En los últimos días hemos tenido noticias de las mayores manifestaciones en la historia de Baja California. El antecedente más cercano, que es mucho decir, es de los años setenta y ochenta cuando había un fuerte movimiento sindical independiente no sólo en la Universidad Autónoma de Baja California, sino también en diversas empresas; era otro el contexto, empezando porque el control de los medios de comunicación era total. Luego en 2012 hubo algunas movilizaciones derivadas del movimiento de estudiantes YoSoy132, pero sostenían reivindicaciones generales que tenían que ver con la democratización de los espacios y sobre todo con una crítica frontal al control ideológico ejercido por los monopolios televisivos.
Tuvieron que pasar décadas para que viéramos una movilización de tal magnitud; la del domingo 15 de enero es la mayor de la historia sin duda. Nunca, además, habían tenido lugar marchas sincronizadas en los cinco municipios. Desde luego que las redes sociales han jugado un papel fundamental: su capacidad de convocatoria horizontal no tiene parangón. Esa es la cualidad de las redes, antes que informar, enlazan a los usuarios en segundos y permitir la conectividad para una causa. Eso lo vimos con toda claridad en la famosa Primavera Árabe en Túnez y Egipto entre 2010 y 2013.
Pero no se hubieran registrado dichas manifestaciones sin hacer referencia al escenario en el que se inscriben: la constante brecha que se abre entre clase política y la ciudadanía. El descrédito hace presa de gobiernos y partidos políticos en general. Una sociedad donde los medios de comunicación han tenido por objetivo desinformar y que convirtieron la palabra Política en una mala palabra, hoy cobra factura. Para el ciudadano promedio toda actividad política formal es sinónimo de corrupción: nadie parece salvarse; se trata de un juicio sumario contra toda la clase política. Una muy mala noticia para la democracia.
En una sociedad como la bajacaliforniana en la que no ha habido una tradición de movilización, salvo en momentos excepcionales, y donde la participación tradicional, o electoral ha ido decreciendo, no deja de llamar la atención el fenómeno que nos ocupa. Es tanto el hartazgo social y la acumulación de agravios, que la suma de las inconformidades individuales a través de las redes sociales ha generado dicha explosión. Se habla de más 80 mil ciudadanos protestando en un solo día.
El gran éxito del movimiento es sin duda la focalización de las demandas: contra la Ley Estatal de Aguas (conocida como Ley del Agua) y el llamado gasolinazo. Se trata de una doble reivindicación contra una ley estatal y una medida federal. Esa es la paradoja profunda: los reclamos son a dos gobiernos de signo político distinto: PAN y PRI. Los gobiernos y la clase política en general deben ser capaces de leer el momento actual. No hacer nada y juzgar como manipulados a los ciudadanos movilizados atizaría más la lumbre. La tentación de reprimir o provocar actos violentos está presente pero sería la peor de las salidas posibles.
El gobierno estatal la tiene más fácil: dar marcha atrás a una ley que no fue bien recibida y que no se supo negociar en el Congreso; fue aprobada por 15 votos: 13 de los diputados del PAN, 1 del PRD y 1 más de MC; en contra 10, del PRI, PES, MORENA, PT y PEBC. Para el gobierno federal es más complicado cancelar el gasolinazo: tendría que ser una decisión para todo el país; otorgar la derogación del aumento para Baja California sería echarle más fuego a la pradera nacional.
Todo movimiento social tiene límites en el tiempo y en sus reivindicaciones. Saber negociar es una virtud de la dirigencia, apostar al todo o nada es suicida. Pretender que el objetivo son las renuncias de Enrique Peña Nieto o Francisco Kiko Vega, conduce a un callejón sin salida. El movimiento va en ascenso y cuando tiene fuerza es la hora de la negociación que no significa claudicación. Pero ¿quién asumirá el liderazgo? ¿Serán sensibles los gobiernos? Por el bien de todos, esperamos que lo sean.
