Trámites mortuorios

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Opinión de Arturo Zárate Ruiz Investigador de El Colegio de la Frontera Norte

jueves 28 de enero de 2021

Sepultar a los muertos, o incinerarlos, u ofrecérselos recién fallecidos a los zopilotes o a los ríos para renovar la vida, o, con un molino de carne, reducirlos a soylentverde para calmar, dicen, el hambre de la sobrepoblación del planeta, o, si es una suegra, convertirla en un anillo de diamante para que la nuera la pasee y le demuestre así a las chicas cuánto la quería, todo esto pudiera generar una discusión escatológica interesante.

Pero desde la perspectiva de salud pública, los muertos a los tres días apestan.  Y debemos disponer pronto de ellos.  Lo que se dificulta con los trámites.

Empiezan antes de morir.  Perdónenme que lo diga, pero no todos los trabajadores de la salud son héroes.  Mi hermano Roberto llamaba a algunos colegas suyos “matarranchos”.  Les cae, decía, un enfermo de cáncer y le prometen a la familia sanarlo con una cirugía de 500 mil pesos.  La hacen en un santiamén y le muestran a la familia un tumor de estómago, ¡oh!, más grande que un balón de fut.  Pero el cáncer lo sufría el paciente desde la coronilla hasta el dedo gordo del pie.  Fallece a los dos días de cualquier manera. El carroñero le compra carro nuevo a su otra media naranja. Y los deudos vendieron el rancho, y no tienen ya dinero ni para un cirio de velorio.  No sé si eran también carroñeros, pero cuando Roberto enfermó de Covid aparecieron a última hora propuestas de algunos médicos de hospitales privados.  Lo recibirían de pagar sólo por el ingreso 200 mil pesos y otros tantos por cada día de hospitalización.  Era imposible para entonces el simple traslado de un hospital a otro, y los facultativos debieron saberlo. 

Ya muerta la persona uno esperaría que, habiendo ella previsto los gastos funerarios, éstos procederían.  Hace años murió papá y, se suponía, todo estaba listo. Con todo, en el cementerio, donde había comprado ya una fosa, nos dijeron que haberla comprado no bastaba.  Para habilitarla nos pedían 70 mil pesos, y otros tantos para el ataúd y el servicio funerario.  Tíldenos de tacaños, pero mejor hicimos cenizas a papá.  Nos costó 16 mil pesos el nicho, y no más la incineración y la urna.   Lo habría él aprobado.

Ahora bien, los muertos no lo están hasta que así lo diga una autoridad.  Aunque ya esté engusanada la persona, se requiere primero que un médico la declare extinta.  Si hay dudas sobre la causa de muerte, debe intervenir el ministerio público e investigarla.  Hay, por supuesto, que probar que el muerto es tal persona y proveer a la autoridad varios documentos de identidad, aun los de no pocos parientes suyos. Las distintas actas de nacimiento y matrimonio (si lo hubo) deben ser nuevas, de la localidad del muerto y con rúbrica del  oficial del registro civil actual.  Es entonces, en el caso de Tamaulipas, que puede uno recurrir a servicios funerarios.  Éstos lamentablemente, con el COVID, se reducen al mínimo.  En otros estados el juez del registro civil debe expedir además el acta de defunción para dicho propósito.  Esa acta debe conseguirse, con firmas y más firmas, y datos añadidos, de cualquier manera en Tamaulipas para otros trámites, por ejemplo, acceder a las pensiones, herencias, seguros del finado, entre otros.

La tarea puede complicarse aun más.  Si los papeles del finado tienen una contradicción, por ejemplo, en la credencial del INE dice “María” y en el acta de nacimiento “Ma.”  —ha sido el caso de mi recién fallecida suegra—, encomiéndese usted a Dios porque el trámite será largo aun para proceder a sepultarlo o incinerarlo, no se diga para declararlo finalmente muerto y cobrar una pensión, es más, un seguro con qué pagar las deudas del hospital.  ¡Ay, si le toca a usted ahora que hay confinamientos por el Covid!  Mi cuñada tardó más de un mes en conseguir el acta de defunción de mi hermano Alfredo porque el registro civil estaba cerrado: las actividades de esta oficina no eran entonces “esenciales”.

A mi suegra le sobrevivió una amiga que tiene casi 90 años.  Ahora la cuidamos a ella porque está ya muy discapacitada.  Nos preocupa que, si se nos adelanta, cuando le toque morir se nos dificulte mucho el adiós.  No sabemos dónde guarda sus carnés y demás actas. Es más, no sabemos con exactitud su nombre. Tal vez, al final, nos digan que la autoridad no puede declararla muerta.  Sin documentos de identidad, no hay cadáver y nuestra amiga ni existe ni existió.

Dr. Arturo Zárate Ruiz

El Colegio de la Frontera Norte

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