El pasado 3 de febrero se reunieron en Mexicali, la Gobernadora del Estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, el Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar y las titulares de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos, esto para efecto de anunciar lo que he venido mencionando de manera reiterada desde hace tiempo: la posibilidad de implementar medidas adicionales a los recortes en las entregas de agua del río Colorado, mismos que se han estado realizando desde 2021. En esta reunión también se anunció el inicio de mesas de trabajo a finales de febrero, lo anterior es motivado por el contexto adverso de megasequía con tendencia de largo plazo que afecta las fuentes de agua de los ocho estados nacionales usuarios de la cuenca hidrográfica del río Colorado y desde luego a la zona urbana y agrícola fronteriza de Baja California.
En este sentido, subrayo que para lograr la efectividad y eficacia de las estrategias y acciones que se vayan a revisar, analizar, proponer e implementar, se deberá tener altura de miras para lograr la seguridad hídrica en el corto, mediano y largo plazo, además de ser diversas, multisectoriales y enfocadas a abordar enfáticamente la gestión de la demanda, es decir, la reducción del consumo en el campo y la ciudad. Además, éstas deberán mostrar un equilibrio con las medidas que se adopten respecto a la gestión de la oferta, es decir, la generación de nuevas fuentes de agua. A este último respecto, se debe poner especial atención en las alternativas más eficientes, menos costosas y más amigables con el medio ambiente, es decir, aquellas que se encuadren en un enfoque de sustentabilidad fuerte.
Así, podría enlistar una serie de opciones que históricamente se han dejado de lado y que van desde aplicar una regulación efectiva por parte de las entidades normativas del agua para, por ejemplo, controlar las extracciones excesivas de agua subterránea de acuíferos sobreexplotados y para detener las descargas clandestinas contaminantes a cuerpos de agua superficiales que se presentan en los cinturones industriales, así como otros procesos de ordenamiento y regularización de concesiones y sobreconcesiones de agua.
Adicionalmente, es necesario socializar y normalizar mecanismos de autorregulación entre los usuarios, es decir, una vigilancia estrecha entre vecinos de parcelas agrícolas o de hogares en la ciudad o de parques industriales; así como llevar a cabo campañas intensivas y permanentes de educación y difusión de información oportuna y clara dirigida a los diferentes sectores de la sociedad con la idea de generar en el mediano plazo un cambio en la conciencia colectiva para el cuidado del agua.
Por otra parte, implementar apoyos e incentivos para sectores vulnerables y pueblos originarios, así como inversiones de los tres órdenes de gobierno dirigidas al rescate de grandes volúmenes de agua por fugas en la red de agua potable y en canales de riego, volúmenes que pueden ser transferibles a partir de una negociación justa y equitativa. Asi mismo, establecer esquemas de economía circular que obliguen al aprovechamiento máximo de aguas residuales tratadas e implementar tecnologías verdes como la electrificación atmosférica local para aprovechar la humedad en forma de vapor de agua del mar para canalizarla como lluvia hacia zonas de recarga de mantos acuíferos costeros.
Alternativas existen, solo hay que priorizarlas y ponerlas en práctica considerando adecuadamente los costos económicos, ambientales y sociales que estas implican. En este orden de ideas, se deben erradicar las fallidas formas tradicionales de planificación, gestión y gobernanza del agua, y su consecuente implementación vertical de acciones poco efectivas, de tal manera que se facilite transitar hacia el modo inteligente de gobernanza democrática del agua, lo cual implica una toma de decisiones horizontales y ampliamente participativas, donde los habitantes de zonas urbanas, los usuarios del riego agrícola, los verdaderos protectores del medio ambiente y la academia comprometida incidan directamente en la solución. Esperemos pues que las mesas de trabajo anunciadas por las autoridades para establecer medidas para enfrentar la escasez, se realicen donde se asientan los actores afectados por los posibles recortes o beneficiados por las alternativas que se propongan. No es necesario ir a El Paso, Texas o Ciudad Juárez, Chihuahua para discutir asuntos del río Colorado y la posible creación de la nueva acta 329, como ocurrió en 2017 con la firma del acta 323 que estableció los recortes actuales. Urge corregir los mecanismos “participativos” como el Consejo de Cuenca de Baja California o el Foro Ciudadano de la CILA en Mexicali, de tal manera que se impulse una nueva era de gestión efectiva del agua que anteponga el derecho humano al agua y la sustentabilidad ambiental.
Dr. Alfonso Andrés Cortez Lara
El Colegio de la Frontera Norte
