa es que estas disposiciones coadyuven a mejorar las condiciones ecológicas y sociales del país. Empero, es patente que los rezagos acumulados durante décadas no podrían haberse solventado en cinco años; muchos pendientes siguen en el tintero.
Una tarea faltante es el control de los residuos peligrosos (respel); la región emblemática ha sido la frontera México-Estados Unidos. A lo largo de la divisoria entre ambos países han ocurrido desencuentros por razón del transporte transfronterizo de respel. Sirve recordar que la industria ha sido el motor del crecimiento, que inició su avance a mediados de los años sesenta del siglo pasado mediante el Programa de Industrialización de la Frontera, que permitió el establecimiento de las «maquiladoras» (plantas ensambladoras de partes para la posterior exportación de productos terminados) y que éstas se convirtieron en responsables tanto del auge económico como de la contaminación.
Ya en los setenta la región experimentaba un deterioro de sus recursos naturales y de la calidad de vida. Era común hallar residuos tóxicos y peligrosos, y agentes biológicos infecciosos, en la periferia de asentamientos urbanos, llegando a significarse como serias amenazas para la salud. Y pese a que desde los ochenta las autoridades de una y otra nación decidieron atender los problemas comunes (en 1983 nació la «franja fronteriza», entendida como la banda que corre por la divisoria y se extiende 100 km en cada lado de las fronteras terrestre y marítima) los problemas no disminuyeron. Por el contrario, México pronto se convirtió en el vertedero del vecino al norte. La generación de respel de compañías estadounidenses hospedadas en el país demandó una infraestructura ambiental con la cual nunca contó; y a ello se aunó el vergonzoso soslayo a los estamentos legales mexicanos.
Puede alegarse que las condiciones de la franja no han empeorado gracias a organismos bilaterales y trilaterales, creados por los socios del TLCAN (ahora T-MEC), pero no hay duda de que el negocio tiene que seguir; la dinámica económica se las ha ingeniado para continuar boyante con inversiones mínimas en materia ambiental. Un informe de 2023, de Gottesfeld, Chávez, y Macías, sobre contaminación de suelos cerca de plantas recicladoras de baterías de plomo en Nuevo León y Jalisco que importan dichos materiales desde Estados Unidos, arroja dos datos contundentes: (1) México tiene estándares ocupacionales y ambientales poco rigurosos, y ha menospreciado sus propias regulaciones, por lo que es destino de 75-95% de la exportación de baterías estadounidenses; (2) análisis de suelos revelaron concentraciones de plomo cuyo promedio excedía en más de seis veces el estándar mexicano de 800 ppm para áreas industriales.
La contaminación en la franja al norte puede haber disminuido, aunque al costo de llevar los respel al sur. Esperemos que la próxima administración federal preste atención a este delicado asunto.
Ricardo V. Santes Álvarez
El Colegio de la Frontera Norte
