No recuerdo otro momento de tensión en la vida pública mexicana como ante el que hoy estamos; a diferencia de 1968 cuando los estudiantes encabezaron el movimiento reivindicativo de libertades políticas, hoy la cerrazón de los monopolios de la información ha sido puesta a prueba por la comunicación ciudadana horizontal. El autoritarismo de los años sesenta y principios de los setenta se sustentaba en gran medida en el control de los medios de comunicación, ante los cuales no había alternativas de información para los ciudadanos. En ese ambiente floreció el movimiento estudiantil.
Hoy, décadas después y con una transición a la democracia cuyo único asidero tangible han sido las reformas electorales, el sistema político muestra que se encuentra en la antesala de una crisis profunda. Me parece ligero afirmar que el cuestionamiento a las instituciones inició con el gobierno de Enrique Peña Nieto; en estos dos años se agravaron por los escándalos y excesos, pero difícilmente pudiéramos explicar lo que hoy sucede sin referir al menos a los dos anteriores gobiernos. Lo que está en el centro de los cuestionamientos públicos no es tanto un personaje, sino un gobierno emanado de un sistema político presidencialista que pese a la alternancia no tuvo, como en los países de transiciones exitosas a la democracia, un rediseño institucional que culminara en una nueva constitución.
Me temo que la clase política no parte de un diagnóstico estructural que permita un verdadero pacto para la transición y que culmine en una nueva institucionalidad y en una nueva forma de gobierno semipresidencial o parlamentaria. Les parecería muy arriesgado o ilógico no dar por válida su conclusión de que el sistema democrático es una realidad. No alcanzan a comprender que lo que se requiere es la consolidación (inconclusa) del nuevo régimen y la condición necesaria es la desestructuración del viejo andamiaje autoritario para dar paso a nuevas instituciones democráticas.
Creo que ante lo que estamos es ante una disyuntiva de corto plazo: por un lado hay atisbos que permiten suponer que para una franja importante del gobierno y dentro de algunos partidos políticos, ha ganado la idea de que debe optarse por una salida autoritaria. Las detenciones del pasado 20 de noviembre, así como los provocadores encapuchados perfectamente ubicados por videos y fotos, muestran que se trata de generar condiciones para reprimir el movimiento de los jóvenes que apoyan a los padres de los normalistas desaparecidos. Se trata del peor escenario que podría provocar reacciones de mayor violencia de una sociedad indignada y agraviada.
El segundo camino parecería el más sensato: un viraje importante en una doble vertiente; por un lado un cambio en las políticas de seguridad y de combate al crimen organizado y por el otro, una nueva política social no basada en el asistencialismo como hasta el día de hoy. El modelo actual de seguridad que se puso en práctica al inicio del gobierno de Felipe Calderón no ha dado resultados positivos, por el contrario desató luchas violentas entre los grupos delincuenciales por el control de territorios una vez que el gobierno capturó a varios de sus líderes. La violencia e inseguridad se extendió por todo el país: hemos vivido un verdadero baño de sangre. El secretario de Gobernación anunció cambios de fondo ante la crisis que amenaza la gobernabilidad del país. Es muy probable que hoy jueves conozcamos el plan gubernamental. Miguel Ángel Osorio Chong ha dicho que no habrá remoción de funcionarios, pero serían necesarios si lo que se propone de nuevo son aspirinas para calmar los dolores; el control de daños sería insuficiente. Aún así, es la salida menos mala mientras no nos atrevamos a impulsar un verdadero cambio de régimen.
-Dr. Víctor Alejandro Espinoza Valle, profesor-investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública.
