Los escándalos por corrupción dominan la escena nacional; existe desde luego la decisión presidencial para que los hechos denunciados sobre actividades ilícitas realizadas en los dos sexenios pasados se ventilen; con cierto retraso para quienes creían que el actual gobierno de Enrique Peña Nieto haría caso omiso de las denuncias sobre presuntas irregularidades cometidas por funcionarios durante los doce años anteriores. Mediante una estrategia sorprendente, cada vez surgen más evidencias de que pronto podrían ser enjuiciados funcionarios clave del pasado reciente.
Evidentemente el éxito del Pacto por México exigía la participación y apoyo del PAN y del PRD. La prioridad del gobierno de Peña Nieto eran las famosas ‘reformas estructurales”. Pasado un año y a punto de terminar el ciclo reestructurador, la hegemonía priista se impone. Al gobierno federal le interesa que Gustavo Madero continúe al frente del PAN y los “chuchos” del PRD. Los primeros atisbos indican que la estrategia está funcionando.
Tras el escándalo por corrupción en el caso de la empresa Oceanografía, que ha puesto al descubierto la relación con el Foxismo vía los hijos de Martha Sahagún; parecía un buen argumento para el grupo de Felipe Calderón, pues a través de los senadores afines exigieron ir a fondo en la investigación; pero Calderón no contaba con que saliera a relucir el nombre de Juan Camilo Mouriño y el de su familia como implicados en el escándalo; estamos hablando de la persona más cercana a Calderón.
Al lado de ello lo que parece la punta de la madeja es sin duda la “doble muerte” del líder templario Nazario Moreno González, “El Chayo”. Ha sido un episodio indignante por lo que supone de burla para la sociedad. En su momento Calderón, su vocero, Alejandro Poiré y su flamante Secretario de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, celebraron por todo lo alto la muerte del “Chayo” el 10 de diciembre de 2010, aunque no quedaron evidencias pues se llevaron el cadáver, nos dijeron. El 9 de marzo pasado parecían no quedar dudas de que ahora sí el líder templario había muerto. Se trataba del segundo golpe a la credibilidad del gobierno de Calderón en materia de seguridad. La primera sin duda fue la aprehensión de Joaquín el Chapo Guzmán, el 21 de febrero, el líder del cártel de Sinaloa y que había escapado durante el gobierno de Vicente Fox. La sociedad está convencida que no hubo voluntad para detener en el pasado al poderoso narcotraficante. Incluso las investigaciones de periodistas como Anabel Hernández así lo han documentado.
Si el gobierno de Peña Nieto lo decide, se podrían tomar acciones contra muchas de las arbitrariedades cometidas por la corrupción imperante en el sistema de procuración de justicia. Nadie duda que los montajes llevados a cabo desde la SSP por su titular, Genaro García Luna, han gozado de cabal impunidad. Lo mismo, las actuaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) al mando de Marisela Morales, quien fabricó culpables y aceptó como inculpatorios testimonios a modo de testigos protegidos que llevaron a muchos inocentes a la cárcel y todo por congraciarse con el presidente y “demostrar” que la estrategia contra el crimen organizado era exitosa.
Una vez aprobadas las leyes secundarias, la noche se le puede venir a Felipe Calderón y a quienes integraron su gobierno. Sería un argumento importante para la conservación del poder por parte del PRI. Esa es una hipótesis que toma fuerza entre los analistas. Por lo pronto el día miércoles 12 se anunció que la PGR creaba la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, que entrará en funciones una vez que el Senado designe al fiscal. La lista de denuncias contra funcionarios del pasado reciente crece a la espera de que la nueva institución inicie actividades ¿Se comprobará la hipótesis?
