La democracia procedimental-electoral-delegativa o mínima cumplió el propósito de abrir la cerrazón de los sistemas autoritarios; fue la parte medular de lo que se llamó la liberalización del régimen. En países como el nuestro fue la principal reivindicación democrática durante el largo periodo de partido hegemónico. Se trató de un proceso lento, acumulativo de cambios en la cultura política que registra tres momentos fundamentales: 1989, el triunfo de Acción Nacional en la gubernatura de Baja California; 1997 el triunfo perredista en el Distrito Federal y la constitución del primer gobierno dividido (es decir, el partido del presidente ya no tuvo mayoría absoluta en el Congreso) y el 2000 con el triunfo del PAN en la presidencia de la República. Hay autores que afirman que la nuestra fue una larga transición sin consolidación democrática.
El gran problema para la ciudadanía es que después de celebrar los cambios en la esfera electoral, iniciaron las preguntas acerca de si con ello bastaba para vivir mejor. Tenemos ya un entramado institucional que garantiza que los procesos electorales se convierten en actividades regulares y no excepcionales. Lo otro, la esfera del bienestar, es lo que se cuestiona.
La pregunta de fondo es si el crecimiento y el desarrollo económicos en sociedades más equitativas y con mejor nivel de vida se logró a través de la democracia mínima. Mi respuesta es negativa. Es más probable que a sociedades igualitarias y desarrolladas correspondan regímenes democráticos, no sólo circunscritos a lo electoral. Por el contrario, las sociedades desiguales sólo aspiran a democracias delegativas o electorales, mientras no haya cambios radicales en el paradigma de desarrollo.
Hay sin duda hechos fundacionales que cambian el sentido de la historia de las sociedades. Se trata de acuerdos de transición que implican compromisos de todas las fuerzas sociales y políticas para cambiar el modelo institucional. El más claro ejemplo es el de España. Los Pactos de la Moncloa no perseguían sólo transitar a una democracia electoral; implicaban un nuevo diseño institucional para transformar a la sociedad, la economía y la política.
Esta reflexión nos ayuda a entender por qué pese a que en México hemos vivido la alternancia política, la mayoría de los problemas estructurales siguen presentes. Tanto a nivel federal como estatal y municipal, la alternancia de partidos en los gobiernos se ha regularizado. La semana anterior la consultoría Integralia nos recordaba que sólo en nueve entidades no ha habido alternancia estatal: Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Estado de México, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz. Es decir, en otras 23 ha habido alternancias de distinto tipo. Sin embargo, los problemas sociales, económicos o políticos son muy semejantes y recurrentes. Los estados de alternancia no son islas que gozan de cabal salud aunque sus gobernadores vivan en otro mundo ideal.
México requiere transitar a un nuevo modelo de desarrollo que permita una democracia de calidad, en la que los ciudadanos tengan mayores y mejores oportunidades y garantías de vida y los representantes sean eso; rindan cuentas y no se conduzcan al margen de la ley: nada más, pero nada menos.
-Dr. Víctor Alejandro Espinoza Valle, profesor-investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública.
