Mostraré la vinculación estrecha entre los grandes temas que componen el título de este artículo. Parto de la información disponible a nivel global de la región del Suroeste de Norteamérica respecto a la ocurrencia de eventos hidroclimáticos excepcionales conocidos como megasequías, mismas que en esta era se han intensificado debido a procesos de cambio climático antropogénico. Esto se observa notoriamente desde finales de los años noventa en la cuenca hidrológica del río Colorado, que hoy en día registra un almacenamiento combinado de solo 28%. Lo anterior ha derivado en la implementación de acuerdos recientes entre México y Estados Unidos que se refieren a medidas extraordinarias de ajuste a las asignaciones normales del Tratado de Aguas para los ocho estados usuarios de la cuenca, mismas que según la Comisión Internacional de Límites y Aguas, para el caso de México, representarán un recorte en las entregas de agua del orden de 128 millones de metros cúbicos en 2023 y, de continuar la tendencia, podría alcanzar hasta 258 millones de metros cúbicos en 2024, equivalente a dos veces y media el consumo anual de agua en Mexicali. Este escenario pone en riesgo la disponibilidad y calidad de las fuentes de agua superficiales y subterráneas de Baja California.
Las condiciones para todos los municipios del estado, de acuerdo con el Monitor de Sequía en México correspondiente al mes de noviembre, registraban una intensidad de sequía moderada con magnitud clasificada en color naranja, lo cual sugiere una reducción severa de agua y que insta al Organismo de Cuenca de la Península de Baja California-Conagua a comunicar urgentemente a la Seproa, organismos operadores CESPM, CESPTE, CESPT y CESPE, Distrito de Riego 014 y Consejo de Cuenca de Baja California, a emitir recomendaciones de aplicación de medidas preventivas, de mitigación y ahorro de agua. La meta de reducción de la demanda que se exige con carácter obligatorio deberá estar entre 25 y 40%. Para tal fin, se deberá privilegiar el uso doméstico y promover el ahorro en actividades “no esenciales”. En este mismo tenor se debe considerar que, de acuerdo con el boletín hidrometeorológico de la Conagua al mes de noviembre, las presas del estado se encontraban en niveles muy bajos: 1.9% la Emilio López Zamora de Ensenada, 17.21% la Abelardo L. Rodríguez de Tijuana, 37.06% la de El Carrizo en Tecate y 44.25% el represo Las Auras en Tecate.
Es a partir de esta imagen de la crítica realidad hídrica global y regional, de donde parte la reflexión respecto a la gestión del agua que se realiza para el corto, mediano y largo plazo. Resulta pertinente revisar si funcionan las estrategias, líneas de acción y proyectos que los organismos del agua planifican e implementan para efecto de lograr el objetivo primordial de garantizar el derecho humano al agua y saneamiento. De acuerdo con el Programa Hídrico Regional de la región Península de Baja California-Conagua, se consideran 175 proyectos hidráulicos estratégicos que entre Conagua, Gobierno del Estado de Baja California, Comisión Internacional de Límites y Aguas y Banco de Desarrollo de América del Norte alcanzan una inversión total de $18 mil 407.3 millones de pesos a ejercer entre 2021 y 2026, y donde las proporciones de co-inversión son 60% con recursos federal-estatal y 40% de otros organismos internacionales. Las obras van desde la reposición, rehabilitación, ampliación y construcción de sistemas de captación, conducción y tratamiento de aguas residuales; ampliación y construcción de sistemas de agua potable, reposición de pozos, estudios sobre aguas subterráneas y acueducto río Colorado-Tijuana. Desprendiendo de la inversión total la aportación específica del recurso federal-estatal, sobresalen CESPE con $4 mil 531.2, después CESPM $2 mil 871, CESPT $2 mil 439.2, CEA $826.4 y CESPTE $40.5 millones de pesos.
Los proyectos principales para Ensenada son reposición de tramos de los acueductos Morelos de San Antonio de las Minas, La Misión y Maneadero, construcción de nuevo módulo de tratamiento de aguas residuales “El Gallo” de 250 lps, planes para ampliar de 500 a 1,000 lps la planta de tratamiento “El Naranjo”, reposición de pozos profundos en el Arroyo Guadalupe y La Misión, así como el segundo módulo de 250 lps de la desalinizadora Ensenada. Para Mexicali, las obras de entubamiento de los drenes Mexicali e Internacional, construcción de redes de agua potable en diversos poblados del Valle de Mexicali, rehabilitación de las plantas de bombeo 2,4 6 y 8 y emisores de aguas residuales de la zona urbana y la rehabilitación del acueducto San Felipe. En Tijuana, con apoyo adicional del Banco de Desarrollo de América del Norte, la Comisión Internacional de Límites y Aguas y la Agencia de Cooperación Ambiental de Estados Unidos, realizarían la rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales y emisores San Antonio de los Buenos, reuso de efluentes de las plantas La Morita y Arturo Herrera y la ampliación hasta 2,191 lps de la planta internacional de tratamiento de aguas residuales de San Ysidro, California, obra que por sí sola alcanza los $6,000 millones de pesos con recursos aportados por el Programa de Infraestructura Hidráulica Fronteriza. En Tecate sobresalen la ampliación a más del doble de su capacidad la planta potabilizadora “La Nopalera” para alcanzar los 300 lps, estudios geohidrológicos y rehabilitación de plantas de tratamiento en la zona urbana y en la Colonia Hindú. Y finalmente, sin dejar de mencionar la obra intermunicipal de modernización integral del Acueducto Río Colorado-Tijuana bajo la operación de la Comisión Estatal del Agua.
Concluyo con la siguiente pregunta y comentarios que encierran una profunda reflexión colectiva que surge después de revisar los planes de inversión autorizados de estos proyectos enfocados principalmente al aumento de la oferta de agua: ¿cuánto se está invirtiendo en inducir, promover e implementar medidas para la reducción del consumo en todos los sectores de usuarios? Lo más importante hoy en día, bajo el contexto prevaleciente de escasez relativa que restringe los volúmenes de agua disponibles para irrigación, potabilización, tratamiento y aprovechamiento de aguas residuales, es reducir la demanda de agua. La implementación de un mecanismo de incremento tarifario por sí solo no lo puede lograr, menos aún si se determinan límites inferiores de consumo promedio mensual de 15 metros cúbicos en el uso doméstico para iniciar los aumentos, como si ese promedio de consumo fuera igual en todos los municipios del estado. Por otra parte, límites superiores de 10,000 metros cúbicos mensuales para el uso comercial, como si de ese volumen en adelante ya no importara aumentar el precio por metro cúbico consumido. Para reducir significativamente la demanda y establecerla como estrategia principal en una política de gestión inteligente y sustentable del agua, se requiere del concurso de otros mecanismos de regulación estrictos y de apoyos institucionales a sectores vulnerables. De otra manera, no habrá dinero que alcance para garantizar el derecho humano al agua.
Dr. Alfonso Andrés Cortez Lara
El Colegio de la Frontera Norte
