Una de los conquistas más importantes en términos de derechos sociales, económicos y políticos es seguramente la ley de Nacionalidad, publicada el 23 de enero de 1998 y conocida popularmente como la “Ley de no Pérdida de la Nacionalidad”. Se trata de uno de los grandes logros que, pese a que fue concedida por una suerte de “sentimiento de culpa” hacia los migrantes debido a su aporte económico vía el envío de remesas, su impacto e importancia trascenderá con el tiempo. Resulta que por el prurito de no perder su nacionalidad, muchos mexicanos que habían adquirido la residencia legal en Estados Unidos (y en otros países en menor proporción desde luego), no accedían a la ciudadanía estadounidense pues perdían automáticamente la nacionalidad mexicana.
También se buscaba, con la nueva ley, que al adquirir otra ciudadanía los mexicanos de fuera no dejaran de invertir en propiedades y otros negocios en nuestro país, es decir dejaran de enviar recursos. Pese a que el objetivo de la ley fue evidentemente económico, lo importante han sido sus efectos no buscados. El impacto para las comunidades de mexicanos en Estados Unidos ha sido favorable, ya que se trataba de una población con un porcentaje muy bajo de adquisición de la ciudadanía; ello ha ido cambiando. Según Pablo Mateos, en un artículo de La Jornada (“Apátridas o doble ciudadanía”, 5 de enero de 2014), 15.4 millones de personas poseen la doble nacionalidad (estadounidense y mexicana), incluyendo a los 3.5 millones de mexicanos en Estados Unidos que están en condiciones de obtener la naturalización.
Esa población, que bien podría ser equivalente a la de un país pequeño, formalmente debería de tener grandes oportunidades para su desarrollo social y profesional: podría educarse y trabajar en cualquiera de los dos países. La mayoría de quienes cuentan con la doble nacionalidad vive en Estados Unidos; a diferencia de de los residentes legales (green card) o de los indocumentados, su estatus les permite ser ciudadanos de pleno derecho. Sus condiciones para hacer frente a su desarrollo y a aspirar a una mejor calidad de vida son muy superiores a los residentes legales y no se diga a los “sin papeles”.
Pero no todo es color de rosa, el problema es que dentro de esos 15 millones de ciudadanos de doble nacionalidad, el autor incluye a un grupo que alcanza a 670 mil niños que nacieron en Estados Unidos pero viven en México en condiciones desfavorables en virtud de que tuvieron que salir pues sus padres fueron expulsados de Estados Unidos por ser indocumentados. No cuentan con documentos en México que les permitan comprobar su identidad mexicana: “Como resultado, pese a su condición de ciudadanos múltiples, muchos niños sufren graves carencias de derechos en cuanto a su integración social en México, especialmente su exclusión o marginación del sistema educativo”; la mayoría vive en zonas rurales. Urge una acción decidida por parte del gobierno mexicano para regularizarlos y evitar que a su condición de pobreza se agregue la falta de documentos: que dejen de ser indocumentados en su país.
Creo que la mayor incomprensión sobre el fenómeno de la doble nacionalidad se registra en México; si bien comienza a cambiar la percepción sumamente negativa de quienes nacieron en Estados Unidos o adquirieron la ciudadanía, persisten los estereotipos. Por ejemplo, es muy común que durante la narración de un partido de futbol se refieran a un jugador de doble nacionalidad como el “gringo”; o siempre digan: “el estadounidense” cuando es también mexicano por nacimiento (al ser hijo de padre o madre nacidos en México). Todavía hay algunas situaciones ambiguas o que limitan los derechos sociales y políticos de los mexicanos que nacieron en el extranjero. Hay constituciones locales más restrictivas respecto a la federal; por ejemplo la de Baja California. Un mexicano por nacimiento nacido en Estados Unidos puede ser presidente de la República pero para ser alcalde, gobernador o diputado local debe renunciar a la ciudadanía estadounidense. O hay determinados cargos, de menor rango que un secretario de Estado, que tienen limitantes explícitas, como la tramitación del Certificado de Nacionalidad Mexicana y que exige la renuncia a la ciudadanía estadounidense. Será interesante en otra ocasión referirme a quienes cuentan con la doble nacionalidad y viven en una condición binacional en la frontera.
