El pasado 15 de enero, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) dictó medidas inhibitorias cautelares para que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), “se abstuviera de realizar manifestaciones cuyo contenido puede ser de naturaleza electoral”. Posteriormente, el día 17 de febrero, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), revocó el acuerdo del Consejo General del INE, basada sobre todo en la extralimitación del órgano electoral nacional pues incluyó en dichas medidas cautelares a todos los servidores públicos, cuando la medida debería ser sólo para el caso de “un servidor público”; asimismo dejó en manos de la Comisión de Quejas el dictar dichas medidas en todos los supuestos, cuando esta instancia no es competente.
Independientemente de la lectura estrictamente legal de ambos dictámenes, me parece pertinente valorar sus derivaciones políticas para el futuro de las contiendas electorales mexicanas en el contexto de la nueva normalidad democrática.
Desde mi punto de vista, para su decisión el INE se basó en lo que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, concretamente en la fracción 1 del artículo 134: “Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión de las jornadas comiciales, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia”.
Consideraron que las conferencias mañaneras podrían prestarse para que el presidente de la República las utilizara como medio de “propaganda electoral”. Primero se habló de que debería suspenderse toda la emisión de las conferencias y posteriormente se acotó a la prohibición del tema electoral. Obviamente, Presidencia interpuso un recurso legal ante el TEPJF y éste decidió dejar sin efecto las medidas cautelares emitidas por el INE.
Las razones que llevaron al Legislativo a incluir en la legislación electoral el artículo referido fueron la inequidad en la elección presidencial de 2006 y la intromisión del presidente Vicente Fox para favorecer al candidato del PAN, Felipe Calderón Hinojosa. Eran otras las condiciones en el país: los principales medios de comunicación (radio, televisión y prensa escrita) estaban a favor de los gobiernos del PAN y del PRI y no cuestionaban al presidente. La intromisión presidencial ahondaba la inequidad.
Hoy las relaciones de la prensa con el poder se han modificado radicalmente. Los grandes medios de comunicación son opositores al gobierno encabezado por AMLO. Al mismo tiempo, han invertido grandes cantidades de dinero en redes sociales para llevar a cabo la estrategia de desgastar al gobierno cuyo objetivo es que pierda la mayoría en la Cámara de Diputados y los diferentes cargos locales en juego en este año; así como ganar la revocación del mandato presidencial en 2022 o las elecciones presidenciales en 2024. Impedir al presidente manifestarse políticamente durante el proceso electoral y ejercer lo que él llama su “derecho de réplica” introduciría una peligrosa inequidad en las contiendas y pondría en peligro la democracia en nuestro país.
La decisión del TEPJF abre la puerta a la discusión de la posibilidad de que el presidente y los funcionarios puedan opinar sobre el proceso electoral; una característica normal de las democracias consolidadas a nivel internacional. La condición es que exista plena libertad de expresión, como la que hoy vivimos en nuestro país. Habrá quien no esté de acuerdo con esto último. Pero la memoria es fundamental para recordar cómo en años anteriores criticar al jefe del Ejecutivo tenía las peores consecuencias; era impensable llegar a los niveles a los que se ha llegado hoy. Sin espacios en los medios de comunicación masivos el presidente y los funcionarios serían presa de los peores linchamientos y se encontrarían siempre en una posición de debilidad que dañaría los equilibrios democráticos. Es el momento de replantearnos la relación de los presidentes y los funcionarios con los procesos electorales. Incluso, como sucede en otros países, valorar la posibilidad de que participen en actividades abiertas de proselitismo a favor de los candidatos de su partido. O limitamos o restringimos las libertades; ese parece el dilema actual.
Dr. Víctor Alejandro Espinoza
El Colegio de la Frontera
