Finalmente el pasado 15 de mayo la Cámara de Diputados aprobó la minuta que contenía la normatividad secundaria en materia político-electoral, turnada horas antes por la Cámara de Senadores. En tiempo récord senadores y diputados aprobaron una normatividad que parecía imposible de destrabar ante los plazos perentorios. Por única vez, nos dicen, el proceso electoral arrancará el 1 de octubre y no el 1 de septiembre como lo marca la Constitución; eso sí, las elecciones deberán celebrarse el primer domingo del mes de junio de 2015.
Los congresos locales dispondrán de 45 días para adecuar las leyes en la materia. Habrá reforma electoral federal y en las 32 entidades. Menudo desafío para los legisladores de las entidades. Para algunos analistas, la reforma se traducirá en un fuerte golpe al federalismo electoral: sobre todo por la capacidad del Instituto Nacional Electoral (INE) de “atraer” elecciones locales y por el nombramiento o destitución de consejeros electorales. Sin embargo, lo que persigue la reforma es tratar de resolver en los hechos las distorsiones de un federalismo mal diseñado y que no se resuelve dotando de mayores facultades a los órganos locales. Pero sobre todo, trata de evitar el control electoral de los actores políticos locales, empezando por los gobernadores.
Quizá el cambio fundamental sea la transformación del Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral. Con ello, se le otorgan nuevas facultades a este órgano nacional que antes estaban en manos de los institutos locales. Por cierto, lo más importante en cuanto a los órganos locales es que ya no serán nombrados por los partidos y diputados locales. Ahora es facultad exclusiva del consejo general del INE. Esperamos que sean la trayectoria y el mérito los criterios fundamentales para la designación de consejeros y magistrados locales y no sus filiaciones políticas. Un resumen muy apretado de algunos de los cambios por venir es el siguiente: (El Universal.com.mx): a) “El instituto Nacional Electoral será el órgano facultado para la administración del tiempo con que contarán los partidos políticos en radio y televisión. A este respecto, destaca que los candidatos independientes tendrán menos tiempo en medios que los respaldados por algún partido”. Parecería lógico por la diversidad de candidaturas que presentarán los partidos; b) “Por obligatoriedad, habrá dos debates televisados entre los candidatos a la presidencia de la república”. En la anterior legislación sólo se contemplaba uno. Mínimo deberán ser un par; todavía me parecen pocos; c) “La propaganda política deberá abstenerse de calumniar a las personas. El INE está facultado para, en caso de infracción, integrar un expediente y someterlo al TEPJF, que podrá ordenar la suspensión de las transmisiones de radio y tv”. Lo anterior ya se contemplaba en la Constitución general y en el COFIPE; d) “El INE será absoluto encargado de: capacitación electoral; diseño de distritos electorales; padrón y lista electoral; criterios en resultados preliminares; fiscalización de Partidos Políticos. Los institutos locales de la educación cívica”. En realidad crecen las atribuciones del INE comparadas con el IFE; e) “Los ciudadanos podrán participar como candidatos en las elecciones, siempre por mayoría relativa”. Será una difícil prueba para los ciudadanos competir contra los partidos políticos. Donde tendrían mayor posibilidad de competencia será a nivel local: regidurías y delegaciones; en cargos de mayoría relativa será prácticamente imposible obtener algún triunfo; f) “Los candidatos independientes que participen por el cargo de presidente de la República deberán contar con el uno por ciento de las firmas de la lista nominal de electores y dos por ciento para otros cargos de elección popular”. Se formarán cientos de pequeños partidos: para ser postulados requerirán además formar una Asociación Civil; g) “Respecto al financiamiento de campañas de candidatos independientes, partidos o coaliciones, podrán usar recursos de fuentes privadas siempre y cuando sean de origen lícito”. Se trata de un intento por transitar a un esquema de financiamiento que rompa con el 10 por ciento de los recursos privados actuales, pero sobre todo resolver el problema de la necesidad de crecientes recursos que generarán las candidaturas independientes.
En próximas entregas continuaré analizando los contenidos e implicaciones de esta reforma de “gran calado”.
