Como sabemos, en 2016 la agenda electoral incluye elecciones ordinarias en 13 entidades, en 12 de las cuales estará en juego el cargo principal: la gubernatura. Salvo en el estado de Puebla donde ese día no se eligen diputados ni alcaldes; en el resto de las entidades habrá renovación de 548 ayuntamientos y se eligirán 239 diputados de mayoría relativa y 149 de representación proporcional. En total estarán en disputa 948 cargos locales. Una tercera parte de las entidades de nuestro país se encuentran en proceso electoral.
La reforma constitucional de diciembre de 2013, que se materializó en una nueva normatividad electoral secundaria en mayo de 2014, le confirió 74 nuevas atribuciones al naciente órgano electoral, el Instituto Nacional Electoral; entre otras, la de designar a los consejos locales electorales, llamados genéricamente OPLES (Organismos Públicos Locales), formados por un órgano de dirección superior o consejo general electoral, conformado por un consejero presdidente y seis consejeros electorales. Por primera ocasión su nombramiento no depende de los gobernadores, diputados locales o partidos políticos de las entidades. Los primeros consejos generales tuvieron su prueba de fuego en el proceso electoral de 2015; en esta ocasión se trata de la segunda horneada de consejeros electorales que estarán al frente de los 13 procesos electorales de 2016. Es una segunda prueba; esperamos se comporten a la altura de las altas expectativas que generó su designación fuera de la dinámica política local.
La reforma también incluyó el nombramiento de nuevas autoridades electorales juridiccionales locales o tribunales estatales electorales. La facultad de designación ahora recae en el Senado de la República quien nombra a los magistrados de manera escalonada (por diferentes periodos temporales). El objetivo es el mismo que el de la creación del consejo electoral: contar con órganos que no dependan de los poderes políticos locales y se puedan conducir con imparcialidad, ante comicios que se caracterizan cada vez más por la llamada “judicialización” de la política y de los procesos electorales.
Una de las novedades y que mayores expectativas ha generado es sin duda el de las candidaturas independientes. Como sabemos, durante el proceso electoral del año pasado participaron un total de 101 candidatos a cargos locales y 22 a diputados federales; al final obtuvieron el triunfo 3 de ellos: un candidato a gobernador (Nuevo León); 3 a alcaldes (García, Nuevo León; Comonfort, Guanajuato y Morelia, Michoacán), uno a diputado federal (Sinaloa) y uno más a diputado local (Jalisco). Ante el desafecto ciudadano hacia los partidos políticos y motivados por los triunfos descritos, muchos ciudadanos se aprestan a solicitar su registro como aspirantes primero y candidatos independientes después. Las normatividades varían en los estados; pero en general se trata de requisitos muy difíciles de alcanzar. Por ejemplo, en Baja California los aspirantes a candidatos a gobernador tienen que reunir el 2% de cédulas de respaldo de ciudadanos inscritos en el listado nominal (49 mil 557 firmas de apoyo); los candidatos a alcaldes el 2.5% (30 mil 973) y a diputados 3% (5 mil 582). Todo ello en tiempos muy reducidos. Para esta elección, los aspirantes a alcaldes tienen del 17 de enero al 1 de marzo para reunir las cédulas y quienes buscan una nominación al Congreso del 31 de enero al 1 de marzo. Requerirán sin duda un verdadero equipo de simpatizantes que vayan de puerta en puerta a buscar a los ciudadanos. Ello junto con la asociación civil que deben registrar, y la elaboración de una plataforma electoral con sus principales propuestas, los convertirán en minipartidos (todavía más si se agrega que deben presentar colores y emblema que utilizarán en la campaña). Se adicionan requisitos como una residencia efectiva en el municipio de 10 años para candidatos a alcaldes y de 5 años en la entidad para quienes aspiren a la candidatura a diputados; entre otros.
Los candidatos independientes competirán entre ellos, primero para obtener las cédulas de apoyo (o firmas) y posteriormente para ganar el voto de la franja de ciudadanos que consideran que los partidos politicos no son la mejor opción para gobernar. Las preferencias se fragmentarán no solo en función de los candidatos de partidos sino de acuerdo al número de candidatos independientes. Serán elecciones competidas y sumamente complejas.
