Escribo este martes 2 de octubre, cinco décadas después de la matanza de la Plaza de las Tres Culturas. Hemos sintetizado en una fecha lo que fue un proceso que tuvo su detonante en el mes de julio de aquél año en el centro de la Ciudad de México, cuando después de un juego de tochito entre estudiantes de la preparatoria particular Isaac Ochoterena y de la Vocacional 5 del Politécnico Nacional se liaron a golpes y el ejército decidió entrar a las instalaciones de esta última y golpear a los estudiantes. El presidente Gustavo Díaz Ordaz veía en este pleito inocuo el germen de una conspiración comunista para impedir la realización de los juegos olímpicos.
El movimiento del 68 significó un punto de inflexión en la historia del país y para no pocos analistas debemos remontarnos hasta esas fechas para explicar la transición política mexicana. Como fuera, el movimiento del 68 fue la ruptura de las clases medias con el régimen que las había beneficiado económicamente a cambio de la sumisión política. Un régimen autoritario que no admitía ningún tipo de demandas estudiantiles menos cuestionamientos al presidente de la República y a los mandos policiacos y militares. En aquella ocasión los operativos represores tuvieron la cobertura de la prensa oficial y sólo la acción estudiantil de comunicación directa con la población logró romper el cerco informativo.
El régimen autoritario mexicano se extendía a lo largo de las entidades. En ellas se vivieron “pequeños 68s” en los cuales los universitarios fueron los protagonistas. Sin excepciones y a semejanza de su jefe Gustavo Díaz Ordaz los gobernadores eran amos y señores de sus estados. El control de los medios de comunicación era total y cualquier inconformidad era calificada de amenaza para estabilidad del país. Pero desde luego que hubo grados de radicalismo en los jefes del Ejecutivo, durante y posterior al diazordacismo. En el caso de Baja California la historia negra la abandera Roberto Bob de la Madrid Romandía, gobernador durante el periodo presidencial de su amigo José López Portillo.
Bob se distinguió por la intransigencia mostrada contra toda demanda laboral al grado de calificar cualquier reivindicación salarial como una amenaza comunista. Los sindicalistas fueron perseguidos pero fue implacable en su asalto a la Universidad Autónoma de Baja California. Viendo la oportunidad de controlar a los sindicatos universitarios a partir de la llamada “Ley López Portillo” que negaba la posibilidad de un contrato colectivo para un Sindicato Único de Trabajadores Universitarios (SUNTU) y a cambio permitía contratos por universidad, y ordenaba que se otorgaran mediante un recuento a las agrupaciones mayoritarias. Bob de la Madrid junto con el entonces rector Rubén Castro Bojórquez decidieron violar la ley y otorgar la titularidad de la relación laboral a los sindicatos oficialistas recién creados. Fue un golpe sorpresivo para las organizaciones más antiguas y mayoritarias de la universidad: el Sindicato de Trabajadores Académicos y el Sindicato de Trabajadores al Servicio de la UABC -administrativos (STA y STS, respectivamente).
No hubo otra alternativa que irse a la huelga en condiciones de fragilidad, pues nunca hubo tiempo para su preparación. Las banderas rojinegras se colocaron el 17 de noviembre y se mantuvieron hasta el 7 de enero de 1981 cuando grupos de porros asaltaron las instalaciones destruyendo todo a su paso. Aquella difícil resistencia hubiera sido imposible sin el apoyo de los estudiantes sobre todo para sobrevivir a la Navidad y Año Nuevo de aquel 1980. El desenlace fue un duro golpe para la vida universitaria y la cultura de la entidad. La represión implicó el exilio para cientos de profesores, investigadores y estudiantes y la cerrazón por décadas de las publicaciones y los espacios culturales independientes. Fue nuestro 68, que dejó marcada a aquella generación y de cuyas formas autoritarias de gobierno todavía no se recupera la universidad local. La transición que no ha llegado al estado se resiste a dejar los cotos de poder que deberán dar paso a nuevas formas de gestión democrática donde se respeten las diferentes formas de pensamiento y los profesores, trabajadores manuales y administrativos y estudiantes dejen de ser concebidos como menores de edad sin capacidad de decisión. Al tiempo.
Víctor Alejandro Espinoza
El Colegio de la Frontera Norte