Transiciones: Continuidad y reformas

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Opinión de Víctor Alejandro Espinoza Profesor e investigador de El Colef de El Colegio de la Frontera Norte

miércoles 27 de abril de 2016

Continuidades y reformas
Víctor Alejandro Espinoza

El 2 de diciembre de 2012, apenas iniciado el gobierno de Enrique Peña Nieto, los medios daban a conocer un ambicioso acuerdo firmado por las dirigencias de los tres partidos políticos más importantes: PRI, PAN y PRD. El asombro era evidente, después de una elección muy competida y ríspida, donde el candidato de la alianza que encabezaba el PRD, Andrés Manuel López Obrador, acusaba que había habido fraude electoral; la capacidad de negociar y llegar a acuerdos del nuevo grupo gobernante anunciaba nuevos tiempos.

Y sobre todo si a ello agregamos que la alternancia iniciada en 2000 y que se extendió por dos sexenios, poco había abonado a transitar a una nueva forma de diseñar políticas públicas. Al respecto Tania Hernández señala: “Los doce años de gobiernos panistas se caracterizaron en general por una serie de medidas de política económica que mantuvieron el rumbo del proyecto emprendido años antes, pero con magros resultados” (“Introducción”, p. 15).

El Pacto por México, incluía “95 acuerdos que los tres partidos mencionados se comprometían a impulsar mediante reformas legislativas (…) Para comprender el periodo reformista iniciado en 2012 conviene analizarlo como la última etapa del proceso de reformas iniciadas en la década de los ochenta y continuadas en los noventa” (Citlali Villafranco Robles, “La reforma político electoral de 2013-2014, p. 330). De ese trayecto reformista y continuista trata el libro “El orden del mercado y el desorden de la nación. Reformas estructurales y cambio constitucional en México”, coordinado por Tania Hernández Vicencio, Saúl Escobar Toledo, Carlos San Juan Victoria y Citlali Villafranco Robles y publicado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la Editorial Itaca este 2016.

La intensidad de las “reformas estructurales” lo establece el hecho de que entre diciembre de 2012 y el 11 de agosto de 2014 se aprobaron 11 reformas: energética, en materia de competencia económica, de telecomunicaciones y radiodifusión, hacendaria, financiera, laboral, educativa, juicio de amparo, Código Nacional de Procedimientos Penales, político-electoral, en materia de transparencia (Carlos San Juan Victoria, “Reformar el Estado Nación en la época posnacional”, pp. 28-29).

Hay en el libro una hipótesis sugerente que ayuda a explicar la forma en la que se jerarquizaron y negociaron las reformas; “Pese a que la reforma político-electoral podía haberse propuesto para que los ciudadanos ampliaran sus posibilidades de influir en el carácter de las reformas económicas, lo cierto es que la reforma política fue una pieza de negociación que estuvo subordinada a las reformas económicas. Para el PRI la reforma política fue un factor para pactar y lograr la aprobación de las reformas económicas (…) la reforma política fue una moneda de cambio, a la cual el PRI otorgó su apoyo a cambio de la aprobación, por parte de los otros partidos, de las reformas económicas, particularmente la energética, la cual consideraba más relevante.

En realidad, el intercambio no fue con los otros dos partidos sino específicamente con el PAN, con el cual tenía coincidencias ideológicas al respecto de la conveniencia de la privatización de la industria petrolera” (Citlali Villafranco Robles, Ibidem., pp. 349-350).

El gobierno de Enrique Peña Nieto supo eficientar su “luna de miel” con la sociedad mexicana después del triunfo electoral; se dice que más o menos este periodo se extiende los primeros 8 a 10 meses del inicio de una administración. Las reformas fueron de “gran calado”. Pero también el lanzamiento del Pacto por México y las reformas que prometía, evidentemente fueron resultado de negociaciones previas y demostraron el oficio político del grupo político que arribaba al poder. Es de llamar la atención que uno de los partidos políticos firmantes, el PRD, negociaba con el PRI al mismo tiempo que su candidato presidencial denunciaba fraude electoral.

A la mitad del sexenio, parece evidente que la etapa reformista concluyó. Queda la administración de los cambios y la verdadera valoración de las consecuencias de las reformas estructurales. El gobierno reformista terminó, los saldos empiezan a estar a la vista.