El escándalo ha saltado de nuevo con la difusión de un audio que contiene la conversación telefónica entre la diputada federal perredista Purificación Carpinteyro y el empresario de las telecomunicaciones José Gutiérrez Becerril (ex director de Pymes de Telefónica de México). El tema tiene varias aristas.
En primer lugar, cuando Carpinteyro le dice al empresario: “ya nos sacamos la lotería”; está proponiendo y adelantando un negocio particular en la que ella se asume como protagonista. Se podría alegar incluso que está usando información privilegiada. La diputada tiene una larga trayectoria en el terreno de las telecomunicaciones, materia de discusión en este momento por la inminente aprobación de las leyes secundarias. Para el PRD también es un duro golpe: era una de las expertas para tratar de impulsar reformas que limitaran los monopolios de las comunicaciones. Las dos grandes televisoras y Carlos Slim Helú festejan sin duda el golpe y desplazamiento de la diputada en este momento crucial. Han ganado de nuevo.
Existe una polémica acerca de la ilegalidad de escuchar y dar a conocer conversaciones y comunicaciones privadas. Una amplia mayoría sostiene que es ilegal, pero para algunos otros analistas debería ser una práctica de transparencia; sostiene la investigadora Irma Eréndira Sandoval de la UNAM: “No nos confundamos, las conversaciones que un servidor público sostenga durante horarios de trabajo con otros funcionarios sobre el uso de recursos del estado no son ‘comunicaciones privadas’” (http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/48880.html), y deja abierta la puerta para que se evalúe si las conversaciones privadas las deben realizar fuera de su horario de trabajo. Sin embargo, el caso que nos ocupa va más allá y se inscribe en el llamado conflicto de interés que a muy pocos funcionarios interesa. Sería largo enumerar los casos de “servidores públicos” que han aprovechado información privilegiada o realizaron negocios mientras mantuvieron su cargo. El extremo ha sido litigar contra el mismo Estado cuando se ocupa una curul como senador, que fue el caso de Diego Fernández de Cevallos. Han encontrado los recovecos de la legislación para seguir lucrando y jugando a dos bandas. Es decir pueden ser ilegítimas sus acciones pero no ilegales. De eso se aprovechan.
Hizo bien Purificación Carpinteyro en excusarse de participar en las discusiones sobre las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones. Pero el daño a su carrera está hecho. Cayó en las mismas conductas de otros funcionarios que criticamos: tratar de lucrar siendo funcionaria: deberían ser pistas distintas. Una vez que dejara el cargo estaría en condiciones de convertirse en empresaria: antes no. Para el PRD es un golpe muy fuerte: un autogol para estar a tono con el mundial de futbol.
Pero así como la diputada perredista se excusó, lo mismo deberían hacer los miembros del numeroso grupo de legisladores conocidos como la telebancada, llamados así por sus vínculos con los dos monopolios televisivos. Existe evidentemente un claro conflicto de interés, pues ellos representan directamente a los consorcios antes que al país o a los electores. Repito, en México esto no es ilegal, pero no es legítimo.
Lo cierto es que en gran medida la impunidad genera este doble juego de intereses. No pasa nada; debería haber sanciones, de distinto tipo, cuando se cae en situaciones de ilegalidad o, como en el caso que nos ocupa, de ilegitimidad: los funcionarios deberían excusarse de participar en negocios o en decisiones que involucran intereses de parientes, amigos o representan a organismos privados; es decir, cuando la naturaleza de su empleo siembra una duda de legitimidad. Estamos muy lejos de que nuestra clase política se autocorrija o actúe con base en valores democráticos reconocidos y aceptados en toda democracia avanzada: respeto, honestidad, transparencia, compromiso cívico o tolerancia. Sin olvidar la intransigencia frente a la corrupción.
Invitación
Este próximo martes 8 de julio a las 17 horas en la Casa de la Cultura Jurídica de Tijuana se llevará a cabo la presentación de mi trabajo Democracia y participación política a distancia. El voto de los mexicanos en el extranjero, publicado por el TEPJF. Me acompañarán con sus comentarios Rodrigo Martínez Sandoval (Presidente Causa Ciudadana de Baja California AC) y Miguel Ángel Uribe Torres (Académico de la Facultad de Derecho, UABC).
