[:es]Este año la agenda electoral incluye elecciones ordinarias en 13 entidades, en 12 de las cuales estará en juego el cargo principal: la gubernatura. Salvo en el estado de Puebla donde ese día no se eligen diputados ni alcaldes; en el resto de las entidades habrá renovación de 548 ayuntamientos y se eligirán 239 diputados de mayoría relativa y 149 de representación proporcional. En total estarán en disputa un total de 948 cargos locales.
Desde luego que la elección de gobernador es la que más concita la atención y el interés de los ciudadanos de las entidades. Dada la personalización del poder en un sistema presidencialista como el nuestro, los candidatos a la gubernatura funcionan como pararrayos del resto de candidatos; me refiero básicamante a los ataques derivados de las campañas negativas, pero también concentran la atención de los medios de comunicación, preferentemente a través del monitoreo de campañas y de todas las actividades públicas y privadas de candidatos(as).
Como lo resume una reciente publicación: “En total participarán 26.6 millones de personas inscritas en la lista nominal en los comicios del 5 de junio del 2016. Veracruz es el estado donde habrá mayor participación ciudadana con más de cinco millones de electores inscritos en su lista nominal. Le sigue Puebla con más de cuatro millones y Oaxaca con casi tres millones de electores” (Shaila Rosagel, http://www.sinembargo.mx/05-01-2016/1588841). Eso significa la tercera parte del electorado nacional (33.3% de la Lista Nominal).
La mayoría de las entidades donde habrá comicios el próximo 5 de junio tiene gobernadores priistas; en 9 de dichas entidades para ser preciso: Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. “Además hay tres entidades gobernadas por un personaje emanado de coaliciones o alianzas electorales formadas por los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) en el 2010: Oaxaca, gobernado por Gabino Cué Monteagudo; Puebla de Rafael Moreno Valle, y Sinaloa de Mario López Valdés. Los tres fueron priistas que renunciaron al tricolor por una u otra razón, principalmente porque en su momento se les negó la candidatura y optaron por refugiarse en otras fuerzas políticas.” (Ibidem). Cabe aclarar que en su sitio de Internet el PAN registra al gobernador poblano como activo panista, al margen de la alianza (Véase https://www.pan.org.mx/gobiernos/). En el fondo, las 12 entidades descritas son gobernadas por el PRI o por priistas; esa es la paradoja del momento mexicano. Sólo en Baja California habrá elecciones intermedias.
Ese es uno de los asuntos más importantes en el panorama electoral nacional; el tema de las alianzas. No hay duda que la coalición con mayor afinidad es la que han venido sosteniendo los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. Sin embargo, la alianza más controvertida es la de Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, sobre todo por la distancia principista e ideológica que debería de caracterizarlos. En el pasado inmediato, además, quien más ha perdido es el PRD, pues el PAN ha negociado con mayor poder las posiciones en disputa. Un caso claro fue el de Baja California en 2013, cuando al PRD sólo se le concedió una coordinación de segundo nivel a pesar de que sus votos fueron decisivos para que ganara el cargo de gobernador Francisco Kiko Vega de Lamadrid. Incluso el diputado más crítico hacia la administración de este último ha sido el perredista José Roberto Dávalos Flores; y en repetidas ocasiones ha hablado del fracaso de la alianza. Efectivamente, la distancia ideológica entre los dos institutos políticos nos habla del pragmatismo electoral como objetivo de la alianza. Tan claro es, que el PAN ha sido enfático al declarar que no irán juntos en la disputa de la Presidencia de la República en 2018. Se trata de ganar votos y acceder al poder. Lo demás, es lo de menos, como diría el clásico.[:]
