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Opinión de Víctor Alejandro Espinoza Investigador de El Colegio de la Frontera Norte

jueves 17 de junio de 2021

El proceso electoral ha sido complicado y agotador Será la edad o será el sereno pero seguramente el escenario en el que tuvieron lugar las elecciones 2021 es causante de este esfuerzo adicional que se tuvo que hacer para llevar a buen puerto los comicios. He vivido desde dentro la organización de siete procesos electorales: tres presidenciales (2006, 2012 y 2018), tres intermedios federales (2009, 2015 y 2021) y uno local: 2019. Sin embargo, este 2021 tuvimos elecciones concurrentes por primera ocasión en la historia de Baja California.

Sin duda, los protocolos que hubo que instrumentar antes y durante la jornada electoral significaron un sacrificio mayor para todos los que participaron en la organización, preparación y desarrollo de los comicios. En ninguno de los procesos aludidos vi mayor dificultad para que los ciudadanos se integraran como capacitadores y supervisores electorales. En el distrito en el cual soy consejero distrital del Instituto Nacional Electoral (08 de Baja California), tuvimos que llevar a cabo siete convocatorias públicas. Pero si fue complicado contratar a todo el personal de apoyo, la reticencia de los ciudadanos insaculados a fungir como funcionarios de mesas directivas de casilla fue mayor. 

La pandemia complicó aún más una parte central de la organización electoral: la ubicación de las casillas únicas. Algunos de los lugares tradicionales no pudieron ser utilizados. Hubo directores de escuelas que no respondieron y otros propietarios se negaron a que sus domicilios se utilizaran de nuevo. Esto dificultó aún más los trabajos preparativos.

La capacitación de los ciudadanos fue otra de los grandes desafíos del proceso electoral: a diferencia de otros años cuando los capacitadores acudían a los hogares de los ciudadanos seleccionados o cuando éstos podían asistir a instalaciones públicas, esto se tuvo que limitar y optar por lugares al aire libre. No siempre fue posible que los ciudadanos accedieran a acudir a otros sitios que no fueran sus domicilios. Fue una labor titánica de parte de los capacitadores y supervisores electorales.

La jornada electoral tuvo complicaciones derivadas de la cantidad de paquetes a recibir (628 en mi distrito) que por normatividad deben recibirse de manera ininterrumpida. Hubo paquetes que arribaron hacia las 6 de la mañana del lunes 7. Como sabemos cada acta debe ser “cantada” por el vocal ejecutivo de la junta, requisito absurdo pues a la 10ª. acta nadie pone atención, sobre todo cuando las diferencias entre primero y segundo lugar son tan pronunciadas. Otro tanto aconteció durante los cómputos distritales (recontamos el 92% de las casillas). Como se trataba de elección concurrente, una gran cantidad de boletas fueron depositadas en paquetes equivocados, lo que obligó al intercambio entre el INE y el Instituto Estatal Electoral. El resultado: horas de trabajo extra por los protocolos minuciosos que se deben aplicar.

Al final, se cumplió el compromiso, pero considero que el costo humano es enorme e injusto. Debe haber necesariamente una reforma electoral que descargue al INE del exceso de atribuciones y la sobrecarga que genera no solo para el personal del Servicio Profesional, sino para quienes son contratados de manera temporal. En primer lugar, hay una sobrerregulación que se traduce en protocolos sumamente complejos; a eso se suman los tiempos perentorios de cualquier actividad, pero sobre todo la cantidad de documentación que se elabora (actas, acuerdos, supervisiones, etc.) todo en plazos que obligan al personal a no dormir por varios días. Claro, todo ello sin horas extras. En la base de la explicación está la desconfianza que obliga a un barroquismo procedimental anacrónico, con un desgaste brutal del personal. 

Quien quiera realmente conocer lo que sucede en una elección lo puede vivir y observar en los 300 distritos. Muy lejos del glamour del órgano máximo. La sobrerregulación y excesivas atribuciones se resuelven en las juntas y consejos distritales. Pero considero que el trabajo se pudiera aligerar considerablemente. No es justo que el requisito para formar parte del servicio profesional sea prescindir de la vida privada. Hay mucha tela de donde cortar: avanzar hacia centros de votación, urnas electrónicas, voto adelantado y que la fiscalización y los procedimientos sancionadores pasen a ser atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En definitiva, hacer menos burocrático y más flexibles los procesos, entre otros cambios. Claro que se puede y se debe, espero que el Congreso los incluya en la próxima reforma electoral.

Dr. Víctor Alejandro Espinoza Valle

El Colegio de la Frontera Norte