Entre las medidas anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 27 de noviembre, destacan dos relacionadas con el pacto federal. Ambas ponen el acento en algunas de las debilidades del federalismo mexicano. Como sabemos, nuestra historia política y económica se encuentra indisolublemente ligada al centralismo. A diferencia de otras experiencias federalistas, como la de Estados Unidos, en la nuestra, desde sus orígenes, se trató de la construcción de un federalismo desde el centro. En una República tan heterogénea, algunas regiones del país no se explican sin la acción del centro político para su poblamiento y posterior desarrollo. Son los casos, por ejemplo, de Baja California y Baja California Sur.
En términos políticos, la historia de las entidades y municipios se explica por la existencia de los cacicazgos y líderes revolucionarios que fueron integrados y controlados a través del Partido Nacional Revolucionarios fundado por Plutarco Elías Calles. Fue la fórmula que encontró el centro para controlar la barbarie y la violencia local. La tensión entre centro y periferia nunca se ha resuelto en nuestro país, sobre todo porque el sistema político presidencialista ha bloqueado el federalismo democrático. Es decir, una condición para que se desarrolle un verdadero sistema federal es que exista un régimen democrático consolidado, que implicaría entre otras cosas un verdadero Estado de derecho, un sistema de rendición de cuentas y de que los gobernantes cumplan con lo que se comprometen. Eso no existe en nuestro país y menos en las entidades. Estamos hablando de requisitos mínimos de la democracia.
A cambio de ello tenemos una forma de gobierno presidencialista que se reproduce de manera autoritaria a lo largo de la geografía nacional. La pérdida o acotamiento del poder central se ha traducido, la mayoría de las ocasiones, en redimensionamiento del poder de los gobernadores y de algunos alcaldes. Las limitaciones a las facultades meta constitucionales del presidente a partir de 1994, fueron asumidas por los gobernadores y posteriormente por el crimen organizado. El centro fue perdiendo el control sobre partes importantes del territorio, mientras que la ausencia de Estado de derecho, de transparencia y rendición de cuentas se fue convirtiendo en la práctica común en importantes franjas del territorio nacional.
Más que virreyes, en algunas entidades gobiernan señores feudales que hacen y deshacen a su antojo o en complicidad con el crimen organizado….hasta llegar al extremo de Guerrero, pasando por Michoacán, Chihuahua, Oaxaca, Morelos, Puebla…la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa representa un parteaguas en la crisis del federalismo.
Por eso no extrañan las medidas anunciadas la semana pasada. Se trata de correctivos ante la crisis de seguridad que muestra la ineficacia y colusión de las policías locales con el crimen organizado. Peña Nieto propuso la desaparición de las policías municipales para dar paso a una fuerza estatal, pero también, una iniciativa de ley contra la infiltración del crimen organizado que permita a la federación tomar el control de los servicios municipales o la disolución de un ayuntamiento. Es el reconocimiento del fracaso del federalismo, cuya crisis no es nueva. El problema es que ante el control de la información, apenas muy recientemente nos enteramos con profusión de las estructuras corruptas que controlan los señores feudales. Lo dicho: urge un cambio radical en la forma de gobierno obsoleta.
-Dr. Víctor Alejandro Espinoza Valle, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública.
