En el número de febrero de la revista Nexos, Luis Carlos Ugalde publicó un artículo interesante y sugerente incluso desde el título: “¿Por qué más democracia significa más corrupción?”. La hipótesis central establece que “Los sobornos, cohechos y comisiones para la asignación de contratos de obra pública han aumentado en los últimos años. El problema no ha mejorado con la alternancia política en los gobiernos, lo cual desmiente la idea de que el cambio de partido en el poder tiende a resolver la corrupción. En ocasiones la alternancia agrava las cosas”; y explica: “La corrupción durante el siglo XX era resultado de la concentración del poder en la presidencia y de la falta de contrapesos al Ejecutivo. La corrupción del siglo XXI es, en cambio, resultado de las dispersión del poder y de la apertura de muchas ventanillas para hacer negocios. Si antes había que tocar la puerta de Los Pinos, ahora hay muchas otras ventanillas jugosas en los poderes legislativos, en los gobiernos estatales y en los ayuntamientos”.
La corrupción es uno de los problemas que más indigna a los mexicanos y que ha venido influyendo directamente en el ánimo electoral. La desilusión democrática se basa en las altas expectativas que traía aparejada la transición en la resolución de éste y otros problemas que nos agobian. Sin embargo, doce años después de la alternancia en el gobierno federal, ni los índices de corrupción ni la percepción ciudadana se habían reducido; por el contrario la opacidad, la nula rendición de cuentas, y, sobre todo, la fluidez de la información vía redes sociales, que puso al desnudo las prácticas de corrupción en todos los ámbitos gubernamentales, exhibiendo además la impunidad, ha llevado al pesimismo y al desánimo. Sin duda, la brecha que ha crecido entre gobernantes y ciudadanos, se explica en mucho por la circulación de mayor información horizontal.
La semana pasada y a más de dos años del inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto (quien había prometido en campaña la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, y que se incluyó en el Pacto por México), el Congreso (primero la Cámara de Diputados el 26 de febrero y posteriormente, el miércoles 22 de abril, el Senado) aprobaron la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Dada la gravedad del problema, las expectativas eran mayores respecto a lo que se aprobó; sin embargo y dada la dificultad de la negociación entre las fuerzas políticas, se trata de un paso, importante, pero un paso al fin y al cabo para combatir este gravísimo problema estructural.
En otra ocasión me detendré en el análisis del grueso de los contenidos de la reforma; hoy solo me refiero a dos de ellos que me parecen significativos: “Los delitos de corrupción prescribirán a los 7 años” y “Los titulares de los órganos internos de control (OIC) ya no serán nombrados por el titular de la dependencia, sino por la Cámara de Diputados”, y se les asignan nuevas facultades. Respecto al primero, se amplían los plazos de prescripción de 3 a 7 años, aunque se solicitaba que fueran 15. Muchos funcionarios tiemblan pues si los delitos se cometían al inicio de su sexenio o trienio, las posibilidades de ser juzgados eran mínimas; con la reforma habrá oportunidad para que más exfuncionarios paguen por sus corruptelas. Respecto a los órganos internos de control, éstos se habían convertido en “tapaderas” de los titulares de las dependencias pues a ellos les debían su nombramiento. No se conoce si durante los últimos años procedió alguna queja o denuncia contra algún funcionario federal, por ejemplo. Su trabajo consistía en evitar que su “jefe” fuera molestado a pesar de las evidencias de actos de corrupción. Esto condujo al cinismo en la función pública: había evidencias fehacientes de corruptelas pero no tenía ningún sentido denunciarlas. Con la reforma, y al responsabilizar al Congreso federal del nombramiento de los OIC, habrá incentivos para la denuncia de funcionarios o ex funcionarios corruptos. Desde luego que no es la respuesta global al problema de la corrupción pública, pero puede ser un paso en esa dirección. Ya veremos cómo se instrumentan estas medidas también en los ámbitos estatal y municipal.
-Dr. Víctor Alejandro Espinoza Valle, profesor-investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública.
