Con una inversión anunciada de 3 mil 295 mdp, el gobierno federal se dispone a renovar la desgastada relación con su diáspora mexicana. Dada la concentración histórica de connacionales en Estados Unidos, mucho de este esfuerzo y presupuesto irá a la red consular establecida en dicho país. Si bien la intención del gobierno de estrechar lazos con nuestros ‘paisanos’ no es nueva, llama la atención que por primera vez un canciller se refiera enfáticamente a los casi 6 millones de mexicanos que viven allá bajo un estatus migratorio irregular como un grupo de atención prioritario.
Además de anunciar en su tradicional conferencia matutina los millones que se destinarán a la atención y protección de los mexicanos en el extranjero, AMLO y Ebrad dieron a conocer las siguientes diez acciones en las que se usará ese dinero: 1) los consulados se convertirán en procuradurías, 2) la red de abogados se ampliará, 3) el personal de los consulados se capacitará para atender a grupos vulnerables, 4) se promoverán las identidades culturales, 5) se ampliarán los programas de educación, salud y deporte, 6) se ofrecerán nuevos mecanismos financieros para migrantes, 7) se crearán más consulados móviles, 8) se contribuirá al empoderamiento de la comunidad mexicana y mexico-americana, 9) la normatividad de la SRE se modernizará con contenidos más incluyentes y, 10) los mexicanos en el extranjero serán consultados periódicamente.
Particularmente, la creación de más consulados móviles es una estrategia muy útil para llegar a poblaciones tradicionalmente alejadas y “escondidas”, representadas principalmente por mexicanos sin documentos migratorios válidos en EE.UU. Este subgrupo de mexicanos enfrenta situaciones de mayor vulnerabilidad frente a los que cuentan con permiso de residencia o doble nacionalidad. Aunque esto pueda parecer obvio, la política de vinculación impulsada por gobiernos anteriores terminó beneficiando en mayor medida, voluntariamente o no, al segmento de connacionales más integrado a la sociedad estadounidense y, en menor medida a los que temen salir de sus casas, acudir a un hospital o simplemente caminar en la vía pública por el riesgo a ser detenidos y, eventualmente, deportados. En esto consiste parte del reto de la política hacia emigrantes del Estado mexicano: en visualizar y atender el abanico de perfiles socioeconómicos y migratorios, así como las necesidades diferenciadas.
Cabe señalar que las acciones consulares anunciadas por AMLO no empezarán de cero. Desde 1990 la función convencional de los consulados mexicanos dejó de limitarse a la simple expedición de documentos migratorios. Su actividad diplomática se amplió a la promoción de servicios sociales para mejorar las condiciones de vida de los connacionales en el exterior e, incluso se buscó con ello facilitar su integración en la sociedad receptora. Primero con el Programa para las Comunidades Mexicanas en el Exterior y, más tarde con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior en 2003. Por lo tanto, hay un camino ya recorrido en esta política de protección social hacia emigrantes, aunque los resultados han sido limitados.
Algunos de los factores que explican la tibieza de los resultados han sido presupuestos insuficientes, la falta de recurso humano y la desconfianza de los mexicanos en sus instituciones nacionales, incluidos los consulados. Al menos los dos primeros factores parecerán abordarse durante este sexenio con el incremento presupuestal, y la contratación de 2 mil 860 personas a finales de 2019, según Marcelo Ebrad.
Habrá que ver si el ánimo de estrechar lazos y dialogar va en ambos sentidos a partir de la reacción de la diáspora mexicana. Los resultados obtenidos de los foros consultivos se están desarrollando actualmente en 13 ciudades estadounidenses nos darán una primera idea.
Dra. Yetzi Rosales
El Colegio de la Frontera Norte