Sabemos que una crisis se puede definir como la incapacidad de responder a los requerimientos y problemas con las mismas herramientas y políticas con las que se venían resolviendo. No creo, como lo hace buena parte de la comentocracia, que ya estemos instalados en un callejón sin salida. Sostengo, eso sí, que urge hacer algo para no perdernos en un laberinto sin retorno. Evidentemente que el detonante pueden ser las elecciones de 2018, cuyo proceso arranca formalmente el 30 de septiembre próximo.
Esto lo digo por el aluvión de críticas que se han vertido al Instituto Nacional Electoral, pero preferentemente a su Consejo General, a partir de las elecciones de este verano en el Estado de México y Coahuila (aunque también hubo comicios en Nayarit). Las críticas han ido subiendo de tono, primeramente se le exigía que declarara la nulidad de las elecciones sobre todo por las irregularidades presentadas y el rebase de los topes de campaña. La respuesta del Consejo General fue que esa facultad de declarar la nulidad correspondía a los tribunales electorales.
Pero las críticas han incluido la solicitud de renuncia de los consejeros electorales; los detractores señalan que son incapaces de vigilar las elecciones, sobre todo en el terreno de la fiscalización y la compra de votos. En realidad el problema es más de fondo. La crítica me parece superficial pues deja de lado que gran parte de los problemas que enfrenta el INE tienen otro origen
A partir de las reformas electorales de 2007-2008 y 2013-2014, se le asignaron más de 100 nuevas atribuciones al órgano electoral. Y se dio el paso hacia la organización de un sistema nacional electoral; el objetivo era convertir el IFE en INE y cancelar los órganos locales. El nuevo instituto estaría en condiciones de organizar tantos las elecciones federales como las locales. En ese renglón, si la demanda ha sido que la organización de nuestras elecciones han sido muy onerosas, se ahorrarían gran cantidad de recursos.
Pese a que se justificaba ampliamente, la oposición de varios gobernadores a la propuesta de desaparecer a los órganos locales logró dar marcha atrás a la propuesta inicial. Lo que resultó fue un híbrido donde la parte medular (organización y capacitación electoral) quedó en manos del INE y el resto de funciones secundarias bajo la responsabilidad de los llamados OPLES (Organismos Públicos Locales). Además con estructuras administrativas y salariales heterogéneas.
¿Cuál es entonces el problema de fondo en el INE? Creo que el problema de legitimidad que tradicionalmente ha enfrentado el Consejo General estriba en su método de selección. Durante la crisis de 2007, que tuvo como corolario la renuncia del Consejero Presidente, Luis Carlos Ugalde, fue más que evidente que había un sistema de cuotas partidistas en el nombramiento de los consejeros. Eso no se ha resuelto con ninguna de las reformas electorales recientes. Resulta tan evidente que los partidos políticos, en función de su peso en el Congreso, deciden a cuántos de los consejeros deberán nombrar. Independientemente de que los consejeros que resulten designados incluso no se identifiquen con el partido que los seleccionó y tengan una posición independiente, resulta casi imposible desatenderse de su origen. Así son calificados por la sociedad: como consejeros que reciben “línea” de un partido político.
A nivel local, la partidización de los OPLES era uno de los orígenes de su descrédito, pues eran designados por los congresos. En gran medida la reforma de 2013-2014, que trasladó la responsabilidad de los nombramientos al Consejo General del INE, permitió un avance en la recuperación de la legitimidad. Al menos eso se tendrá que considerar en una futura reforma, que según cálculos deberá llevarse a cabo en 2019. Esa medida ayudaría a resolver uno de los problemas centrales, pero no el único, del sistema electoral mexicano.
Víctor Alejandro Espinoza Valle
El Colegio de la Frontera Norte
