Con el tiempo encima, el Congreso federal tiene como límite el próximo 30 de mayo para aprobar las leyes secundarias en materia político-electoral. La Constitución Política determina que 90 días antes del inicio del proceso electoral no se pueden modificar las leyes en la materia.
El problema es que las normas secundarias de carácter político-electoral sólo son algunos de los pendientes en la pesada agenda de Senadores y Diputados, cuyo periodo ordinario de sesiones concluyó este miércoles 30 de abril. Entre los pendientes habría que agregar las normas secundarias de telecomunicaciones y en materia energética. Hasta antes del cierre del periodo ordinario los senadores de los tres partidos mayoritarios (PRI, PAN y PRD) trataron de ponerse de acuerdo para enviar la minuta a la Cámara de Diputados; algunos temas les impidieron cumplir con los tiempos: fiscalización, financiamiento privado, facultades de los órganos locales y candidaturas comunes, entre otros.
Ante esta situación y la imposibilidad de despachar por la vía rápida las reformas, han decidido un doble periodo extraordinario: del 1 al 15 de mayo para telecomunicaciones y política electoral y en junio para las normas secundarias en materia energética. Ahora bien, específicamente para la reforma político-electoral han anunciado tres días de trabajo: del 7 al 9 de mayo; lo cual sigue siendo muy poco tiempo. Ya veremos si después del descanso del puente por fin nos anuncian unas leyes secundarias que se correspondan con las expectativas generadas por la reforma constitucional. El panorama luce muy complicado.
El reto para las nuevas instituciones electorales y para los actores políticos es enorme: durante el proceso que arranca en el mes de septiembre no sólo habrá de renovarse la Cámara de Diputados, sino también deberán llevarse a cabo 17 elecciones locales; en 9 de ellas estarán en disputa las gubernaturas. Esto quiere decir que en el mes de septiembre estarán arrancando procesos simultáneos en más de la mitad de las entidades federativas; y lo habrán de hacer con las nuevas reglas del juego. Entre otras, me refiero por el momento a dos de las novedades que impactarán el panorama electoral mexicano.
Los consejeros electorales de los órganos locales serán nombrados por el Instituto Nacional Electoral; pero éste ha decidido realizar la sustitución de los 32 institutos locales hasta que sea aprobada la legislación secundaria. Es decir, en cuanto ésta se apruebe, el INE entrará en una fase frenética de nombramientos. Esperemos que pese a la presión, tengamos consejeros designados por méritos y no por filiaciones partidistas.
El otro tema es el de las candidaturas independientes; deberán instrumentarse para cumplir con la reforma constitucional. Pero hay más preguntas que certezas en ese asunto: requisitos, prerrogativas, tiempos en medios electrónicos. Nada sencillo para garantizar condiciones de equidad; lo poco que se sabe hasta el momento indica que pudieran ser más complicadas las candidaturas de ciudadanos no inscritos en un partido, que las encabezadas justamente por los institutos políticos.
El problema en estos dos asuntos es que necesariamente se incrementarán los costos de los procesos electorales. La democracia es cara. Los presupuestos de los institutos locales tendrán que multiplicarse. Pero en un escenario donde la crítica ciudadana es frontal hacia los gastos de los partidos políticos y hacia los gobiernos y los políticos, el escenario luce complejo. Más si agregamos que los institutos electorales locales se tienen que profesionalizar. Se tendrán que instaurar servicios profesionales de carrera, como el que tuvo el IFE y que ha sido incorporado al Instituto Nacional Electoral. A contraparte, la única manera de cambiar la mala imagen será el trabajo honesto e imparcial de los órganos locales. Quienes sean designados como consejeros electorales deberán ser profesionales con un prestigio ganado con base en su trayectoria. Pronto sabremos el resultado de los “exámenes extraordinarios” a realizarse entre el 7 y el 9 de mayo.
