A la memoria de José Fierro
Durante la reciente visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a Baja California prometió formar una mesa con especialistas para evaluar los impactos de la instalación y puesta en operación de la planta cervecera Constellation Brands en el Valle de Mexicali.
Nunca un proyecto de tan cuantiosa inversion había implicado una polarización social como la que se ha vivido durante los últmos años. Para los empresarios y el gobierno del Estado, la operación de la cervecera es positiva desde donde se le analice: derrama económica, creación de empleos, compra de insumos para la operación. Para quienes se oponen, los beneficios económicos no se comparan con los daños ambientales e hídricos. Las movilizaciones ciudadanas en contra han sido las mayores en la historia de la entidad.
La firma que avala a la cervecera tiene su asiento en New York y se llama Economic Incentives Group. El proyecto ha sido denominado “Gateway” e incluiría además de producción de cerveza, alimentos. En el Valle de Mexicali produciría para el mercado exterior, es decir, solo para exportación las marcas Corona Extra, Corona Light, Modelo Especial, Modelo Negra y Pacífico. La inversion proyectada es de 2 mil millones de dólares y se habla de la creación de 4 mil empleos indirectos en la construcción y mil directos en la operación. El pequeño detalle es que para la producción de cerveza se requieren de al menos 20 millones cúbicos de agua cada año, durante los próximos 50 años. Una cantidad de líquido vital tan importante que amenazaría el consumo de todo el estado pues aún los municipios costeros reciben el agua del mismo acuífero.
El fundamento legal para la instalación de Constellation Brands fue la aprobación de la Ley de Asociaciones Público Privadas por parte del Congreso local el 22 de agosto de 2014. En ella se garantizó la posibilidad de llevar a cabo proyectos de desarrollo de infraestructura de manera compartida entre particulares y gobierno. Los requerimientos básicos exigidos por la firma al gobierno del estado son de llamar la atención. El especialista de El Colef, Alfonso A. Cortez Lara, los resume así: “Un polígono de terreno con topografía regular y potencial de uso del suelo requerido (industrial); infraestructura necesaria (energía eléctrica, carreteras, vías de ferrocarril, cercanía con puertos aéreos, etc.); disponibilidad de servicios y mano de obra de buena calidad; distancia adecuada a los centros de consumo y mercado de materias primas y disponiblidad de agua “por los próximos 50 años, de un suministro de al menos 20 millones de metros cúblicos anuales”. La respuesta gubernamnetal fue concederlo todo.
Por fortuna, el CONACYT solicitó la opinion técnica del especialista de El Colef que ha sido muy útil para zanjar los argumentos interesados de quienes defienden la instalación de la cervecera y que serán de gran utilidad para la comision que ha decidido crear el presidente de la República. En el amplio documento titulado “Opinión técnica sobre la MIA (Manifestación de Impacto Ambiental) y otros documentos oficiales del Proyecto de Construcción y Operación de la Planta Cervecera Constellation Brands en Mexicali, Baja California”, Cortez Lara sostiene: “La falta de exigencia de la SPA (Secretaría de Protección al Ambiente) que no observa que en materia de aguas subterráneas que se analizan a través de tres simulaciones en la Manifestación de Impacto Ambiental, existe un declarado impacto en el abatimiento del acuífero regional y consecuente concentración salina en la zona de donde se pretende extraer agua para la planta cervecera”.
En resumidas cuentas el análisis técnico concluye que la operación y el volumen de agua requerido por la cervecera Constellation Brands abatirá el acuífero y generará salinidad en el Valle de Mexicali. El impacto ambiental negativo es innegable. El gobierno de la República tendrá la última palabra a pesar de las presiones que ejercerá la cervecera y los empresarios beneficiados, así como el gobierno del estado. Una obra como la aquí referida que daña el ecosistema no se puede justificar bajo el argumento que generará empleo. Mil empleos permanentes no puede ser la moneda de cambio para dejar sin agua a los bajacalifornianos. Eso se llama hipotecar el futuro.
Dr. Víctor Alejandro Espinoza
El Colegio de la Frontera Norte