Me siento preocupado por lo que el conflicto en el Centro de Investigación y Docencia Económica, A.C. exhibe. Escucho las declaraciones y los mensajes en redes de algunos de sus profesores y encuentro dos explicaciones: o son profundamente ignorantes sobre la historia contemporánea de México, teoría política y social o únicamente están tratando de manipular para que el conflicto siga escalando. Ambas posibilidades son tan absurdas como peligrosas.
La más reciente de estas diatribas ha sido comparar el reclamo de los estudiantes y profesores del CIDE con el movimiento del 68. En verdad sería una simple ocurrencia de alguien carente de formación en Ciencias Sociales sino fuera porque al menos tres académicos lo han hecho público. Dos del CIDE y otro más de El Colegio de México. Me voy a abstener de publicar sus nombres, pero los tres han comparado a la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con, la Dra. María Elena Álvarez-Bullya Roces, con el ex presidente Gustavo Díaz Ordaz. La falta de ética ya raya en la demencia. Pero, además, es una ofensa para quienes participaron en aquel trascendental movimiento.
Si dichos profesores y otros que hacen parte de la comentocracia nacional con esa ignorancia supina y falta de ética se atreven a pararse frente a un grupo y esa interpretación es parte de sus asignaturas y discursos, lo menos que podemos decir es que se trata de un fraude a México en general y a la educación pública en particular. ¿Qué tipo de formación pretenden brindar a las nuevas generaciones?
He sostenido que en el fondo del conflicto se encuentra la resistencia de una camarilla que controló al CIDE en las últimas décadas y los cambios que urgen en los centros CONACYT. La corrupción era el aceite (y es todavía en algunos de los 26 centros) de la gestión administrativa. La lucha contra este cáncer encontrará todavía mucha oposición para que nada cambie.
En las últimas horas los voceros de los grupos estudiantiles que tienen tomadas las instalaciones han sostenido que ya no aceptan dialogar con la directora general del CONACYT y que ahora “exigen” que el interlocutor sea el Secretario de Gobernación. Falta poco para que la nueva exigencia sea que se siente con ellos el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Tres de las demandas centrales estudiantiles son que se otorgue autonomía a la institución y que renuncien el nuevo director, Dr. José Antonio Romero Tellaeche y la directora general de CONACYT. Pretenden transformar al CIDE en una universidad, para, como en el caso de muchas instituciones autónomas, manejar los recursos y que su Junta de Gobierno nombre a sus directores. ¿Pero si sabrán que en ninguna de ellas intervienen en ese proceso los estudiantes? La designación del director, argumentan, fue ilegal. El problema es que no revisaron la normatividad del CIDE. Con que hubieran leído el Artículo 30 del Estatuto General que señala: “(el director general del CONACYT quien), en su calidad de coordinador sectorial, designará y nombrará a uno de los candidatos como director general de la Asociación. Esta designación será presentada al Consejo Directivo para su formalización”. Se realizó la auscultación interna y externa y los dos candidatos que decidieron participar fueron externos. La “comunidad interna” no presentó ninguna candidatura. Hasta ahora nadie ha dado una versión de esta negativa a participar. Puede uno no estar de acuerdo en quien fue designado, pero eso no significa que se haya violado el procedimiento. En el pasado los directores de CONACYT designaron impresentables en algunos centros; es una historia documentada.
Dr. Víctor Alejandro Espinoza
El Colegio de la Frontera Norte
