Las sequías de los últimos meses han avivado el debate sobre las problemáticas que afectan la gestión del agua a diferentes niveles gubernamentales en el territorio nacional. En esta discusión, el espacio fronterizo que comparte México con Estados Unidos (E.U.) ocupa un lugar muy particular por las condiciones que lo caracterizan: crecimiento de sus centros urbanos, principalmente en la frontera mexicana; la coincidencia de dos modelos de desarrollo asimétricos y diferentes, y las condiciones climáticas de la región entre otros factores.
La gestión del agua en esta región se enmarca en dos dimensiones generales: la binacional y la local. En el primer caso existe una estructura institucional en la figura del llamado Tratado de Distribución de Aguas Internacionales signado en 1944, que regula los recursos hídricos compartidos internacionalmente por ambos países, como son básicamente los ríos Colorado y Bravo, y en el organismo creado bajo el mismo, la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA-IBWC), para monitorear y hacer cumplir básicamente sus disposiciones con la asistencia de un sistema de firma de Actas para abordar cuestiones coyunturales no contempladas en el Tratado.
En el ámbito local, la gestión del agua se realiza bajo las formas y marcos jurídicos vigentes en cada país. En E.U. el modelo federalizado involucra organismos independientes a los distintos niveles de gobierno, en tanto que en México persiste un esquema centralizado en la figura de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el principal operador de la actual Ley de Aguas Nacionales (LAN). Los contrastes resultantes en los niveles operativos son notables, como el acceso a financiamientos, formas de manejo, capacidades de planeación y apoyos gubernamentales entre otros.
Los desafíos de la estructura descrita tienen como un factor central permanente el crecimiento económico y urbano de la región fronteriza y sus efectos en términos de deterioro ambiental y una creciente presión sobre los recursos hídricos disponibles, a lo que se suman las condiciones climáticas. La competencia regional e intersectorial por las fuentes superficiales y subterráneas ha conllevado problemas de contaminación y sobreexplotación, una situación que es crítica en el caso de las últimas al no estar consideradas en el Tratado de 1944. Otros factores que exacerban las condiciones anteriores son la falta de planeación urbana; una irregular aplicación de la normatividad ambiental en el caso de las contrapartes mexicanas, así como bajas coberturas de servicios de agua potable y drenaje y tratamiento de aguas residuales en algunas comunidades. En este aspecto es importante hacer notar la limitada autonomía de los niveles estatales y locales responsables ante el peso centralizador de Conagua en los procesos de toma de decisiones y capacidad de financiamiento para hacer frente a sus requerimientos de infraestructuta. Los apoyos binacionales como los ofrecidos por el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAM) y el programa Frontera 2025 buscan coadyuvar para cerrar esta brecha, pero su demanda es considerable al ser compartida con las comunidades estadounidenses.
El panorama anterior plantea desafíos a futuro en las dimensiones consideradas, sobresaliendo dos aspectos dignos de mención. En el plano binacional es esencial que ambos países busquen y preserven la buena disposición y cooperación que marcaron la firma del Tratado de 1944, como una vía indispensable para asegurar la estabilidad en la relación binacional ante los retos futuros, fundamentalmente la sostenibilidad ambiental del río Bravo. En el ámbito de la gestión local por otro lado, se hace necesaria una apertura mayor para la intervención de actores locales no únicamente gubernamentales sino sociales, en sintonía con las nuevas tendencias de participación de los últimos en los procesos de toma de decisiones relacionados con los recursos hídricos y su problemática regional, en línea con las nuevas pautas de la política hídrica en el país.
Dr. José Luis Castro Ruiz
El Colegio de la Frontera Norte
