Parafraseando al clásico diríamos que la distancia entre ciudadanos y partidos políticos es cada día más grande. Así lo demuestran todos los estudios y sondeos. Pero en honor a la verdad, el descrédito afecta a la clase política en general. Para un sector muy importante de la población, dicha clase política, y de manera privilegiada los partidos políticos, representan la corrupción y descomposición del sistema. Por desgracia se trata de una especie de juicio sumario ciudadano que impide valorar a los buenos funcionarios y políticos, que también existen.
Los actos de corrupción que salpican a buena parte de los partidos y gobiernos de todos los niveles no son ninguna novedad. Lo nuevo es que ahora se tiene mayor información sobre ellos, en gran medida por la aparición y multiplicación del uso de redes sociales. Buena parte de las fortunas de este país han surgido o se han gestado al amparo del Estado, cuando no los funcionarios se han enriquecido desde la función pública. Muchos empresarios mexicanos no hubieran amasado inmensas fortunas sin el apoyo decidido de los gobiernos…y de la corrupción.
Hoy, en tiempos electorales, sorprende el discurso contradictorio de muchos aspirantes a una curul y de representantes empresariales. En el caso de Baja California, me llama la atención que se ignore olímpicamente la historia local y se prometan resolver problemas de los cuáles algunos candidatos comparten responsabilidad. Por ejemplo, los candidatos de Acción Nacional critican la realidad estatal y parece que ignoran que su partido gobierna en Baja California de manera ininterrumpida desde 1989; ya hace 26 años. O se indignan por el alza al IVA de 11 a 16 por ciento, siendo que durante el gobierno de Felipe Calderón los diputados de su partido avalaron el anterior aumento en el año de 2009. De eso ninguna palabra. A buena parte de la sociedad indigna que quienes fueron señalados por actos de corrupción durante su paso por el gobierno, ahora de candidatos(as) se vuelvan obstinados justicieros anticorrupción.
A muchos indigna también que cuando son candidatos esgriman la bandera de los derechos humanos, de los derechos sociales y políticos, y luego ya en funciones se conviertan en verdaderos tiranos. El caso de San Quintín es un terrible ejemplo, que en nada contribuye a resarcir la brecha con la ciudadanía y el descrédito de la clase política. Sin mostrar el menor asomo de sensibilidad social, el discurso gubernamental local sostiene que se trata de un conflicto “político” planeado “desde el centro”, utilizando a los jornaleros agrícolas. Nada de causas sociales, de violaciones elementales a los derechos humanos por décadas, de ganancias extraordinarias de empresarios insaciables, de trabajo en condiciones de esclavitud, de explotación infantil y todo tipo de vejaciones a las mujeres. Insisto, la explicación oficial y empresarial es que se trata de un movimiento manipulado. El discurso típico de un régimen autoritario al más puro estilo de los años 60 y 70 cuando la explicación era que todos los movimientos sociales eran “orquestados por los comunistas, agentes externos o por malos mexicanos, apátridas”. Y por si fuera poco, la cereza en el pastel es la fianza millonaria que les fija un juez estatal a los cuatro jornaleros detenidos: 7 millones de pesos a tres de ellos, 500 mil a un cuarto. Eso no hace más que crecer la indignación.
La esquizofrenia entre el discurso de un candidato y la realidad de su actuación cuando logran el cargo ha conducido al hartazgo social. No hay sanción alguna por incumplir con lo que prometen en campaña o lo más grave, por el enriquecimiento desde la función pública. Le apuestan a la desmemoria; con el tiempo reaparecerán tan campantes y solicitarán de nuevo el voto. Una buena parte de la población ya no les cree, aunque por ahora su hartazgo sólo se refleje en las urnas.
-Dr. Víctor Alejandro Espinoza Valle, profesor-investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública.
