En diciembre del año pasado, el congreso de Quintana Roo votó unánimemente por revocar la renovación de la concesión de los servicios de agua potable y saneamiento que venía prestando la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakan) en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Solidaridad en el norte del estado. Los argumentos esgrimidos incluyeron las irregularidades en el otorgamiento del permiso y posteriores cambios; denuncias ciudadanas ante la PROFECO y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Estatal (CAPA) por diferentes anomalías en el servicio, así como los resultados de una consulta ciudadana en los cuatro municipios servidos, realizada paralelamente a la jornada electoral de junio de 2022, cuyos resultados apuntaron mayormente a la cancelación del servicio.
Aguakan fue una de las primeras experiencias privatizadoras en el país. Su título de concesión la fue otorgado en el año de 1993 durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en sintonía con las líneas del discurso privatizador que privilegiaba la intervención privada como una solución a la ineficiencia gubernamental, en este caso en torno a la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento. Este impulso privatizador ha tenido manifestaciones variadas y en algunos casos llevó a la cancelación de la concesión por los gobiernos responsables sin llegar a capitalizar los beneficios esperados, por cuestiones de falta de transparencia; marcos regulatorios ambiguos y los consecuentes costos políticos. En el caso de Aguakan, se apunta que la estrecha relación que tenían los propietarios de la empresa con los gobiernos federal y estatal en los sexenios posteriores les permitió mantener la operación del servicio a pesar de los problemas mencionados.
En noviembre de 2014 la administración en turno de la empresa solicitó y le fue concedida la extensión de la concesión hasta el año 2053 a través de un acuerdo con el entonces gobernador del estado, Roberto Borge Angulo y las instancias relacionadas con el servicio, un arreglo considerado violatorio de la Ley Estatal de Agua Potable y Alcantarillado del Estado por la ausencia de una convocatoria y un proceso de licitación formales, que permitió al organismo seguir operando normalmente a pesar de diferentes denuncias ante el Tribunal de Justicia del Estado y de exhortos de los gobiernos municipales implicados.
El caso de Aguakan es emblemático de la experiencia que ha tenido el proceso privatizador en México en el sector, cuyos resultados a la fecha no pueden ser concluyentes por la multitud de elementos que han incidido tanto legales, políticos y operativos en cada caso. Los contados modelos que continúan operando en otras entidades y localidades urbanas enfrentan diferenciadamente la misma problemática descrita aquí. Si bien el desenlace de este caso aún no se define pues a la empresa le fue concedido un amparo en los primeros días de enero, la pregunta que queda abierta ahora es si el gobierno estatal tendrá una visión suficientemente clara de sus capacidades para hacer frente a las expectativas de los sectores usuarios en términos no sólo de eficiencia operativa sino de transparencia y rendición de cuentas, de comunicación y participación ciudadana en la toma de decisiones entre otras características que permitan subsanar las irregularidades acumuladas en un lapso de tiempo tan largo.
José Luis Castro Ruiz.
El Colegio de la Frontera Norte, Unidad Monterrey.
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