Las condiciones de sequía que han afectado al país y a la región noreste en particular, revivieron el controvertido debate de trasvasar agua de la cuenca del río Pánuco a esta zona. Esta idea ya la manejaban gobiernos anteriores en Nuevo León, y fue una iniciativa emblemática de la administración de Rodrigo Medina de la Cruz a través del proyecto Monterrey VI, que planteaba la construcción de un acueducto de 372 kilómetros para suministrar 15 m3/seg. a la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM). Desde el primer momento el proyecto fue blanco de fuertes críticas debido a que los argumentos de sus promotores pasaban por alto los mismos incrementos que tuvo la presupuestación final de la obra; los antecedentes de las empresas constructoras a cargo; los impactos ambientales y sobre todo los efectos entre las comunidades originarias y agricultores en las zonas de extracción del agua en la región de la Huasteca Potosina. El proyecto finalmente se detuvo, y terminó cancelándose durante la administración de Jaime Rodríguez Calderón.
En marzo de este año, y ante un intento del actual gobernador de Nuevo León, Samuel García, de revivir Monterrey VI como una solución al problema de escasez de agua que vivía el estado, el Presidente López Obrador declaró que no apoyaba el proyecto, esgrimiendo los mismos argumentos que lo cancelaron anteriormente, y que tanto los agricultores como el gobierno de San Luis Potosí se oponían a la realización del mismo, instando al gobernador a buscar otras soluciones con el apoyo del gobierno federal.
Recientemente el gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal, retomó la idea de un acueducto para trasvasar 30 metros cúbicos por segundo desde la misma cuenca del Pánuco a Tamaulipas, expresando que ese proyecto entre otros muchos beneficios favorecería a la producción agrícola del estado, y permitiría hacer frente con más holgura a los compromisos de entregas de agua de México en el río Bravo bajo el marco del Tratado Internacional de Distribución de Aguas de 1944 con Estados Unidos. Aunque la propuesta no incluye a Nuevo León, se ha planteado que el proyecto favorecería indirectamente a ese estado, al no tener que trasvasar el volumen anual pactado para Tamaulipas a través de la presa de El Cuchillo, y se buscaría su financiamiento a través de un crédito del Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAM) por 40,000 millones de pesos.
Es de notar que el nuevo proyecto, como los anteriores, se sigue apoyando en el enfoque tradicional de llevar a cabo costosas obras de infraestructura para trasvasar agua desde lugares cada vez más distantes, en este caso desde la popular cuenca del río Pánuco, como la medida más rápida para solucionar problemas de desabasto que seguramente seguirán en el futuro por efecto de prácticas ineficientes en el sector agrícola, y de una falta de conciencia en los habitantes y sectores productivos en las ciudades. Los efectos de esta política reactiva han sido claros en otras regiones del país, donde estas acciones no han cumplido con las expectativas, y las grandes afectadas han sido las áreas y comunidades donde se ha extraído el agua.
El proyecto del gobernador Villarreal Anaya sin duda pondrá de nuevo a prueba la postura del Presidente López Obrador en torno a sus impactos en las regiones de extracción del agua, así como la posición del gobierno de San Luis Potosí al respecto. Una situación sui generis, ya que su apoyo al nuevo gobernador ha sido claro, como es también su posición sobre la prioridad que representa el que México cumpla enteramente con su compromiso de entregas de agua al río Bravo, de conformidad con el Tratado de 1944.
Dr. José Luis Castro Ruiz
El Colegio de la Frontera Norte
