El lunes 18 de julio, el presidente Enrique Peña Nieto pidió perdón a los mexicanos, sostuvo: “No obstante que me conduje conforme a la ley, este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno. En carne propia sentí la indignación de los mexicanos. La entiendo perfectamente. Por eso con toda humildad les pido perdón. Les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio e indignación que les causé.» Se refería a la llamada Casa Blanca, que supuestamente fue adquirida por su esposa, Angélica Rivera, al grupo Higa, contratista del gobierno del Estado de México, mediante un préstamo personal.
Sin duda, el caso de la Casa Blanca ha sido el de mayor costo político para Enrique Peña Nieto. Tan es así, que casi dos años después de que se diera a conocer por la periodista Carmen Aristegui, salió a pedir perdón. Una crisis muy mal manejada, como otras, por sus asesores. El triste y vergonzoso papel de Virgilio Andrade, designado como secretario de la Función Pública para “investigar” el probable conflicto de interés del presidente, es prueba fehaciente del pésimo diseño de la estrategia para manejar la crisis que padeció la casa presidencial. Se me dirá que finalmente Andrade exoneró al titular del Ejecutivo y para él eso es lo importante. Pero en el ánimo social se impuso la idea de que Andrade se prestó de “tapadera” de la familia presidencial.
El fenómeno de la corrupción, como lo muestran las encuestas, se ha impuesto al tema de la violencia o de la inseguridad como el problema más acuciante para los mexicanos. Eso es decir mucho, si vemos lo que sucede diariamente, sobre todo, en algunas zonas del país en el tema de homicidios o robo con violencia, por ejemplo. El costo del escándalo de la Casa Blanca lo podremos medir en toda su magnitud en la elección presidencial de 2018. ¿Cuánto afectó a la credibilidad y legitimidad de Enrique Peña Nieto?
Horas antes de la promulgación de las 7 leyes secundarias que dan forma al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), renunció Virgilio Andrade. No se puede decir que será su último cargo público; seguramente irá a la “banca” por un tiempo y luego reaparecerá tan campante. Así funciona el sistema, y esto no lo resuelve el SNA.
Una vía para que el presidente y su partido puedan recuperar credibilidad y así enfrentar las elecciones de 2018 en mejores condiciones, es que las leyes anticorrupción se instrumenten de inmediato. Hacer realidad la promesa de que los delitos por corrupción no prescriben sino hasta después de 7 años y que pronto los ciudadanos puedan comprobar que sus denuncias son atendidas y tienen consecuencias. El presidente está contra reloj y lo sabe.
Para empezar se deberá constituir un Comité Coordinador (del SNA) presidido por un ciudadano y que estará integrado por la Auditoría Superior de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y la Secretaría de la Función Pública. Por cierto el titular de esta última deberá ser ratificado por el Senado. Será fundamental que no se pierda tiempo en el nombramiento del ciudadano(a) que presidirá en nuevo órgano; del prestigio que goce éste dependerá la legitimidad del nuevo Comité Coordinador.
Urge que los órganos internos de control (OIC) de las dependencias y entidades de las administraciones públicas sean designados por otro método. No es posible que continúen a las órdenes de los titulares de las instituciones. Se trata de una aberración que ha permitido la corrupción por parte de muchos funcionarios públicos. Se convirtieron en “tapaderas” de las tropelías de dichos titulares ante estructuras tan verticales. Más que para combatir la corrupción, los OIC fueron utilizados para castigar a servidores públicos que caían de la gracia de sus jefes. Urge una señal clara desde abajo. Insisto, el presidente y su partido están contra reloj.
Dr. Víctor Espinoza Valle
Investigador del Departamento de Administración Pública de El Colegio de la Frontera Norte
